Uso del lenguaje claro

Entre los deberes que establece el convenio de colaboración se encuentran consolidar una “Red de Lenguaje Claro” al interior de cada institución y promoverla en otros órganos públicos.

02 Abril 2017   4   Editorial   Gustavo Alvarado

La crisis de confianza en las instituciones públicas que afecta al país tiene que ver, en gran medida, no sólo con el desprestigio de la clase política por el financiamiento ilegal de las campañas, sino que también se explica por la falta de comunicación entre el ciudadano y los servicios en general, ya sean públicos o administrados por privados.

Es algo regular ver a personas que a diario recorren las instituciones buscando respuestas a sus preguntas y que, muchas veces, aparte de ser tramitados o tener que esperar plazos, simplemente no entienden el lenguaje técnico que utiliza los funcionarios. Y ahí se quedan, sin comprender mucho lo que pasa.

Por ello adquiere tanta importancia que la Corte Suprema haya firmado un convenio de colaboración sobre el uso y promoción del lenguaje claro, junto a la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la biblioteca del Congreso Nacional. 

Así lo subrayó Hugo Dolmestch, presidente de la Corte Suprema. "Las mejoras en el lenguaje, la documentación, la organización y simplificación de los trámites, redundan en un adecuado ejercicio de los derechos y deberes, y fortalecen la democracia y la confianza que debe reinar en las instituciones públicas".

Entre los deberes que establece el convenio de colaboración se encuentran consolidar una “Red de Lenguaje Claro” al interior de cada institución y promoverla en otros órganos públicos, quienes podrán adherirse al convenio; así como utilizar lenguaje claro en los documentos y/o iniciativas, escritas o audiovisuales.

También se cuenta promover y difundir el uso del lenguaje comprensible al interior de las entidades firmantes, como en otras instituciones públicas con las cuales se relacionen, además de elaborar estándares de lenguaje claro y comprensible que sean considerados por el Estado en la redacción de normas y documentos públicos.

Se trata de un ejemplo importante que debe ser seguido por otras instituciones, en especial, aquellas que a diario atienden público como parte esencial de su labor. Ni qué hablar de lo relevante que sería impulsar una iniciativa de estas características en el sector salud, específicamente, en hospitales y consultorios.

Es allí cuando las personas acuden a realizar consultas o simplemente a controles médicos, donde escasamente se les explica lo que tienen o bien cómo avanzan los tratamientos. Y cuando alguien dice algo, es con un lenguaje técnico incomprensible para los pacientes, en especial, para personas de la tercera edad.

Lo mismo ocurre en los servicios que están licitados y que son administrados por entidades privadas, donde simplemente no hay contacto entre el consumidor o cliente con su respectivo proveedor. Las empresas optan por una línea telefónica donde contesta un operador que sólo recoge la información o denuncia.

O simplemente se opta por derivar los reclamos a través de correos electrónicos o redes sociales, donde las respuestas también son formulismos o tecnicismos. Por todo ello, que los tribunales den el ejemplo es un camino que deben seguir todas las entidades, para mejorar la percepción y confianza del público.