Servicios sanitarios rurales

Se trata de un avance en la definición y regulación de los sistemas de agua potable rural lo que redundará en mejores condiciones de vida para un vasto sector.

06 Enero 2017   8   Editorial   Gustavo Alvarado

El Congreso acaba de despachar un proyecto de vital importancia para regiones como la nuestra en que la administración del recurso agua es vital. Se trata del proyecto que regula los servicios sanitarios rurales. La norma fortalece la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias, entregando la prestación del servicio sanitario en el ámbito rural, a los comités o cooperativas.

En nuestro país hay cerca de 2 millones de usuarios vinculados a este tema, por lo que su entrada en vigor permitirá tener claridad respecto de este tema.

La nueva ley define que el servicio sanitario rural podrá ser operado por un comité o una cooperativa que cuenten con una licencia entregada por el Ministerio de Obras Públicas. Excepcionalmente, conforme se establezca en el reglamento, el servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, previo informe favorable de la autoridad sanitaria regional. Las cooperativas que presten los servicios que establece esta ley serán sin fines de lucro.

El cuadro normativo, además de un amplio conjunto de definiciones, determina los tipos de servicios sanitarios rurales asignándolos en dos categorías.

El Servicio sanitario rural primario corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, en su caso, a las comunidades rurales para uso doméstico y requiere el abastecimiento de agua de calidad, en cantidad y con continuidad, y en forma universal para todos aquellos usuarios que se ubiquen dentro del área de servicio.

Se entenderá por uso doméstico el destinado al consumo familiar o a pequeñas actividades comerciales o artesanales u otros que el reglamento determine, en atención a los volúmenes de consumo.

En segundo lugar, el Servicio sanitario rural secundario corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento que exceden del uso doméstico, y cuya prestación sólo procede cuando el operador garantiza la cobertura del servicio sanitario rural primario.

También se especifican las etapas de los servicios sanitarios: producción de agua potable; distribución; recolección de aguas servidas; y tratamiento y disposición final de aguas servidas.

Luego, la ley considera un marco de normas comunes; la definición de procedimientos y operativas del sistema, entre ellas de las licencias de servicios sanitarios rurales; la determinación de las facultades, derechos y deberes de las instituciones del Estado involucradas, así como de los operadores; el sistema tarifario; la institucionalidad; y la entrada en vigencia, entre otras varias materias.

Sin duda, se trata de un avance en la definición y regulación de los sistemas de agua potable rural lo que redundará en mejores condiciones de vida para un vasto sector.