Restricciones a la prensa

La incorporación del concepto del imputado a estas medidas dará lugar a una oleada de secretismo que perjudicará no sólo el trabajo diario de la prensa en tribunales, sino que atentará contra el derecho de la sociedad a estar informada

25 Junio 2017   8   Editorial   Gustavo Alvarado

Muy llamativa resultó la respuesta que los parlamentarios formularon en materia legislativa a los hechos que rodearon el dramático caso de una mujer que, en la zona sur del país, fue víctima de un violento ataque por parte de su ex pareja, terminando ella con secuelas físicas permanentes, con la posterior condena al imputado.

Ocurre que el interés mediático generado por estos hechos, motivado obviamente por la legítima necesidad de las audiencias de estar informadas de casos de alta connotación pública, tuvieron su punto culmine cuando el canal de televisión el Poder Judicial transmitió en vivo el testimonio de la víctima en juicio oral.

Dicho contenido fue canalizado en vivo al público masivo a través de los programas matinales de televisión abierta, sin que contaran con expertos que pudieran explicar en detalle lo que allí estaba ocurriendo. En todo caso, la propia víctima autorizó expresamente dicha transmisión, al igual que los tres magistrados del tribunal.

Pero igualmente ello significó una grave vulneración a la intimidad de una víctima, causando un perjuicio incalculable para su entorno familiar y social. Como medidas concretas, la Corte Suprema resolvió que su canal de televisión no volverá a transmitir la etapa probatoria de un juicio oral, sea cual sea la causa en litigio.

El impacto social llevó a un grupo de parlamentarios a formular un proyecto de ley con modificaciones a las normas sobre publicidad y transparencia del actual sistema de justicia contenidas en el Código Procesal Penal, específicamente, restringiendo el acceso de los medios de comunicación a las audiencias.

Ese es el punto en discusión. El proyecto de ley contempla que las audiencias serán públicas sólo por “regla general” y que las restricciones se podrán aplicar por parte del juez para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier personal, en especial, de la víctima, niños víctima de abusos y del imputado.

Se agrega una segunda modificación que permitirá a los jueces prohibir la presencia de los medios de comunicación en las salas de audiencias, así como la grabación de imágenes o sonidos, además de la transmisión de imágenes, bajo el mismo argumento de la intimidad, honor y privacidad de víctimas, imputados y sus familias.

La Corte Suprema se manifestó en contra del proyecto de ley a través de un informe despachado esta semana al Congreso, y la opinión pública no puede menos que mantenerse atenta a estas nuevas medidas que buscan vulnerar la libertad de expresión, bajo el manto de una legítima protección a las víctimas de delitos graves.

La incorporación del concepto del imputado a estas medidas dará lugar a una oleada de secretismo que perjudicará no sólo el trabajo diario de la prensa en tribunales, sino que atentará contra el derecho de la sociedad a estar informada, más aún,  cuando la justicia resuelva casos de corrupción entre la política y el dinero.

A ello se suma que los constantes alegatos de los abogados defensores por limitar la labor de los medios de comunicación en las audiencias, solicitando que no se publiquen nombres o imágenes de detenidos por delitos de alta connotación social, ahora tendrán un asidero legal sin contrapeso en el Código Procesal Penal.

Toda esta situación parece más bien la respuesta del Poder Legislativo a casos de corrupción donde justamente los protagonistas son muchos de sus integrantes. Y para concretarlo, a los parlamentarios parece no importarles que la transparencia es uno de los puntales del Estado de Derecho y de las democracias modernas.