Principio de inocencia

Aunque se trata de un caso específico, el pronunciamiento del máximo tribunal chileno pone énfasis en la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos, por sobre cualquier registro administrativo.

18 Diciembre 2016   11   Editorial   Gustavo Alvarado

En una reciente sentencia, la Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó al Ministerio Público –en este caso específico a la Fiscalía Regional de Valparaíso- que elimine del Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF) los datos de una persona que fue imputada en una causa penal el año 20011 y luego sobreseída.

El fallo sostiene, en síntesis, que mantener dichos antecedentes en los sistemas informáticos que a diario consultan los fiscales y abogados asistentes es ilegal y arbitrario, por cuanto transcurrió el plazo de prescripción de los hechos. A ello se suma que el SAF es solo un sistema interno del Ministerio Público.

El dictamen va más allá y recuerda el que reglamento sobre custodia y almacenamiento de registros del Ministerio Público “contiene la posibilidad de eliminación de datos, pero como una facultad que no alcanza, sin embargo, a los antecedentes mantenidos en el SAF de los que se predica que deban permanecer indefinidamente".

La Corte Suprema hace ver que el Ministerio Público no queda excluido de lo que dictamina la ley sobre Tratamiento de Datos Personales, donde se establece que los datos relativos a condenas, infracciones o faltas disciplinarias “no pueden ser comunicados una vez prescrita la acción penal o administrativa”.

Ello a excepción de que sean requeridos por los tribunales, pero también advierte que dicha norma nada dice respecto a causas que sean sobreseídas. La Corte Suprema concluye que “las resoluciones condenatorias o sancionatorias son las que cabe mantener disponibles para el eventual requerimiento de los tribunales”.

“Sin que se desprenda del marco normativo justificación alguna para guardar indefinidamente el registro del SAF. La mantención de los mismos después de haber transcurrido alrededor de cinco años desde la dictación del sobreseimiento definitivo, configura un acto ilegal y arbitrario que lesiona el derecho a la honra y a la privacidad", añade.

Aunque se trata de un caso específico, el pronunciamiento del máximo tribunal chileno pone énfasis en la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos, por sobre cualquier registro administrativo que, además, tampoco está regulado por normativa alguna, afectando a personas que la ley considera inocentes.

Se trata de un asunto importante para los ciudadanos, más aún cuando el uso indiscriminado de bases de datos constituye un asunto no regulado, especialmente, en materia laboral. Es conocido que muchas empresas acuden a páginas web de instituciones como el Poder Judicial para “chequear” a algún postulante.

Así muchas veces sólo basta que alguien salga mencionado para que se le excluya de un proceso de selección, sin importar el final que tuvo esa causa específica. Lo mismo ocurre en materia penal, ya que los datos del sistema SAF son muchas veces esgrimidos por los fiscales en audiencias donde se debaten medidas cautelares.

En el fondo, subyace el principio de inocencia, como una de las bases de las democracias modernas. El respeto irrestricto a dicha condición natural de cada persona obliga a todo el aparato público, especialmente, cuando se trata de una investigación penal. Y más aún, si puede ser utilizado para perseguir a alguien que es inocente.