Miércoles, 26 de Junio de 2019
Tras incendios forestales de 2017 en Vichuquén, Licantén y Curepto

Con millonario acuerdo juzgado aprobó suspensión condicional a ejecutivos de CGE

Las más de 200 víctimas serán indemnizadas en un plazo de 24 meses, tras la propuesta del Ministerio Público de salida alternativa para los imputados.

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 13 de Diciembre 2018

CUREPTO.- Los incendios forestales que afectaron negativamente a la Región del Maule para la temporada del verano de 2016-2017, dejaron una serie de víctimas que, ahora, están cerca de recibir una compensación que podría reparar los bienes perdidos, al menos en los casos de las comunas de Curepto, Licantén y Vichuquén.


Cabe recordar que al menos en localidades como Los Maquis, La Higuerilla, Tabunco, El Molino, Aquelarre y la Ruta J-60 (altura del kilómetro 82), se contabilizaron como afectadas una superficie de 11 mil hectáreas de bosques, pastizales y vegetación, dejando más de 200 afectados.
En este caso y, a diferencia de otros incendios forestales como -por ejemplo- el de Las Máquinas y Las Cardillas, los imputados fueron ejecutivos y técnicos de la Compañía General de Electricidad (CGE), apuntados por negligencia y haber incumplido labores de supervisión de la seguridad, mantención y cuidado las redes de transmisión eléctrica.


Es decir, no se siguieron las normas que obligan a mantener una zona de seguridad de cinco metros en torno a los cables de alta tensión, sumado lo anterior a las altas temperaturas, vientos y baja humedad, lo que terminó por provocar la caída de árboles sobre el tendido eléctrico, originando los incendios.


JUEZ DE GARANTÍA
Por ello, el día miércoles 12 de diciembre pasado, se vivió un nuevo capítulo en la investigación abierta en contra Juan Manuel Ortega Muñoz, Leonardo Sazo Recabal, Pablo Loyola Apablaza y Guillermo Gutiérrez Quezada, ejecutivos de la empresa eléctrica CGE, imputados por la fiscalía como autores de delitos de negligencia contemplados en la ley de bosques.


Así entonces, en la audiencia, el juez, Cristián Albarrán, del Juzgado de Garantía de Curepto, aprobó la salida alternativa acordada por el ente persecutor y la empresa CGE, lo cual considera tres tramos de pagos para las víctimas de los siniestros.
Las víctimas de los siniestros deberán aceptar los acuerdos reparatorios por montos que van entre cinco a 30 millones de pesos, cifras que debería cancelar la empresa eléctrica según una verificación en terreno caso a caso, por parte de una compañía liquidadora de seguros.

 

TRAMOS DE PAGOS
En palabras del juez Albarrán, “lo que se hizo fue arribar a la suspensión condicional que es una salida alternativa de la causa, lo que es una forma de poder terminar la causa sin llegar a un juicio con quienes son imputados”.
En tanto, el fiscal, José Alcaíno, explicó que según los casos que tienen catastrado y que reclaman las víctimas, los daños se avalúan aproximadamente en 9 mil 500 millones de pesos.
“Existen tramos de reparación. El primero que va hasta los 5 millones. Es una vía menos formal y bastante rápida, donde no hay una tasación. Posteriormente, hay un tramo de 5 a 30 millones, donde sí va un liquidador que tasará los daños, con una muestra representativa. Aquellas personas cuyos daños son avaluados en más de 30 millones, también una compañía liquidadora tasará los daños”, señaló Alcaíno.

 

DEFENSA
Por su parte, Cristián Muga, abogado defensor de los imputados, refirió que están satisfechos con el acuerdo alcanzado, y que desde la empresa están comprometidos a cumplir con las medidas compensatorias en el plazo de dos años.


“Este es un procedimiento que ha dado muestras de su éxito y su capacidad de resolver los problemas. Hay 49 acuerdos ya suscritos antes de esta audiencia, lo que es manifestación de dos cosas, primero, la seriedad del ofrecimiento y, en segundo término, la importancia que tiene esto para las personas más vulnerables”, apuntó Muga.


No obstante, dos querellantes no se suscribieron a la medida compensatoria, algo que no impidió cerrar el acuerdo económico y salida alternativa.
Soraya Opazo, abogada querellante, explicó que la razón de no aceptar el acuerdo se debe a que la medida no es ventajosa, y que “una de las víctimas ,que es un empresario de la comuna de Curepto, no aceptó las bases del acuerdo que propuso fiscalía con la defensa, por consideraciones personales de mi representado, que en este minuto no puedo entregar”.


Anaís Duque

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