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Persisten anomalías detectadas anteriormente por Contraloría

Comisión investigadora del CORE pide transparentar uso de viviendas fiscales

Los consejeros regionales que participaron de la instancia concluyeron que “se observa un desorden en relación a la administración de los bienes fiscales”, el que se arrastraría de periodos anteriores de Gobierno

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 10 de Abril 2016

TALCA.- El pasado 18 de marzo, un grupo de consejeros regionales se dieron cita en las oficinas del organismo en Talca para tratar un tema en particular. La mañana del día mencionado se abordó el resultado de una comisión investigadora sobre las Concesiones de Uso Gratuito de Inmuebles Fiscales en la Región del Maule.

Fue el único que se trató en tabla esa mañana y estuvieron presentes las consejeras Angélica Martínez y María del Carmen Pérez, junto a su par Pablo Prieto. No obstante, el resultado de dicha comisión investigadora no fue muy alentador.

Todo se remonta a un informe elaborado por Contraloría Regional, sobre la asignación, uso y proceso de recaudación de ingresos FNDR por concepto de arriendos de viviendas fiscales, efectuado en el Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y en el Gobierno Regional, el que en su momento (año 2013) arrojó una serie de situaciones anómalas que desembocaron en sumarios administrativos al interior de ambos organismos públicos.

Posterior a ello, en diciembre de 2014, Contraloría nuevamente revisó las observaciones derivadas del primer trabajo de auditoría, detectando que en su mayoría las anormalidades seguían ocurriendo, en específico, en la casi nula acción para recuperar algunos inmuebles que estaban siendo ocupados por personas a las cuales, por normativa, no les correspondía estar habitándolos.

En este grupo se incluían viviendas fiscales en Cauquenes y en Talca, además de la no realización de los trámites correspondientes para la recuperación de dineros adeudados por moradores de otros departamentos fiscales que fueron ocupados, pero en los cuales no se canceló arriendo ni en pago de los servicios básicos. 

El detalle contenido en el informe de seguimiento 35/2013 de diciembre del 2014 incluía hasta acciones ante el Consejo de Defensa del Estado para la recuperación de dineros adeudados por concepto de arriendo de algunas viviendas y departamentos pertenecientes al fisco.

 

COMISIÓN

Una vez revisados los antecedentes y tratándose de recursos públicos involucrados que debían llegar a las arcas del FNDR, los consejeros formaron una comisión investigadora, la cual concluyó que en vista de los resultados de los informes, no hay variaciones respecto a la situación detallada en la última visita de Contraloría, es decir, desde 2014.

“Claramente se aprecia que se mantiene una serie de observaciones, tanto al Ministerio de Bienes Nacionales como al Gobierno Regional del Maule, las que como se ha dicho hasta la fecha, a la luz de la documentación de que se dispone, no han sido reparadas”, señala el acta de la comisión del Consejo Regional.

En consecuencia de aquello, se acordó pedirle al intendente que adopte las medidas necesarias a fin de regularizar el tema, “donde se observa un desorden en relación a la administración de los bienes fiscales, no solo de la actual administración sino que también de las anteriores, y que se instruya a todos los servicios involucrados para regularizar y transparentar la situación de los inmuebles fiscales y para tener claridad acerca de quienes los ocupan y su mantención”.

El consejero Pablo Prieto, integrante de la comisión investigadora, afirmó que esta es una situación que se arrastra de varios años, exigiendo que las instituciones que hacen uso de los inmuebles puedan entregar la información detallada, así como también que Bienes Nacionales y el Gobierno Regional sean capaces de subsanar las observaciones que en su momento hizo Contraloría, considerando que hay recursos públicos involucrados.

 

Claudio Rojas

  Irregularidades detectadas en 2013

De las 147 viviendas fiscales adquiridas con recursos FNDR al 30 de septiembre de 2013, Contraloría auditó 74 de ellas en base a la información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales de la Seremi del mismo nombre.

Como resultado, en el informe se expresa que “la Seremi de Bienes Nacionales no posee un catastro actualizado de la totalidad de inmuebles fiscales, que permita llevar una correcta administración y control de los mismos”.

Lo propio expresó Contraloría sobre el Gobierno Regional, de quien señaló que “se determinó la carencia de procedimientos respecto de la forma y oportunidad en la cual se debe coordinar y comunicar con la Seremi de Bienes Nacionales, la asignación de viviendas fiscales con el objeto de proceder posteriormente al cobro correspondiente”.

Puntualmente, detectó que había viviendas asignadas al Ejército en Cauquenes, las cuales estaban siendo usadas por familiares indirectos de funcionarios de la institución, vulnerando la normativa, sumado a que el ex Regimiento Andalién ya no funcionaba en la comuna.

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