Textos escolares

La renovación anual de los textos escolares, en los que no existen mayores modificaciones entre un período y otro, trae aparejado un gasto innecesario de recursos que podrían ser invertidos en otras materias.

18 Marzo 2017   11   Editorial   Gustavo Alvarado

Marzo se ha convertido con el paso de los años en un mes difícil de sobrellevar debido a múltiples gastos, entre los que ocupan un lugar no menor los útiles y textos escolares.

Sin duda que el precio de los libros de las más diversas asignaturas constituyen una pesada carga en los bolsillos de padres y apoderados. Si bien hay una parte importante que es entregada por el Ministerio de Educación a los establecimientos públicos, los colegios particulares y particulares subvencionados deben adquirirlos año a año.

Frente a ello, la Cámara de Diputados ha solicitado a la Presidenta de la República que instruya a la Ministra de Educación para que se establezca una política pública en materia del uso de textos escolares.

La iniciativa fue planteada por un grupo de diputados entre los que se cuentan Osvaldo Urrutia  y  Celso Morales.

Para los legisladores, la renovación anual de los textos escolares, en los que no existen mayores modificaciones entre un período y otro, trae aparejado un gasto innecesario de recursos que podrían ser invertidos en otras materias.

"Si se observa el tema como política pública, el Ministerio de Educación paga todos los años una cantidad enorme de recursos por textos escolares que son casi iguales que los del año anterior, lo que no se condice con los esfuerzos en torno a la eficiencia en el manejo de los recursos públicos por parte de la administración del Estado", se remarca en el documento.

En este plano, la resolución plantea la necesidad de promover mecanismos de mayor participación por parte de las editoriales en los procesos de licitación de textos escolares para los estudiantes de nuestro país y, de esta forma, lograr una rebaja de precios de estos libros, fomentando la competencia entra las distintas empresas editoriales.

Además, se propone que los textos sean utilizados, a lo menos, por dos años consecutivos, procurando con ello un manejo más eficiente de los recursos y la creación de un rango de precios más accesible a las posibilidades de los padres y apoderados.

Asimismo, se pide implementar, gradualmente, la utilización de textos escolares en plataformas tecnológicas, a través de una política pública promovida por el Ministro de Educación, al tiempo que se fomente, al interior de los establecimientos educacionales, la práctica de venta de libros usados, a objeto de que los apoderados puedan reutilizar los recursos invertidos en los referidos textos, ayudando sustancialmente a la economía familiar.

Se trata de mecanismos de toda lógica que van en la dirección de ahorrar recursos que tanto las familias como el Estado pueden invertir en otras necesidades.