Para evitar casos como el de CEMA Chile

Precisamente, el argumento de los legisladores impulsores es que con esta normativa “se evitarán situaciones como las ocurridas con CEMA Chile, que se ha dedicado a vender o traspasar los bienes que el Estado les dio en dictadura”.

16 Enero 2017   2   Editorial   Gustavo Alvarado

La situación de los inmuebles pertenecientes a CEMA Chile volverá a estar en la palestra en los próximos días, luego que quedara listo para ser votado en la Sala de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que obliga a las instituciones que recibieron del Estado un bien inmueble a título gratuito, a devolverlo cuando dicha organización sea disuelta.

Precisamente, el argumento de los legisladores impulsores es que con esta normativa “se evitarán situaciones como las ocurridas con CEMA Chile, que se ha dedicado a vender o traspasar los bienes que el Estado les dio en dictadura”.

El proyecto fue aprobado unánimemente por la Comisión de Constitución y ahora deberá ser votado en la Sala de la Cámara, para que pase al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional. Junto con ello, se logró aprobar, además, una indicación que establece que también deberá devolverse el inmueble entregado por el Estado a una institución, cuando el bien es destinado a un fin distinto para el cual fue transferido.

Esta iniciativa legal fue presentada por los diputados de la Democracia Cristiana (DC) Marcelo Chávez, Yasna Provoste, Aldo Cornejo, Roberto León, Fuad Chahin y Ricardo Rincón, naciendo tras conocerse la situación de CEMA Chile, institución que durante la dictadura recibió de manera gratuita por parte del Estado, gran cantidad de inmuebles para su funcionamiento. Sin embargo, una modificación de sus estatutos establece que en caso de que ella se disuelva, dichas propiedades pasarán a ser parte de la institución que ellos decidan, es decir, sin necesidad de que sean devueltas al fisco.

Cabe recordar que en el caso de la Región del Maule, un trabajo realizado por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales determinó que existen 15 terrenos, repartidos en ocho comunas, en manos de la institución, generando un patrimonio de más de 761 millones de pesos.

De esta cantidad, 13 fueron decretados bajo embargo preventivo por el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra, en el marco de la investigación conocida como “Caso Riggs”.

Se trata de sitios, preferentemente emplazados en zonas aledañas, que perfectamente podrían estar siendo usados por instituciones que prestan algún tipo de labor social en dichos territorios. De ahí la valoración al proyecto de ley impulsado por un grupo de diputados DC.