Victimización de menores abusados

A nivel regional son, por ahora, 24 los funcionarios públicos que han sido capacitados para ejercer como entrevistadores.

06 Mayo   70   Editorial   Gustavo Alvarado

A veces, en medio de un contexto social tumultuoso, con instituciones públicas y privadas cuestionadas, las buenas noticias pueden pasar desapercibidas. Más aún si pensamos en los últimos hechos en donde se han visto involucrados tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, acusados de tráfico de influencias y negociación incompatible, en una trama que ha sacudido a uno de los principales poderes del Estado.
En ese contexto, la habilitación de tres salas para declaración de menores víctimas de delitos sexuales en la Región del Maule es una noticia digna de destacar. No solo por el avance dentro del sistema judicial, sino, fundamentalmente, porque favorece a menores de edad que han sido afectados por abusos deleznables.
Los menores abusados, bajo el actual sistema, son sometidos a una serie de entrevistas para obtener su versión de los hechos, con el claro riesgo de ser victimizados, sin el cuidado que una situación de este tipo amerita.
La medida es parte de la Ley de Entrevista Investigativa Videograbada que entra en vigencia los primeros días de octubre. Para tal propósito fue capacitado, a nivel local, un grupo de profesionales para que tomen las declaraciones.
“Lo que la ley pretende es disminuir la victimización secundaria, principalmente durante el desarrollo de la investigación, que es donde particularmente se producía este interrogatorio continuo por distintas instancias, sin que existiera coordinación entre ellas, y bajo ninguna regla o técnica”, explicó al respecto el Fiscal Regional, Julio Contardo.
Las salas fueron habilitadas en la Fiscalía Regional en Talca, y también en las fiscalías de Curicó y Linares.
A nivel regional son, por ahora, 24 los funcionarios públicos que han sido capacitados para ejercer como entrevistadores, quienes son los encargados de recoger los testimonios, en un proceso realizado por la Fundación Amparo y Justicia con técnicas avaladas en el extranjero, recibiendo una acreditación otorgada por el Ministerio de Justicia.
Todo el protocolo que establece la nueva normativa, comentó la jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional del Maule, Mónica Cerda, permitirá “realizar preguntas de manera clara y no subjetiva para que el menor pueda relatar lo que efectivamente le pasó, en sus palabras, y eso da una garantía de que no va a haber una victimización”.
En definitiva, una muy buena noticia que aporta al siempre complejo proceso de impartir justicia, más aún tomando en cuenta los derechos de los menores de edad.