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Contra alcalde de Talca y otros dos coimputados por cohecho

Caso CTS: Decretan arraigo nacional y fiscalía reveló haber descubierto “negocios bajo cuerda”

Los abogados particulares de Juan Castro, Juan Carlos Díaz y Juan Valdebenito no cuestionaron la medida cautelar propuesta por el Ministerio Público y los querellantes, pero intentaron sin éxito que la investigación se redujera a dos meses

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 28 de Septiembre 2016

TALCA.- “Me habría encantado que este tema se hubiera visto en el menor tiempo posible, pero la verdad es que estamos muy conformes con el plazo que dictó el juez. Es muy importante que los tribunales hagan su trabajo. Estamos muy conscientes que somos inocentes de todo lo que se nos acusa. Hay que seguir trabajando”.

Con estas palabras, el alcalde de Talca, Juan Castro, abandonó ayer la sala número cuatro del Juzgado de Garantía de Talca, luego que el juez de dicho tribunal, Víctor Rojas, decretara en su contra -a petición de la fiscalía- la medida cautelar de arraigo nacional, cuya fiscalización estará a cargo de la sección de extranjería de la PDI.

Todo ello en el contexto del denominado Caso CTS, donde Juan Castro se encuentra en calidad de imputado por los delitos de cohecho y negociación incompatible. La misma medida cautelar fue aplicada por el tribunal a los coimputados, Juan Carlos Díaz y Juan Valdebenito, ambos sindicados únicamente por el delito de cohecho.

 

DEBATE POR EL PLAZO

La medida cautelar fue propuesta por el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, respaldada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el querellante particular, Fernando Leal, candidato independiente a la alcaldía de esta ciudad. Un dato anexo es que Juan Carlos Díaz es candidato por Renovación Nacional (RN).

El planteamiento no fue rebatido por las defensas particulares de los tres imputados, esto es, por los abogados Mauricio Jorquera, Mónica Cerda y Grace Salazar, respectivamente. Los tres coincidieron en señalar que ello no significa que acepten culpas y pusieron particular énfasis en el derecho a la presunción de inocencia.

Hasta ahí todo avanzaba sin discusión en la audiencia, hasta que el juez otorgó la palabra a las defensas para fijar el plazo de cierre de la investigación. El planteamiento fue de dos meses, atendido que el caso partió el año 2015 y que, a la fecha, los imputados han declarado y que se han realizado incluso allanamientos.

“SIMULA SER LÍCITO”

La fiscalía rebatió de inmediato a las defensas, en lo principal, con el argumento de que existen diligencias pendientes. Pero el fiscal fue más allá, ya que habló expresamente que se habían detectado “negocios bajo cuerda” y mencionó a dos empresas de propiedad de Juan Castro, esto es Santa Malva y Barracas Castro.

También relacionó a ambas compañías privadas con Transportes CTS y Urbana Limitada, cuyo representante legal, Christian Tizza, está formalizado por soborno y se encuentra bajo la misma medida cautelar de arraigo nacional. A su vez, dichas empresas están formalizadas como personalidad jurídica.

El fiscal fue requerido por lo que significan sus dichos. “Aparece a la luz pública un determinado negocio que simula ser lícito, pero que está amparado o cubierto por otra serie de actuaciones que es necesario exponer ante el tribunal. Se trata de negocios de aparente licitud, pero que están teñidos por irregularidades”, indicó.

“NO HABÍA PREMURA”

En este mismo punto, Juan Castro replicó señalando que “nos están cuestionando por hechos que jamás hemos cometido. Nosotros estamos abiertos a mostrar todos los antecedentes. Mis empresas están disponibles para que sean revisadas las veces que estimen pertinente. La idea es no dilatar la verdad de estos hechos”.

Juan Carlos Díaz coincidió con el jefe comunal, afirmando que “tenemos absoluta tranquilidad. Esperábamos que se aceptara el juicio oral en dos meses, porque llevamos casi dos años. No había ninguna premura ni urgencia en formalizar antes de las elecciones. Eso queda demostrado porque pidieron ocho meses de plazo”.

“Se entiende que esto ha sido una maniobra política, porque uno de los querellantes también es candidato. Pero vamos a seguir confiando en la justicia. En mi caso no hay ningún antecedente nuevo y no me cabe duda que vamos a salir inocentes”, agregó. Tras el debate, el juez fijó el plazo de cierre de la investigación en seis meses.

 

DOMICILIO ERRÓNEO

Otro antecedente expuesto por el fiscal fue que cuando pidió autorización judicial para un registro del inmueble particular de Juan Valdebenito, la dirección que aparece registrada en el Servicio de Impuestos Internos (SII) en realidad es de su hijo. “Vamos a evaluar si corresponde informar esta situación a dicha institución”, dijo.

Al respecto, el propio Valdebenito explicó que “cuando fui allanado, se dirigieron a un domicilio que yo tenía anteriormente. Eso es cierto y puedo reconocer el error, porque no cambié el domicilio comercial a mi casa particular. Esa es la verdad. Pero sigo confiando en la justicia y entiendo la labor que cumple el fiscal”.

“Voy a aceptar y cumplir con el arraigo nacional, para darle más transparencia a la investigación”, sostuvo. A la salida de la audiencia, los tres imputados fueron saludados por un grupo de personas que los esperaban con pancartas. La manifestación fue custodiada por personal de la Tercera Comisaría de Carabineros.

 

Estamos conformes

El abogado Fernando Leal, quien tiene calidad de querellante en la investigación, sostuvo tras la audiencia que “el plazo de seis meses es razonable, porque este caso tiene múltiples diligencias que se están llevando a efecto. Llevamos 10 tomos de información que debe ser debidamente procesada”.

“La defensa está desesperada porque esto termine pronto y se allanaron a la medida cautelar para que no se tome conocimiento de los hechos que están siendo investigados. Pero, claramente, no han colaborado con la fiscalía, porque Juan Castro primero lo negó, pero después confesó que Santa Malva recibió pagos de CTS”, dijo.

Leal indicó también que “estamos conformes porque tenemos a los tres imputados con medidas cautelares, sometidos a una investigación seria. Y en la audiencia de sobreseimiento que pidió la defensa se van a encontrar con más sorpresas. Estamos contentos porque estamos haciendo justicia y vamos a barrer con la corrupción”.

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