Polémica candidatura presidencial

Lula ha denunciado que su prisión es “inconstitucional”

18 Agosto 2018   5   Editorial   Gustavo Alvarado

Una extraña situación se registra en el convulsionado Brasil, país que vive una profunda crisis política, económica y social que se arrastra por años y que ahora enfrenta unas reñidas elecciones presidenciales, donde el favorito de las encuestas es el ex presidente Luis Luiz Inácio Lula da Silva.
El ex mandatario se encuentra en prisión por corrupción. Sin embargo, ello no ha sido obstáculo para que el Partido de los Trabajadores (PT) haya planteado un nuevo desafío a la Justicia al inscribir la candidatura de Lula para los comicios del 7 de octubre próximo, a pesar de que su condición de presidiario con condena en segunda instancia le impediría postularse a cualquier cargo electivo.
Esa norma figura en una ley sancionada por el propio Lula en 2010, conocida como “Ficha Limpia”, promovida por organizaciones ciudadanas y cuya constitucionalidad fue ratificada en 2012 por el Tribunal Supremo.
Sin embargo, como suele suceder con muchas leyes, el texto deja alguna brecha para la interpretación, a la que pretenden aferrarse los abogados de Lula para defender ahora su condición de candidato preso.
Esa ley establece que no puede ser candidata aquella persona que haya sido condenada mediante una decisión “transitada en juzgado”, que en la jerga jurídica brasileña supone una sentencia firme, “o por algún tribunal colegiado”, como son los de segunda instancia.
En el caso de Lula, se cumple la segunda de esas condiciones pero no la primera, pues en el proceso por el que ha sido castigado con doce años de cárcel todavía le restan apelaciones en el Superior Tribunal de Justicia y, según su resultado, ante la Corte Suprema.
Hasta ahora, por esos recursos pendientes, Lula ha denunciado que su prisión es “inconstitucional”, pues el Código Penal dice que una persona no puede ir a la cárcel hasta que no concluya por completo el proceso de apelaciones.
Pero, esa norma fue modificada en 2016 por el Supremo que consideró que una pena “puede” ser ejecutada tras una sentencia en segunda instancia, pues en las apelaciones restantes ya no se juzga la “materialidad” del delito, sino apenas cuestiones técnicas del proceso que no se refieren a la culpabilidad del imputado.
Como se advierte, esta candidatura abre ahora un nuevo frente jurídico, pero en el Tribunal Superior Electoral, que deberá decidir sobre el caso en función de la ley de “Ficha Limpia”.
Llama la atención la contumacia para llevar adelante una candidatura impresentable en cualquier escenario democrático, donde los delitos de corrupción son castigados con severidad, como ocurrió en el propio Brasil con el ex presidente Collor de Melo, con la diferencia que era de otro color político.