Protocolo contra el acoso

Un conjunto de medidas que permitirían resguardar debidamente la dignidad

15 Junio 2018   7   Editorial   Gustavo Alvarado

En las últimas semanas el país ha sido testigo de la irrupción del movimiento feminista que ha encontrado un mayoritario apoyo en la opinión pública que respalda las demandas de igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Han liderado esta campaña las jóvenes universitarias que han denunciado casos de discriminación y acoso sexual por parte de profesores, materia en la cual lamentablemente no estamos ajenos en nuestra región.
Una moción parlamentaria ingresada recientemente al Senado califica esta conducta “como una vulneración a la libertad y dignidad de la persona humana, como también al principio de igualdad y no discriminación, particularmente para quien lo sufre” y plantea que “es deber de todas las instituciones de educación, de todos los niveles formativos, el adoptar activamente aquellas medidas que sean necesarias para erradicar el acoso sexual y toda forma de violencia contra las mujeres, debiendo promover el buen trato y relaciones igualitarias de género”.
En este sentido, “comete acoso sexual en el ámbito académico quien valiéndose o con ocasión de un vínculo académico y/o de investigación, solicite -o realice solicitudes- de favores de naturaleza sexual, sea para sí, sea para una tercera persona, o presente un comportamiento no consentido de connotación sexual con tal que provoque en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, sea que se trate de conductas aisladas, sea que se trate de conductas reiteradas o habituales”.
Así, “se entenderá que existe vinculo académico en relaciones tales como la que hay entre tesista y guía, o entre estudiante y profesor/a, estudiante de escuela matriz y el respectivo/a superior/a, o entre estudiante en práctica y supervisor/a, compañeros de carrera o Universidad, ayudantes de cátedra, entre otros”.
Frente a eventuales actuares de esta naturaleza el proyecto de ley establece la existencia de protocolos, reglas y procedimientos específicos que permitan a las personas que intervengan en estos casos programar y ejecutar sus tareas o labores de una manera que prevenga la comisión del acoso.
También se plantea la implantación de sanciones administrativas internas tales como rebaja de sueldo, suspensión en el cargo o expulsión para quienes cometan acoso sexual.
Asimismo, deberá haber mecanismos de resguardo de la identidad de la víctima y denunciado, mientras se sustancia el proceso. En casos calificados, podrá determinarse la separación de las funciones del docente mientras se resuelva la denuncia y establecer medidas protectoras de la víctima para evitar represalias.
Un conjunto de medidas que permitirían resguardar debidamente la dignidad y el derecho a estudiar de tantas jóvenes que han sido vulneradas.