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Fallo unánime en la primera sala del máximo tribunal regional

Corte de Talca confirmó sobreseimiento por prescripción de un episodio del Caso CTS

Sentencia benefició a los imputados Juan Castro, Juan Valdebenito y Christian Tizza, este último, representante legal de la empresa CTS, todos imputados por cohecho y soborno debido a un viaje a Argentina que ocurrió el año 2008

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 20 de Diciembre 2016

TALCA.- Sin votos disidentes, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca resolvió ayer confirmar el sobreseimiento definitivo por la causal de prescripción de uno de los episodios del denominado Caso CTS ocurrido el año 2008, siendo formalizado por la fiscalía de Talca en audiencia judicial de octubre del 2014.

La sentencia del máximo tribunal regional ratificó un dictamen emitido el 11 de noviembre pasado por el juez Víctor Rojas, del Juzgado de Garantía de Talca. Allí primó el criterio de que cuando se formalizó la investigación, habían pasado más de los cinco años que fija la ley para configurar los hechos como un delito.

En este caso, el delito fue cohecho y soborno, cuyos imputados eran el ex alcalde de Talca, Juan Castro; el ex jefe de gabinete de la municipalidad de Talca, Juan Valdebenito; y el representante legal de la empresa CTS, Christian Tizza. Los hechos se referían a un viaje a Argentina realizado por Juan Castro siendo jefe comunal.

DEBATE JURÍDICO

Según la formalización de la fiscalía y previo a dicho viaje, Valdebenito habría contactado a Castro con Tizza, a lo cual se agrega que, con posterioridad, CTS se ganó la licitación municipal por el barrido de calles de la ciudad de Talca. Ello significó, en la práctica, un millonario beneficio para dicha compañía privada.

Al respecto, el debate que se generó en la Corte de Talca apuntó a si la formalización de la investigación realizada en octubre del 2014 interrumpía o no el plazo de prescripción. Así lo sostuvieron tanto la fiscalía de Talca, como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el querellante particular, abogado Fernando Leal.

Una posición contraria sostuvieron los defensores particulares de los tres imputados. La Corte se inclinó, finalmente, por estimar que solo una sentencia ejecutoriada configura un delito y que, recién en dicho contexto, se puede debatir si se interrumpe la prescripción. Así opinaron todos los integrantes del tribunal de alzada.

 

“ESTO NO TERMINA”

Al respecto, la abogada Grace Salazar, quien defiende a Juan Valdebenito, comentó que “claramente está pendiente el plazo de investigación y hay diligencias solicitadas respecto al único hecho que ahora está formalizado contra mi representado. Pero ahora claramente esto va encaminado a que lo van a tener que absolver”.

Una opinión distinta sostuvo el querellante, Fernando Leal, al señalar que “esto no termina aquí. Nosotros no nos vamos a quedar con esta resolución. Creemos que esta sala de la Corte ha incumplido fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratados internacionales en contra de los delitos de corrupción”.

“Allí, expresamente, se indica que los plazos de prescripción de estos casos no son iguales que un delito común. Según el fallo, en octubre de 2014 se cumplió el plazo de prescripción, pero un mes antes, una persona hizo una denuncia a una autoridad pública y a la Contraloría Regional, sin que nadie hiciera nada al respecto”, dijo.

 

Hernán Espinoza

 

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