Sanción a todo tipo de maltrato

Todo este catálogo de sanciones busca, en definitiva, que en Chile exista un nunca más al maltrato a personas que se encuentran en condición de mayor fragilidad.

12 Junio 2017   5   Editorial   Gustavo Alvarado

En fecha reciente, el Congreso Nacional aprobó y el gobierno promulgó la ley que agrava las sanciones contra el maltrato infantil, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, desde las lesiones menos graves a mutilaciones físicas. Así si ante las condenas tenían un límite de cinco años de presidio, ahora subes hasta 10 años.

Para estos efectos, según explica un instructivo publicado en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional, se crea un delito específico que sanciona de uno a sesenta días de presidio los casos más leves. Pero si se produce una consecuencia más grave en la víctima, entonces se aplicará la pena asignada al delito más grave.

También se aplicará la pena a quien de manera relevante, maltrate corporalmente a quien sea o haya sido su cónyuge o conviviente, siempre que no se cometa un delito mayor. La norma define al maltrato como un

delito de acción penal pública, es decir, cualquiera puede presentar denuncia o querella.

También se agrava la condena en caso que el imputado tenga un deber especial de cuidado o protección respecto de la víctima, ya sea si practica el maltrato directamente o bien si no impide que otra persona cometa el delito. Y finalmente, la ley configura el trato degradante como un caso sancionado con pena de presidio.

Pero no es lo único, porque la norma consigna que quienes sean condenados por estos delitos, tendrán la pena anexa de inhabilidad absoluta temporal o perpetua para cargos, empleos o profesiones en educación o salud que involucren cercanía con menores de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad.

En términos prácticos, estas condenas quedarán anotadas en el Registro Nacional de Condenas que custodia el Servicio de Registro Civil. En forma paralela, quien sea sancionado podrá también ser obligado por un tribunal a asistir a programas de rehabilitación o el cumplimiento de servicio comunitario por no más de 60 días.

El tribunal también podrá decretar la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, además del lugar de cuidado, trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que concurra o visite habitualmente. El juez podrá, incluso, prohibir al condenado el porte y tenencia de armas de fuego o decomisar las que dicha persona tenga.

Todo este catálogo de sanciones busca, en definitiva, que en Chile exista un nunca más al maltrato a personas que se encuentran en condición de mayor fragilidad. La normativa viene a constituir la respuesta legislativa ante casos que afectan a niños y adultos mayores  que están bajo protección de instituciones públicas o privadas.

Y respecto a las personas que sufren discapacidad, la ley busca que la sociedad erradique para siempre los actos de humillación que muchos sufren a diario al momento de salen a la calle, así como también –lamentablemente- al interior de sus hogares, fomentando el buen trato y una actitud solidaria de los ciudadanos.

Ahora sólo queda que la opinión pública se mantenga vigilante de que las instituciones hagan su labor y den eficacia a esta normativa, así como también que la sociedad reflexione y asuma la responsabilidad de proteger a quienes más lo necesitan. Sólo así se podrá avanzar a una sociedad de derechos y deberes para todos.