Participación civil local en uso de fondos regionales

El desafío primario y elemental es lograr establecer el nivel de participación que por ley tiene la ciudadanía garantizada.

02 Octubre 2016   7   Editorial   Gustavo Alvarado

En el transcurso de la semana que está finalizando, en la Cámara de Diputados se aprobaron dos resoluciones donde los legisladores piden al Gobierno el envío de proyectos que modifiquen la Ley sobre Gobierno y Administración Regional, de modo de garantizar, por ejemplo, la intervención de los Consejos de la Sociedad Civil (Cosoc) a la hora de definir la utilización de fondos regionales.

Una de esas resoluciones busca que se modifique la ley para que sea obligatoria la participación de los Cosoc al momento de definir las políticas de distribución de los recursos que comprende el Fondo Regional de Iniciativa Local, que son netamente de destino hacia los municipios y que en la actualidad son decididos en los respectivos Consejos Regionales.

Es decir, junto con considerar los informes con las variables correspondientes, se incluyan otras que sean consideradas por el intendente y el Cosoc como relevantes al momento de elaborar la propuesta, atendiendo a la realidad cambiante y dinámica de sus comunas.

El argumento de los diputados es que hoy no se contempla la instancia de consulta a los Cosoc de cada una de las comunas, los que se supone son por ley los representantes de los intereses de la comunidad al interior de cada una de las comunas.

La pregunta que es válida hacer es cuántas comunas tienen conformados sus Cosoc. Un estudio de la Fundación Multitudes, al respecto, señala que el número es bajo. De los 345 municipios, 221 los tenían conformados. El desafío primario y elemental es lograr establecer el nivel de participación que por ley tiene la ciudadanía garantizada.

En paralelo, la segunda resolución tomada en la Cámara Baja busca establecer la participación obligatoria de las comunas en la priorización de los proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Más específicamente, la propuesta legal que plantean los legisladores al Ejecutivo es que sea obligatorio que, al menos el 30% de la totalidad del Fondo asignado a cada comuna, sea priorizado en sus alcances por el municipio respectivo, mediante procesos de participación ciudadana, los cuales deberán ser certificados por el Gobierno Regional.

Según plantean los parlamentarios, la idea es que se permita distribuir mejor la función resolutiva que actualmente se encuentra radicada en el intendente.