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De un universo de 292 particulares subvencionados

Balance Ley de Inclusión: cinco establecimientos pasan a particulares privados en la región

Dos son jardines infantiles con baja matrícula. Los casos más complejos por su repercusión pública han sido los colegios Andes y San Jorge, en Talca.

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 06 de Julio 2017

TALCA.- Tras el cierre, el viernes pasado, del plazo para que los establecimientos particulares subvencionados avisaran al ministerio y a sus apoderados de la decisión sobre su futuro legal en el marco de la Ley de Inclusión, la Secretaría Regional Ministerial de Educación informó de lo sucedido en la región.

De esta forma, de un universo de 292 establecimientos particulares subvencionados, 287 optaron por ser corporaciones sin fines de lucro y, por lo tanto, llegar en algún tiempo definido a tener cero copago. En tanto, cinco dieron el paso a particular pagado, esto es, el 1% de establecimientos. Se trata de los colegios Andes y San Jorge en Talca, y el Santo Tomás de Curicó, más dos jardines infantiles: el Jacarandá de Talca y el Pin Pon de Curicó.

En tanto, a nivel nacional, el Ministerio de Educación informó que 3.020 establecimientos particulares subvencionados del país (98%) son, se han convertido o han iniciado los trámites para convertirse en sin fines de lucro. Mientras que el otro 2% optó por pasar a particular pagado.

Tanto a nivel nacional como local la percepción gubernamental fue en general positiva, recalcando que tanto estos números como el de colegios que cerrarán -que en el caso del Maule son seis que según la Seremi “no obedece a la implementación de la Ley de Inclusión Escolar” y cuentan con baja matrícula- son bastante menores que los que venían augurando organizaciones como la Conacep (que reúne  a los particulares privados) y la Confepa (de apoderados a nivel nacional).

 

APOYO A FAMILIAS

La Secretaría Ministerial recordó además que “como es de conocimiento público, la ley establece que los colegios tenían plazo hasta el 31 diciembre de 2017 para realizar el traspaso a entidades sin fin de lucro, con el propósito de garantizar que los recursos de la subvención y el aporte que hacen las familias (copago) se destinen únicamente a fines educativos y a mejorar la calidad de la educación”.

Y en relación a los polémicos casos de los colegios San Jorge y Andes donde grupos de apoderados han manifestado su público descontento por las alzas de los aranceles que rondan el 100% para el próximo año, la Seremi informó que “a través de las Direcciones Provinciales se está realizando un levantamiento de establecimientos educacionales para aquellas familias que necesiten encontrar una nueva alternativa para sus hijos”.

En este sentido, el día martes los apoderados del segundo colegio se reunieron con el director provincial de Educación de Talca, Carlo Campano. Y aunque dentro de las expectativas de los padres estaba que se les ayudara a revertir la decisión de la sostenedora en torno al alza de aranceles, el seremi de Educación dejó en claro que esto es imposible, ya que es la decisión de un particular.

 

RESPUESTA DE COLEGIO SAN JORGE

Desde el colegio San Jorge, su gerente Miguel Ángel Morán y su directora María Alejandra Mulatti, respondieron al recurso de protección interpuesto por alrededor de un tercio de los apoderados quienes argumentaron resultar perjudicados por el aviso del alza de aranceles de un año para otro.

“Una vez que se agotaron las conversaciones con el colegio, tienen todo el derecho de presentar el recurso de protección si se sienten perjudicados”, indicaron, enfatizando que eso no tendrá repercusiones en la labor educativa. Aunque a la vez manifestaron que “más que pedirnos explicaciones a nosotros, deberían pedir explicaciones al Gobierno”.

A continuación plantearon que “la problemática general la ocasiona la ley de inclusión” que “obliga a tres alternativas”.

Explicaron que tras una evaluación se llegó a la conclusión de que, si bien “financieramente es mucho más rentable seguir como particular subvencionado”, el tema está en que “desde el punto de vista del proyecto educativo a nosotros no nos da confianza que el sistema pueda absorber propuestas distintas. Nosotros creemos que efectivamente se va a tender a homogeneizar la educación”.

Descartaron además la opción de un alza paulatina. “Es inviable porque yo no le puedo decir a los profesores en marzo les pago 5 y el 2018 les pago 20, no puedo porque el servicio que ellos van a dar es parejo”, dijo la directora.

También negaron  el posible beneficio de retrasar un año la decisión, como lo hizo por ejemplo el colegio San Ignacio de Talca, quienes por solo el 2018 funcionarán como corporación. Junto con insistir en que siguieron los plazos que les dio la ley, señalaron al respecto que “incluso es más perjudicial, porque resulta que hoy día hay otro colegio que se cambió al sistema, y eso significa que vamos a tener menos posibilidades de vacantes en otros colegios que sean del mismo nivel. Porque ese es el tema. Los papás no quieren irse a colegios que ellos consideran que son de más bajo nivel”.

Finalmente, argumentaron que el alza es “necesaria para poder mantener nuestro estándar educativo”.

“La educación es una inversión. Nosotros no nos podemos meter en las prioridades de cada familia, lo que sí establecemos es que con este valor el apoderado que hoy día nosotros estamos teniendo va a poder seguir acá. En otros casos va a tener la posibilidad de postular a becas”, concluyeron.

Daniela Bueno

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