Reajuste del sector público

Las negociaciones se han trasladado así al Congreso donde es de esperar que se logren acuerdos que sean mutuamente beneficiosos para los trabajadores, pero también para el resto del país

26 Octubre 2016   9   Editorial   Gustavo Alvarado

Ingresó al Congreso el proyecto que otorga un reajuste de 3,2% a las remuneraciones de los trabajadores del sector público y que, además, contempla aguinaldos y otros beneficios.

La propuesta, que deberá ser discutida en un plazo de seis días, no cuenta con el acuerdo de los propios trabajadores representados por la ANEF y la CUT que, por el contrario, llamaron a una movilización de tres días a contar de hoy en protesta por el bajo monto ofrecido por el Gobierno.

La cifra de 3,2% está muy distante del 7% pedido por los trabajadores fiscales, por lo que hasta ahora han fracasado las sucesivas conversaciones.

En esta oportunidad, el alza remuneracional "no regirá para el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Intendentes, el Presidente de la Corte Suprema, los Ministros de la Corte Suprema, el Fiscal de la Corte Suprema y el Contralor General de la República".

En virtud de lo anterior, "no se reajustará la dieta que perciben los diputados y senadores", pues su dieta se fija según lo que reciban los ministros, así como tampoco la renta mensual de los Ministros del Tribunal Constitucional; el presidente del Consejo para la Transparencia; el Fiscal Nacional y el director ejecutivo nacional del Ministerio Público; los secretarios del Senado y de la Cámara de Diputados; el director de la Biblioteca del Congreso Nacional y los funcionarios del Congreso de las categorías A, B, C y D.

El Ejecutivo ha resaltado su voluntad de diálogo con la Mesa del Sector Público para concordar el reajuste de remuneraciones de este año, aunque reconoció que se mantuvo como premisa el actual contexto de desaceleración económica, que plantea el desafío de compatibilizar las necesidades ciudadanas con una estrechez de ingresos fiscales.

"Esta estrechez fiscal se ha hecho más restrictiva considerando los altos compromisos de gastos ya adquiridos y legislados durante el último tiempo, especialmente en materia educacional, un ámbito prioritario para la ciudadanía. Al mismo tiempo, el contexto económico actual presenta una importante convergencia a la meta de inflación del Banco Central de Chile, aspecto que también ha sido considerado en la presente propuesta de reajuste", se precisó.

En este marco, se observa que, pese a los esfuerzos de ambas partes, "no fue posible alcanzar un acuerdo con la Mesa del Sector Público".

En este contexto, la Presidenta Michelle Bachelet recalcó que “he decidido enviar a consideración del Honorable Congreso Nacional, la presente propuesta de reajuste. Esta propuesta conjuga la necesaria responsabilidad fiscal con intentar aproximarse a las legítimas aspiraciones de los funcionarios públicos, poniendo especial énfasis en aquellos de menores remuneraciones".

Las negociaciones se han trasladado así al Congreso donde es de esperar que se logren acuerdos que sean mutuamente beneficiosos para los trabajadores, pero también para el resto del país dadas las difíciles condiciones económicas y las múltiples necesidades que es necesario satisfacer. El presupuesto es estrecho por lo que se requiere que todos los sectores, incluido el público, hagan un esfuerzo de responsabilidad.