Política de vivienda social

Es gratificante observar el interés de este gremio por valorar y actuar en este ámbito de las necesidades sociales, sin dejar de ser un sector privado que vela por sus legítimos intereses económicos

10 Diciembre 2017   6   Editorial   Gustavo Alvarado

Después de analizar los resultados del “Balance de Vivienda Social y Entorno Urbano 2017”, estudio que se realiza cada dos años con datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) elaboró un decálogo con sus propuestas para acelerar la reducción del déficit habitacional y, a la vez, mejorar la calidad del entorno urbano de las familias maulinas.
Propuestas que son el reflejo, señalan en la entidad, de la importancia de la vivienda como aspiración de las familias chilenas y también de una creciente preocupación por la calidad del entorno urbano.
Así las cosas, se requeriría de más de 32 mil nuevas viviendas en el Maule para resolver el déficit habitacional que, argumentan en la CChC, afecta a los segmentos más vulnerables de la población, específicamente aquellos correspondientes a los primeros seis deciles, segmento objetivo de las políticas sociales.
Es gratificante observar el interés de este gremio por valorar y actuar en este ámbito de las necesidades sociales, sin dejar de ser un sector privado que vela por sus legítimos intereses económicos. Porque no debiera entenderse de otro modo el desarrollo del país, sino como un esfuerzo conjunto de los diferentes actores que dan vida a una sociedad democrática, con sus particularidades y contextos.
Especial relevancia, más allá de la vivienda social, adquiere la actualización de la necesidad de una sociedad más inclusiva, “promoviendo la integración urbana mediante el mejoramiento de la conectividad y el acceso a bienes y servicios”.
Una mirada que debe ser tomada en cuenta por las autoridades y también por otras áreas del desarrollo productivo, con el fin de aunar esfuerzos y sinergias a favor de satisfacer las siempre exigentes necesidades sociales, más aún en un país que aspira al pleno progreso.
La CChC propone, por ejemplo, perfeccionar los instrumentos utilizados para asignar subsidios y mejorar la focalización del gasto social en viviendas. También permitir que familias que ya han obtenido una vivienda subsidiada puedan acceder a un nuevo “subsidio de movilidad”. Y definir estándares urbanos mínimos que deban cumplir todas las comunas del país, independiente de las condiciones socioeconómicas de sus habitantes.
Propuestas que merecen una segunda lectura, una discusión que permita gestionar una eficaz política de vivienda social.