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Abogados de Juan Castro y Juan Valdebenito

Defensas exigieron sobreseimiento que se discutirá el 11 de noviembre

Mónica Cerda, abogada de Juan Carlos Díaz, no descartó sumarse a la petición, en tanto así lo evalúe. También advirtió que “no nos opusimos al arraigo para que esto se aclare pronto”

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 28 de Septiembre 2016

TALCA.- Dos de las tres defensas particulares de los imputados en el Caso CTS replicaron de inmediato solicitando una audiencia de sobreseimiento por el delito de cohecho, en particular, por el viaje a Argentina que hicieron Juan Castro y Juan Valdebenito. La fecha será el viernes 11 de noviembre próximo en el mismo tribunal.

Según la fiscalía, el viaje habría sido financiado por CTS, empresa que luego tomó la limpieza y barrido de calles en Talca. La abogada Grace Salazar, defensora de Valdebenito, comentó que “mi representado ingresó al municipio el 2010, así que no puede ser imputado como jefe de gabinete por algo que ocurrió el año 2008”.

Por su parte, Mauricio Jorquera, defensor de Juan Castro, indicó que “el delito de cohecho no existió. El viaje efectivamente se realizó a Argentina, pero no hubo beneficio económico. Mi representado reconoció haber viajado, pero eso no significa lo que quiere atribuir la fiscalía. Eso no acredita nada en específico”.

 

“PARA QUE TODO

SE ACLARE”

La abogada Mónica Cerda, defensora particular de Juan Carlos Díaz, no descartó sumarse a la petición de las otras defensas, según avance la investigación. También explicó por qué no se opuso a la medida cautelar de arraigo nacional, señalando que “es para que todo esto se aclare y se compruebe su total inocencia”.

“Si uno no lo discute, es porque el cliente quiere que en el más breve y acotado plazo se pueda aclarar todo. Mi defendido siempre ha estado dispuesto a asistir a cada uno de los actos del procedimiento y a las diligencias. Por ello, esa decisión está vinculada directamente con la idea del plazo de dos meses”, agregó.

“Primero porque creemos que la fiscalía ha tenido sobradamente tiempo para investigar estos hechos. Esta causa partió en marzo del 2015 con la denuncia y la primera querella es de abril de ese año. La entrada y registro a la municipalidad de Talca fue en mayo del 2015. Que la fiscalía necesite otros ocho meses es excesivo”, precisó.

 

Es una señal importante

El concejal por Talca, Sixto González, quien tiene calidad de denunciante en la investigación, afirmó que “estamos conformes con la medida cautelar que se aplicó a los imputados, porque es una señal importante que la justicia quiere seguir avanzando. La defensa equivocó el camino porque pensaba acortar los plazos a la fiscalía”.

 

Tenemos una opinión contraria

Ante la solicitud de sobreseimiento de las defensas, el fiscal, Héctor de la Fuente, contestó que “vamos a discutir esa propuesta para oponernos. De hecho, veníamos preparados por si la discusión se realizaba hoy (ayer). Lo que ellos quieren es que se diga que los plazos están prescritos. Pero nosotros tenemos una opinión contraria”.

 

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