Sábado, 23 de Marzo de 2019
Fiscalía formalizó la investigación por bullado Caso CTS

Alcalde de Talca enfrenta cargos criminales por negociación incompatible y cohecho

A petición de las defensas de Juan Castro, Juan Carlos Díaz y Juan Valdebenito, el debate sobre medidas cautelares contra todos ellos se realizará en una nueva audiencia programada para el martes 27 de septiembre próximo en el Juzgado de Garantía

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 26 de Agosto 2016

TALCA.- Cinco delitos de negociación incompatible y un cuarto delito de cohecho fueron los cargos criminales que la fiscalía de Talca presentó ayer en contra del alcalde de esta ciudad, Juan Castro, quien por ahora quedó en total libertad, es decir, sin medidas cautelares, hasta una nueva audiencia programada para el 27 de septiembre.

Así se determinó ayer en el Juzgado de Garantía de Talca, donde el Fiscal jefe de la capital regional, Héctor de la Fuente, llevó a cabo la formalización por el denominado Caso CTS. Al jefe comunal se sumaron el administrador municipal, Juan Carlos Díaz, imputado como autor de un delito de cohecho consumado.

También fue formalizado el jefe de gabinete de la municipalidad, Juan Valdebenito, por dos delitos de cohecho. El cuarto imputado fue Christian Tizza, representante legal de CTS y Urbana Limitada, por un delito de soborno. A la vez, ambas compañías privadas también fueron imputadas como personalidad jurídica.

 

PROBIDAD

ADMINISTRATIVA

En el caso de Tizza, su defensa particular fue la única que solicitó resolver de inmediato la medida cautelar, a partir de un acuerdo con la fiscalía y las partes querellantes. Así se decretó en su contra el arraigo nacional, dando paso a que el juez, Humberto Paiva, despachara un oficio a la sección de extranjería de la PDI de Talca.

Al respecto, el fiscal comentó que “el cohecho se configura mediante la recepción de favores de naturaleza económica. Y la negociación incompatible en el hecho de estar efectuando labores de funcionario público y estar arrendando propiedades a un tercero vinculado con un contrato con la municipalidad”.

“Una de las obligaciones de los funcionarios públicos es respetar el principio de la probidad administrativa. En este caso, algunos de los imputados compraba bienes raíces que después aparecen vendiendo al triple del precio a empresas a quienes se les resolvían resoluciones a su favor desde sus cargos”, indicó. 

 

VIAJE A ARGENTINA

En el caso de Juan Castro, los cargos criminales presentados por la fiscalía fueron por dos hechos. El primero ocurrió durante los primeros meses del año 2009, cuando el alcalde de Talca y Juan  Valdebenito viajaron a la ciudad de Córdova, en Argentina, por un lapso de tres días, con gastos pagados por la empresa CTS.

La fiscalía agregó que en la planificación del viaje participó Christian Tizza, ya que posteriormente la empresa CTS fue elegida por la Municipalidad de Talca, con la contratación directa para el barrido y limpieza de calles de la ciudad, con montos millonarios, mientras que al poco tiempo se ganó la licitación.

Y el segundo hecho se refiere a que en mayo del 2010 y actuando a través de la Sociedad Santa Malva, Juan Castro le arrendó una bodega a la misma empresa CTS, ubicada en calle 3 Sur con 10 Oriente, en Talca, a sabiendas que dicha compañía mantenía un contrato vigente con la municipalidad para el barrido y limpieza de calles.

 

“LE DIJERON

QUE ERA FEO”

El fiscal detalló cinco fechas en que Juan Castro firmó decretos en favor de CTS, entre septiembre del 2010 y agosto del 2013. Un dato relevante, según destacó, es que “el alcalde reconoció, en un Concejo Municipal del año 2010, que algunas personas le dijeron que era feo que le arrendaba una bodega a la misma empresa”.

En cuanto a Juan Carlos Díaz y Juan Valdebenito, la formalización establece que en julio del año 2013, ambas autoridades compraron dos terrenos adjuntos en la población El Mirador, por un monto individual de 12 millones de pesos, para luego firmar una promesa de compraventa con Urbana y recibir un millonario adelanto.

