Reforma pendiente

La postergación de la Reforma Procesal Civil es una señal contradictoria con los sustantivos avances y cambios estructurales que han enfrentado los tribunales chilenos, comenzando por la Reforma Procesal Penal.

13 Noviembre 2016   20   Editorial   Gustavo Alvarado

Con una claridad que no deja lugar a dudas habló el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmestch, al referirse a la decisión del gobierno de suspender la tramitación de la Reforma al Proceso Civil, por cuanto el Estado no cuenta con recursos para financiar los cambios a dicho sistema de administración de justicia.

En entrevista con Diario El Centro, en el contexto de las Jornadas de Reflexión 2016 de la Corte Suprema que, de manera inédita, se realizaron en la Región del Maule, el ministro Dolmestch comentó que se trata de una noticia desalentadora por los esfuerzos que se estaban llevando adelante para tramitar dicha reforma.

Recordó que el Poder Judicial se adelantó a la implementación de la reforma, con la puesta en marcha de la ley de digitalización de los procesos judiciales. En la práctica, ello significa que actualmente todo documento que ingresa a un tribunal es canalizado a través de una página web especialmente habilitada para ello.

Así se forman las denominadas carpetas virtuales, donde a los escritos que presentan las partes en litigio se suman las resoluciones de los tribunales. Todo ello, además, se encuentra en línea y disponible para el público a través del portal web del Poder Judicial, incluyendo juicios penales, laborales y de tribunales superiores.

Más allá de dicho proceso que es irreversible y que ha traído una mayor cuota de transparencia a la justicia, la postergación de la Reforma Procesal Civil es una  señal contradictoria con los sustantivos avances y cambios estructurales que han enfrentado los tribunales chilenos, comenzando por la Reforma Procesal Penal.

A ello se sumaron procesos de transformación en la judicatura laboral y de familia, faltando sólo los tribunales civiles. Se trataba de un cambio relevante, por cuanto se incorporaba la oralidad e inmediación a un proceso que aún es documental y que está totalmente intermediado por abogados, sin que las personas vean al juez.

Nadie pone en duda la rectitud de los jueces de letras cuando resuelven los conflictos que llegan a sus manos, pero claramente existiría mayor validación ciudadana si se incorpora la transparencia al proceso civil. A ello se suma un procedimiento donde el juez tenga mayor poder para acelerar la tramitación de la causa.

Esto por cuanto, actualmente, el ritmo de avance de una causa civil depende exclusivamente de los intervinientes, quienes pueden enlentecer o acelerar su tramitación, dependiendo de decisiones estratégicas de cada parte litigante. Ello significa que un proceso civil se puede tardar hasta más de un año en contar con sentencia.

Y después viene la tramitación en segunda y tercera instancia, lo cual puede significar hasta un año más. Al final, la justicia va a llegar, pero con tal retraso que las cosas quizás ya habrán cambiado sustantivamente y las sentencias pierdan efecto práctico. Y dicha tardanza puede traer mayor perjuicio a quienes estaban en conflicto.

Por dicho motivo, si bien la paralización de la reforma es una expresión de transparencia que permite orientar esos esfuerzos a otros objetivos, es de esperar que la situación del país mejore y que prontamente se retome la tramitación de la reforma civil. Así lo exigen todos quienes acuden a un tribunal a pedir respuestas.