Preocupan casos de menores detenidos e inocentes

Por quinto año consecutivo, el número de menores imputados en la región disminuyó, acorde a una tendencia nacional

21 Abril   68   Editorial   Gustavo Alvarado

Una importante advertencia a los actores del sistema penal en el Maule efectuó recientemente el Defensor Regional, José Luis Craig, al revelar –durante la cuenta pública de gestión 2018- que existen numerosos casos de menores de edad que son detenidos, formalizados, quedan internados y terminan por sumarse a la lista de “imputados inocentes”.
Según datos de dicha institución, de un total de mil 142 adolescentes atendidos en 2018 por la Defensoría Penal Pública en el Maule, a 62 de ellos se les aplicó la medida cautelar de internación provisoria por parte de un Juzgado de Garantía, luego de ser formalizados por la fiscalía y mientras se resolvía la investigación penal.
Lo que llama la atención es que, de ese total, 43 de estos imputados adolescentes terminaron sus causas dentro del mismo año, y en 28 de estos casos, es decir, en el 65%, finalmente no fueron condenados o su sanción fue una cuyo cumplimiento permite hacerse en libertad, a través de las actuales normas de penas sustitutivas.
A ello se agrega que, por quinto año consecutivo, el número de menores imputados en la región disminuyó, acorde a una tendencia nacional. Así el Defensor Regional puso énfasis en que las sanciones en materia de adolescentes deben propender a recuperar al sujeto para la sociedad, con planes efectivos y eficientes.
Y si ello no ocurre, la autoridad propuso orientar las acciones de reinserción social hacia la ejecución de las sanciones, para lo cual, subrayó que se hace necesaria la creación de los Tribunales de Ejecución Especializados, una figura que no existe en el actual sistema penal, donde esa fase se supervisada por el Juzgado de Garantía.
Estos datos oficiales no deben pasar desapercibidos para la opinión pública, en especial, cuando el Gobierno está impulsando –con toda su capacidad mediática e influencia en los medios de comunicación- la ampliación de las facultades policiales, en específico, para realizar controles de identidad a adolescentes de 14 años en adelante.
Todo ello, eso sí, sin tocar ni una coma de la actual ley de responsabilidad penal adolescente, así como tampoco el Código Penal, en cuanto a crear alguna norma que sancione con mayor severidad a los adultos que delinquen con menores de edad, por cuanto los utilizan para perpetrar robos atendida que reciben penas de menor envergadura.
Ocurre que la evidencia señala que, respecto a los adolescentes infractores de ley, no solo su número está descendiendo en las estadísticas del sistema penal, sino que entre aquellos que imputados y esperan juicio detenidos, existe un grupo importante que termina absuelto o recibe condenas que pueden cumplir en libertad.
Si se quiere afrontar este fenómeno, es necesario hacer cambios a la actual ley penal adolescente y, además, fiscalizar el adecuado cumplimiento de medidas cautelares o penas sustitutivas, para evitar la contaminación criminógena de adolescentes que son detenidos por primera vez. Ese es el tema de fondo que el discurso político no quiere o no le interesa reconocer.