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Según Mónica Sepúlveda, presidenta de la junta de vecinos de Santa Olga

Damnificados sin recibir bonos superarían a los cuantificados por Contraloría

En tanto, autoridades de gobierno abren la puerta a pagar los beneficios no entregados, siempre y cuando el organismo contralor lo determine.

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 04 de Septiembre 2018

TALCA.- “El paso que dio Contraloría lo agradecemos pero también quisiéramos que se nos considerara a la gente que todavía nos falta”. Así respondió la presidenta de la junta de vecinos de Santa Olga, Mónica Sepúlveda, al ser consultada por Diario El Centro sobre los resultados de la auditoría hecha por Contraloría a la entrega de bonos tras los incendios forestales de enero y febrero de 2017, donde quedó en evidencia, entre otras cosas, la exclusión de personas aptas para recibir los beneficios.
Los resultados de dicho procedimiento fueron expuestos en un informe emitido el 20 de agosto, cuyas observaciones y conclusiones fueron ampliamente difundidas en la edición de ayer lunes 3 de septiembre en nuestro medio. En lo principal, el documento habla de bonos mal asignados, damnificados excluidos y mal aplicación de fichas, en el ejercicio de la entrega del “Bono de Apoyo Habitacional Transitorio” y el “Bono de Enseres”.
Según agregó Mónica Sepúlveda, la cantidad de casos que aparecen en el informe de Contraloría sin recibir bono alguno, no corresponde a la totalidad de personas en esa condición. Dijo que, ellos como dirigentes, tienen una nómina interna de 43 familias que no están consideradas ni por Contraloría ni por el gobierno. “Esa gente va a tener que seguir insistiendo y nosotros vamos a tener que seguir apoyándolos para que puedan incorporarse y obtener ese beneficio”, expresó.
La presidenta de la junta de vecinos de Santa Olga señaló a Diario El Centro que, en la última reunión de la mesa de reconstrucción, realizada solo unos días después de haberse emitido el informe de Contraloría, se hizo ver la situación allí planteada, especialmente de los casos de damnificados que, cumpliendo los requisitos, no han recibido los bonos correspondientes.
“Lo dijimos de un principio y el gobierno anterior no tomó mucho caso a las listas que nosotros enviamos, a las conversaciones que tuvimos, a los informes que entregamos sobre cada persona y nos sentimos mal por eso”, recalcó la dirigente del sector afectado.
No obstante, el gobernador de Talca, Felipe Donoso, en su calidad de coordinador de la mesa de reconstrucción, señaló que de ese listado que poseen los vecinos, hay casos que ya han recibido algún tipo de solución habitacional.

A LA ESPERA DE CONTRALORÍA
Tanto el gobernador Donoso como el seremi de Vivienda y Urbanismo, Gonzalo Montero, declararon que, la posibilidad de pagar los bonos que no han sido entregados a los damnificados que cumplen con los requisitos dependerá de lo que establezca Contraloría tras el plazo de 60 días que el organismo de control otorgó a los servicios involucrados para responder acerca de las medidas adoptadas en los procedimientos observados.
“Una vez que termine el proceso y, dependiendo de lo que diga Contraloría, la Intendencia puede cambiar esa decisión, antes no. Este es un proceso que tiene un plazo de 60 días y vamos a ser estrictos”, declaró Felipe Donoso. En tanto, Gonzalo Montero señaló que “si la Contraloría señala que esos vecinos merecen y corresponde entregar estos bonos, se hará la entrega de manera íntegra de los recursos a cada uno de ellos”.
Sin embargo, en las conclusiones de la auditoría, Contraloría expresa en su informe que “los servicios relacionados (Intendencia, en coordinación con la Seremi de Desarrollo Social y Serviu) deberán reevaluar los casos y definir la procedencia del pago de los bonos”, por lo cual no bastaría un nuevo pronunciamiento del organismo, sino que hacer la evaluación pertinente.
Respecto a la depuración de las nóminas de damnificados, el seremi Gonzalo Montero señaló que se están analizando todos los casos de personas a los cuales se han entregado las viviendas para ir eliminándolos de los registros de quienes deben seguir recibiendo el “Bono de Apoyo Habitacional Transitorio”, pero también afirmó que serán severos con aquellas personas que adulteraron información para obtener los beneficios.

Claudio Rojas

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