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Cierra plazo para avisar cambios por Ley de Inclusión

Por un lado, desde la Seremi de Educación hay un balance positivo con más de cien colegios que pasan a ser gratuitos; mientras que, de otro lado, en dos establecimientos talquinos, los padres dicen sentirse perjudicados por las alzas de aranceles que trajo el paso a particulares pagados.

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 01 de Julio 2017

TALCA.- Ayer cerró el plazo impuesto por la Ley de Inclusión para que los establecimientos particulares subvencionados avisaran al Ministerio de Educación y a los apoderados si a contar del próximo año pasarán a ser corporaciones sin fines de lucro o, si por el contrario, renunciarán a la subvención estatal, pasando a ser particulares privados.

Si bien los números definitivos en la región aún no están disponibles, en números generales se sabe que más de cien establecimientos decidieron ser corporaciones, “que se suman a otros que ya eran corporaciones desde antes de la Ley de Inclusión”, de acuerdo al seremi de Educación, Rigoberto Espinoza, quien además señaló que estos números “superan las metas que teníamos como región”.

Sin embargo, aún queda el plazo fatal del 31 de diciembre de este año para dar el aviso definitivo. Los establecimientos que a esa fecha tomen una decisión deberán comenzar a operar según corresponda, a partir del 2019.

En relación a uno de los temas más polémicos, el seremi recalcó que los establecimientos no están obligados a pasar a ser particulares pagados. “Es una decisión de ellos como sostenedor. Y antes de la Ley de inclusión también existían la posibilidad de que un sostenedor pasara a pagado – pagado, y viceversa”.

“Lo que hace esta ley es clarificar que los colegios que son sociedades con fines de lucro, se traspasen a corporaciones sin fines de lucro, entren en reforma. Y es ahí donde algunos sostenedores han decidido pasar a ser pagados y no acogerse a esta ley que prohíbe generar lucro”, concluyó.

DOS CARAS DE LA MONEDA

Y aunque está la cara de la moneda de estos establecimientos que pasaron o pasarán a ser gratuitos, y la consiguiente alegría de los apoderados; están también los casos de los establecimientos de la región donde los padres se han manifestado preocupados por lo que consideran significativas alzas en los aranceles del 2018 asociados al paso a particulares pagados.

En la región hay dos casos en que los mismos apoderados han hecho público su descontento por estas razones. Uno es el colegio San Jorge de Talca -que cuenta con una matrícula de alrededor de 800 estudiantes- donde un grupo de apoderados se organizó para, primero protestar con bocinazos y globos negros por el centro de la ciudad, luego negándose a enviar a sus hijos al colegio por un día, y posteriormente, a través de un recurso de protección contra los sostenedores al que se plegó aproximadamente un 25% de los padres.

El segundo es el colegio Andes, también de Talca, donde en asamblea del Centro General de Padres solicitaron una mesa de trabajo con la sostenedora, que accedió a ello. En tanto un apoderado en particular -que dijo hablar a nombre de un grupo de treinta- señaló que presentaría un recurso de protección contra el Estado, el que hasta ayer no se materializaba.

 

CUPOS EN OTROS

Seremi, sobre las alzas: “Para las famílias es complejo”.

El seremi también dio su opinión sobre las anunciadas alzas de los dos colegios talquinos. “Pensemos en aquellas familias que tienen a sus hijos desde Prekinder en estos colegios, que ahora le están avisando que pasan a pagados-pagados, y que estarían aumentando el arancel a más del doble. Evidente que para una familia que tiene dos hijos pasar de 90 mil pesos a 180-190 en marzo del próximo año es complejo económicamente”.

“Ellos podrían, como una forma de retribuir la confianza que por años han tenido a sus hijos en estos colegios, pasarse a Corporación por un tiempo, y de ahí tomar la decisión. Y así darles más de un año a los padres la posibilidad de buscar otros colegios”, dijo a modo de crítica y sugerencia a la vez.

En ambos casos, junto con el rechazo a los nuevos aranceles que aumentan en promedio un 100%, los apoderados manifestaron sentirse angustiados por la posibilidad de no encontrar cupo en otros establecimientos de la comuna.

En el caso del San Jorge, los padres que tienen la idea de cambiar a sus hijos, especificaron que lo que ellos esperan es poder insertarlos en otros establecimientos con características similares, lo que según definió Roberto Cofré -quien habló a nombre de la comisión de padres que busca alternativas de cambio- es “en términos de proyecto educativo y nivel de educación”.

Al respecto, el seremi de Educación indicó que se les ha informado a estos apoderados, incluso a través de reuniones con ellos, que “tanto en establecimientos particulares subvencionados como en públicos hay cupos, para garantizar el derecho a la educación. Lo que nosotros no podemos garantizarle con Estado es que cierto colegio le dé cupo”.

De otra parte, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, indicó que en la comuna actualmente hay infraestructura para albergar a 33 mil estudiantes, pero que sin embargo, hoy se cuenta con una matrícula de 23 mil.

Por lo tanto acotó que para él la eventualidad de tener que recibir más alumnos implica otro tipo de desafío. “Creo que con el Ministerio de Educación tenemos que trabajar en conjunto para ver cómo somos capaces de fortalecer la educación pública, para que nuestros apoderados que en algún momento se fueron a la educación particular subvencionada, vuelvan, y vuelvan conformes”, dijo.

 

Daniela Bueno

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