Velocidad de Internet

Muchas veces los usuarios constatan que las velocidades efectivas no son las pactadas originalmente.

20 Octubre 2017   7   Editorial   Gustavo Alvarado

Un importante avance que tiene repercusiones en materia de transparencia y tecnología se acaba de aprobar en el Congreso Nacional luego que se modificara la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet.

El texto legal obliga a los proveedores de este servicio  a garantizar -dejando la información establecida en los contratos- un porcentaje de las velocidades promedio de acceso para los distintos horarios de mayor y menor congestión, ofrecidas en sus planes comerciales, en las conexiones nacionales e internacionales, alámbricas e inalámbricas. Además, deberán poner a disposición de los usuarios un sistema o aplicación que permita la medición de dichas velocidades y parámetros técnicos asociados.

La propuesta dispone que los resultados de las mediciones tendrán el valor de presunción simplemente legal en los procedimientos de reclamo. El usuario deberá entregar al proveedor el resultado de las mediciones y solicitar la reparación o restitución del servicio, así como una compensación por el tiempo en que la conexión no se hubiese encontrado disponible o funcionando de forma defectuosa.

El rechazo de la reclamación por parte del proveedor, deberá acompañarse de antecedentes que desvirtúen la presunción. El no hacerlo será causal suficiente para que la Subsecretaría resuelva en favor del usuario.

Además un organismo técnico e independiente estará encargado de efectuar las mediciones de calidad del servicio. Esta entidad será designada mediante licitación pública.

Ello, sin perjuicio de la facultad que tiene la Subsecretaría de Telecomunicaciones de efectuar sus propias mediciones, en cumplimiento de sus funciones.

Los proveedores de acceso a internet tendrán un plazo de 6 meses para informar a sus clientes las velocidades promedio, en los distintos tramos horarios de mayor o menor congestión, que corresponden a sus respectivos contratos.

Se trata de una muy buena noticia puesto que muchas veces los usuarios constatan  que las velocidades efectivas no son las pactadas originalmente. Además, no había formas establecidas que obligarán a las compañías a cumplir sus contratos. Ello genera diversos problemas, en especial a quienes deben utilizar la red de manera profesional para desarrollar sus proyectos o trabajos.

Resulta de gran importancia legislar en esta materia en momentos en que Internet se ha convertido en la principal fuente de comunicación que tiene aún enormes proyecciones que no somos todavía capaces de dimensionar.