Presunta colusión en diálisis

Los pacientes que deben dializarse de forma permanente requieren de este tratamiento para mantenerse con vida, por lo que resultaría altamente censurable la existencia de una práctica de esta naturaleza en estos centros.

12 Julio 2017   9   Editorial   Gustavo Alvarado

Recientemente el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) presentó ante la Fiscalía Nacional Económica para interponer una denuncia para que se investigue y sancione eventualmente a quienes resulten responsables de supuestas prácticas de colusión de 53 Centros de Diálisis, que representan el 62% del total de la oferta para pacientes de esa institución con Insuficiencia renal crónica terminal.

Esto, luego de que estos centros privados impugnaran ante el Tribunal de Compras la licitación en curso que lidera Fonasa, con la finalidad de presionar para que el Seguro establezca condiciones contractuales ajustadas a la medida de los demandantes.

La Insuficiencia Renal Crónica Terminal fue incluida como uno de los primeros problemas de salud en el régimen de Garantías Explícitas, AUGE-GES, a partir del año 2005. Por esta razón, el AUGE garantiza el tratamiento de diálisis para todos los pacientes que lo requieran en todo Chile, procedimiento sin el cual los pacientes están condenados a fallecer. El total de gasto proyectado que el Seguro Público pagará por atenciones de diálisis en el sector público y privado para 2017, alcanza los 172 mil 490 millones de pesos. De ellos, más de 147 mil millones son pagados a centros privados de Diálisis. Otros 25 mil millones son pagados al sector público.

En la actualidad Fonasa registra 20 mil 357 pacientes en diálisis en todo el país. De ellos, 17 mil 800, es decir el 87% de los usuarios se tratan en centros privados.

El tema causó gran impacto, puesto que los pacientes que deben dializarse de forma permanente requieren de este tratamiento para mantenerse con vida, por lo que resultaría altamente censurable la existencia de una práctica de esta naturaleza en estos centros.

Ante esta situación, la Directora de Fonasa, Jeanette Vega, se mostró preocupada por el eventual perjuicio que este tipo de maniobras puede causarle a usuarios con insuficiencia renal crónica terminal. “Esta administración no aceptará una impugnación que tiene la finalidad de favorecer económicamente a estos centros a expensas de la salud de nuestros pacientes. La legalidad de las bases no es negociable ya que nuestro rol es asegurar que los afiliados tengan acceso a salud de calidad y esto los afecta, porque los Centros, aprovechando una posición de negociación dominante, no quieren asumir la responsabilidad por las complicaciones que puedan presentar los pacientes durante su tratamiento”.

Agregó que tampoco aceptan que frente al reclamo de un paciente ante Fonasa, “el Seguro Público los pueda fiscalizar y aplicar las multas que correspondan”.

Esta no es la primera oportunidad en que ocurre una situación similar. A la fecha se han efectuado dos licitaciones en 2008 y 2012 y la correspondiente a 2017. En ambos casos anteriores, algunos centros de diálisis interpusieron impugnaciones ante el Tribunal de Contratación Pública, con el objeto de suspender el proceso licitatorio presionando para obtener acuerdos extra judiciales, que eliminaran o incorporaran cláusulas de la licitación en su directo beneficio, a expensas de la calidad de los servicios a los pacientes.

Para la licitación en curso, 53 Centros de Diálisis nuevamente estarían utilizando esta estrategia, lo que queda demostrado en una carta enviada a Fonasa  y a Chilecompra donde piden “discutir directamente la posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio que permita proseguir la licitación de un modo satisfactorio para las partes en litigio”.

Es de esperar que los organismos permitentes investiguen a fondo esta situación, puesto que está en juego la vida de miles de personas.