Pero los terrenos fueron subarrendados por Urbana a CTS, teniendo ambas empresas a Christian Tizza como el mismo representante legal. El negocio culminó en mayo del 2014, cuando Urbana concretó la compra en un valor de 35 millones por cada lote a ambas autoridades comunales, es decir, al triple del precio original.

 

COMPRA DE TERRENO

La fiscalía sostuvo que, en el periodo que medió entre la promesa y posterior compra de los terrenos, Juan Carlos Díaz firmó decretos como alcalde subrogante que regularon la prestación de servicios entre CTS y la municipalidad. A ello sumó que la aludida empresa solo pagó su primera patente municipal el año 2014

Así la formalización sostiene que Díaz y Valdebenito habrían aceptado un beneficio económico avaluado en 72 millones de pesos en el negocio de los terrenos con CTS y Urbana Limitada, sindicando al representante legal en común, Christian Tizza, como quien realizó maniobras para gestionar esos pagos a la autoridades comunales.

De esta forma, el fiscal incluyó a las mismas empresas en la formalización por soborno que formuló contra Christian Tizza, pero bajo la figura de una personalidad jurídica, por cuanto también hubo una ganancia de las compañías al no pagar patentes municipales por largo tiempo, a pesar de haberse instalado formalmente en Talca.

 

“EL FISCAL ES IMPRECISO”

Al respecto, el alcalde de Talca replicó ayer que “creo que el señor fiscal está falto de información”, añadiendo que “nosotros somos actores políticos. Pero desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que yo escuché en la audiencia, creo que el señor fiscal es impreciso, porque no sabe cómo funciona la municipalidad”.

Respecto al viaje a Argentina pagado por CTS, Juan Castro sostuvo que “yo no conocía al señor Tizza, por lo tanto, aquí hay imprecisión del señor fiscal”. En cuanto al arriendo de la bodega, sostuvo que “en el momento del terremoto, la persona que estaba en mi empresa prestó una bodega. Yo soy un actor político y hablo de política”.

Por su parte, Juan Carlos Díaz replicó que “yo confío plenamente en la justicia y esperamos que esto se resuelva en los próximos meses. La gente sabe que esto es una maniobra política. La compra del terreno se hizo a través de un banco. Hubo una tasación comercial y el avalúo fiscal era de 19 millones. Todo fue lícito”.

 

“ESTOY MUY TRANQUILO”

En cuanto a que habría autorizado pagos y firmado decretos a favor de CTS durante el periodo de compra y posterior venta de dicho terreno, Juan Carlos Díaz respondió que “esas son imprecisiones que los abogados van a tener que discutir, pero son actos de normalidad en la municipalidad. Aquí no hubo nada a favor ni en contra”.

Por su parte, Juan Valdebenito afirmó que “estoy muy tranquilo, pero quiero creer que el fiscal está mal informado. No quiero pensar en malas intenciones. De lo que me acusan, el fiscal está equivocado. Me nombra como jefe de gabinete el año 2008, pero yo asumo en la municipalidad recién en diciembre del 2010”.

“El año 2008 y 2009 no era funcionario municipal. Cuando se vendió el terreno no era jefe de gabinete. Estoy absolutamente convencido que no he cometido ningún acto ilegal. Yo viajé a Argentina, pero fui invitado como empresario y no como funcionario municipal, porque tengo camiones recolectores de basura”, agregó.

 

 

Habla querellante

El abogado, Fernando Leal, candidato independiente a la alcaldía de Talca, asistió a la audiencia judicial en calidad de querellante, junto a los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE).  A la salida, sostuvo que “lo importante es que se formalizara la investigación y que el tribunal tomara conocimiento de los hechos”.

“En la carpeta investigativa se da cuenta que un imputado en particular le habría ofrecido 20 millones de pesos y una camioneta a uno de los testigos, para que guardara silencio. Nos parecen hechos graves. Aquí no hay persecución política. El fiscal no es político. Lo que se investiga son delitos y a sus responsables”, afirmó.

Fernando Lel subrayó que “la verdad es que el alcalde de Talca y los funcionarios de su círculo de hierro tuvieron negocios con una empresa que le presta servicios a la municipalidad, cuestión que incluso negaron. Ahora esperamos que todo esto se aclare, porque esta comuna no tolera más que ocurran hechos de corrupción”.

Volver