Plebiscito y reforma constitucional

Porque no es posible ir al supermercado, estirar el brazo y comprar equidad, justicia, igualdad y jubilaciones dignas.

04 Noviembre a las 09:00   70   Editorial   Gustavo Alvarado

Gran relevancia tiene el paso que dieron recientemente tanto la Cámara de Diputados como el Senado, en cuanto a conformar una mesa de trabajo conjunta para llevar adelante un proceso constituyente, cuyo objetivo –en caso que confluyan las mayorías necesarias- es diseñar y elaborar una nueva Carta Fundamental.


Todo esto, en el contexto de las movilizaciones sociales que, en las últimas dos semanas, han remecido a la sociedad chilena. El tema de fondo es que, más allá de cambios específicos o nuevas leyes, las demandas apuntan a cuestionar el actual rol que tiene el Estado en áreas claves para la vida de las personas y sus familias.


En la antigua democracia, esto es, antes del golpe militar de 1973 y la posterior promulgación de la Constitución de 1980, el Estado tuvo un rol mucho más activo en el desarrollo e impulso al crecimiento. Así fue como se forjó la idea de que “gobernar es educar” y, luego, se dio paso al modelo de sustitución de importaciones.


Esta política desarrollista tuvo a la nacionalización del cobre y a la reforma agraria como sus principales expresiones. Pero, tras el quiebre institucional y la implementación de un modelo económico neoliberal, el Estado adquirió un rol subsidiario que, en la práctica, se tradujo en una política de privatización de empresas públicas.


Dicho modelo tuvo al sistema de capitalización individual como uno de sus pilares, pasando de una fase industrializadora a un perfil financiero y extractivo de la economía chileno, sustentado en las ventajas comparativas con otros países. De allí el impulso a las exportaciones de productos como el cobreo, la madera o la fruta.


Pero hoy todo es distinto, más aún, en el contexto de la llamada revolución del conocimiento, donde la información, la interconexión y las bases de datos, son los nuevos productos estrella que se compran y venden en un mercado digitalizado. Ocurre que, claramente, esos insumos no se cultivan, tampoco se riegan o cosechan.
A todo ello hay que sumar el contexto de una sociedad de derechos, donde las personas deben tener garantizado un conjunto de bienes públicos, ineludibles para el desarrollo en la sociedad contemporánea. Ya no es la luz o el alcantarillado; ahora es la educación, los derechos humanos, la diversidad y la vida en comunidad.


¿El actual marco jurídico e institucional está a la altura de estos desafíos? La democracia enseña que, demandas como los que ha manifestado la ciudadanía en estos días, se resuelven con más democracia. Porque no es posible ir al supermercado, estirar el brazo y comprar equidad, justicia, igualdad y jubilaciones dignas.


Y, más aún, pensando en el severo desprestigio público de las instituciones, es difícil ver como una amenaza que la ciudadanía se pronuncie sobre temas esenciales para llevar adelante los cambios que millones han pedido en las calles. Pero los temas deben surgir de la gente, como ha ocurrido con los cabildos y diálogos ciudadanos.


¿Qué saldrá de este proceso? La opinión pública espera, sin lugar a dudas, que el resultado sea más válido que un modelo económico e institucional anclado en tiempos pasados. Las nuevas generaciones pedirán cuentas y, por ello, se deben agotar los esfuerzos para que ellos reciban un mejor país, con más democracia y seguridad social.