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Fluctúan entre los 61 a 338 días de pena remitida

Bajas condenas marcan sentencia en “Caso Concejales” de Curicó

Al redactar el fallo, el Juzgado de Garantía tomó en consideración un par de atenuantes. Sobre la totalidad de los nueve condenados, incluyendo a tres actuales ediles, recayó la accesoria de inhabilidad para ejercer cargos u oficios públicos, que rige por el tiempo que dure la sumatoria de las penas

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 21 de Abril 2017

CURICÓ.- Sin la presencia en sala de los respectivos condenados, el magistrado del Juzgado de Garantía de Curicó, Jorge Omar Valenzuela fue el encargado de dar lectura a la sentencia en el denominado “Caso Concejales”, carpeta en la cual tres actuales y seis ex ediles fueron condenados por el delito de fraude al fisco.

Previo a entregar detalles respecto al fallo, cuyas condenas en términos generales fluctúan entre los 61 a 338 días de pena remitida, el aludido juez justificó su decisión, aseverando que el municipio “autorizó viajes no justificados”, sin que existan antecedentes “que acrediten” la “real utilidad” de los mismos.

Para ello, a fin de asistir a capacitaciones, seminarios o actividades de diversa índole, los concejales “acompañaron boletas y facturas falsas al rendir sus gastos” en diversos periplos, lo cual constituye un “engaño”, quedándose con más dinero del que les correspondía, con claro perjuicio fiscal, esto “a sabiendas” que no iban a rendir cuentas “ni por los dineros, ni por el cometido mismo”. “El haber devuelto los dineros después de haber sido sorprendidos, por existir querellas y estar formalizados, no evita el perjuicio, ni los exime del delito, solo sirve para atenuar la pena”, acotó Valenzuela durante su lectura, asegurando de paso que “el municipio curicano se transformó en una caja pagadora de viajes”, omitiendo en cada decreto, la necesaria “justificación” del respectivo viaje, lo cual no fue consignado. Junto con que no se acreditó su “beneficio social”, se trata además de “hechos reiterados en el tiempo”.

Durante la lectura, Valenzuela dio cuenta de los viajes efectuados por cada uno de los actuales y ex concejales, señalando que se trataron de “muchos” periplos, “en un lapso “muy corto”, “sin mayor justificación”, por lo que “el dolo salta a la vista”. “Nadie ha sabido en la ciudad que otros funcionarios municipales hayan viajado tanto siendo financiados por el municipio”, primando el “interés personal” por sobre el “público”, subrayó. 

 

ANOMALÍA

Agregó el juez que le “llamó profundamente la atención” que tales hechos, fueran conocidos a través de una querella interpuesta “por ciudadanos”, sin que ninguna autoridad ni funcionario municipal haya hecho alguna “denuncia oportuna” de tal “anomalía”.

De cara a la aplicación de las penas, Valenzuela no dio lugar a la petición planteada por la defensa de considerar “prescritos” los hechos planteados en la respectiva acusación. Por el contrario, se allanó a lo solicitado por el Ministerio Público, tomando en consideración un par de atenuantes, como lo son la irreprochable conducta anterior y la reparación del mal causado.

Junto con calificar el delito de fraude al Fisco como “gravísimo”, el juez recalcó que la inhabilitación para cumplir cargos u oficios de carácter público “es inherente a la pena”. “No concibe este sentenciador que un concejal que ha defraudado al Fisco continúe ejerciendo su cargo”, acotó.

Respecto a las costas del juicio, los condenados deberán pagar la suma de un millón de pesos cada uno, monto que se repartirá de la siguiente manera: 50% para el Ministerio Público y el restante 50%, en iguales partes entre la totalidad de los querellantes. Los abogados que representan a los condenados tendrán un plazo de 10 días para determinar si deciden optar a instancias superiores, en este caso, recurrir de nulidad a la Corte de Apelaciones de Talca, por lo que aún no corresponde que el fallo pueda ser ejecutoriado.  

 

 

Sanciones:

Julieta Maureira, ex concejala: tres penas de 61 días y una de 120 días de presidio menor en su grado mínimo. Para en cada caso, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesoria de inhabilitación a cargos públicos por el tiempo que dure la sumatoria de las condenas. 

Luis Trejo, ex concejal: dos penas de 108 días y dos penas de presidio menor de 61 días en su grado mínimo. Para en cada caso, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesoria de inhabilitación a cargos públicos por el tiempo que dure la sumatoria de las condenas. 

Mario Undurraga, actual concejal: una pena de 120 días de presidio menor en su grado mínimo, con multa equivalente al 50% de lo defraudado, y otra de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, con multa equivalente al 20% de lo defraudado. Junto a ello, rige la accesoria de inhabilitación a cargos públicos por el tiempo que dure la sumatoria de las condenas. 

Jaime Canales, actual concejal: una pena de 120 días y otra de 61 días de presidio menor en su grado mínimo. Para en cada caso, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesoria de inhabilitación a cargos públicos por el tiempo que dure la sumatoria de las condenas. 

Leoncio Saavedra, actual concejal: dos penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesoria de inhabilitación a cargos públicos por lo que dure la sumatoria de las condenas. 

Luis Rojas Zúñiga, ex concejal: dos penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesoria de inhabilitación a cargos públicos por lo que dure la sumatoria de las condenas. 

Enrique Soto, ex concejal: dos penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesoria de inhabilitación a cargos públicos por lo que dure la sumatoria de las condenas. 

Miguel Ángel Limardo, ex concejal: una pena de 120 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesoria de inhabilitación a cargos públicos por el tiempo que dure la condena. 

Nelson Trejo, ex concejal: una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesoria de inhabilitación a cargos públicos por el tiempo que dure la condena. 

 

Carlos Arias

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