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“El riesgo de caer en el populismo penal es llevar ese populismo a toda la sociedad”

Autoridad máxima del Ministerio Público llevó a cabo recientemente una intensa agenda en Talca. Allí se dio el tiempo para hablar con Diario El Centro y analizar temas de connotación, como son la puesta en marcha de la fiscalía de foco, la investigación por los incendios forestales, las polémicas salidas alternativas a los políticos y la reunión con los enviados a Chile el Papa Francisco “Nosotros tenemos una responsabilidad social de la cual tenemos que tener consciencia de que nuestros actos no son inocuos con lo que pasa en la sociedad. Cuando se alimentan expectativas que no son posibles de cumplir, porque la legislación no es lo suficientemente severa o cuando los antecedentes no tiene la contundencia necesaria, pues bien, las salidas alternativas pueden ser una solución”

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 17 de Junio 2018

¿Cuál es el objetivo de este nuevo modelo de investigación que se inauguró en nuestra región con la denominada “fiscalía de foco”?
“Esto parte de la constatación de que la investigación caso a caso resulta ineficiente cuando se está en presencia de fenómenos delictuales, como son delincuentes prolíficos u organizaciones criminales. Porque al hacer investigación caso a caso, simplemente lo que se aborda es un caso concreto, desvinculado de otros similares que podrían estar siendo cometidos por las mismas personas.
Aquí funciona, como en todo, la regla de que el 80% de los delitos los comete el 20% de las personas. Por ello, tenemos que centrar nuestros esfuerzos en tratar de identificar los fenómenos delictivos que existen en una determinada región, para a partir de ello, orientar y agrupar investigaciones que tengan patrones comunes y elementos que nos pueden ayudar a establecer quienes son los responsables de esos delitos.
Muchas veces nos encontramos con que tenemos información parcial con la cual no tenemos la capacidad de poderle atribuir en concreto a una persona determinada la comisión de un ilícito. Pero cuando sumamos información, tenemos capacidad para ir abriendo líneas de investigación que nos permiten llegar a personas concretas, que es en definitiva el desafío de la investigación”.
¿Tiene que ver también con suplir falencias legislativas? Porque en Talca ha pasado que se detiene a imputados por un robo en lugar no habitado y, aunque sea de connotación, no habiendo más casos, los fiscales no pueden pedir la prisión preventiva…
“Por cierto. El hecho de poder establecer la reiteración de delitos importa la posibilidad de aplicar a las personas una agravante que aumente la penalidad. Pero, además, nos sirve para ir desarticulando estas bandas y, también, ir generando medidas de protección a las víctimas. Las personas y sus propiedades son muchas veces vulnerables y no tienen consciencia de esa situación. Y con estas investigaciones nos permiten establecer cómo se van cometiendo este tipo de delitos, de modo que las víctimas puedan tomar ciertas medidas preventivas”.
¿Y existe capacidad policial para afrontar este nuevo modelo investigativo?
“Existe un compromiso de Carabineros y la PDI para poner equipos especiales a trabajar con los fiscales de foco. En consecuencia, tienen la cobertura necesaria policial para llevar adelante las diligencias que aparezcan como necesarias producto del análisis de la información que llega a la unidad. Y esa información llega fundamentalmente a través de nuestros propios sistemas o bien en el contacto con la comunidad. Esta es una unidad que tiene que estar permanentemente en contacto con los municipios, gobernaciones, juntas de vecinos y los comités de seguridad ciudadana, de modo tal de levantar el máximo de la información para mejorar la capacidad para establecer quienes son responsables de los hechos. La comunidad tienen información que muchas veces no nos llega, ya sea porque la gente espontáneamente no la entrega o cuando hace la denuncia es en términos muy parciales. Pero cuando se está en contacto con la comunidad, pues bien, se recibe una mayor cantidad de información que la que llega por las vías formales. Esa es una experiencia bien notable, cómo se genera esa retroalimentación que es fundamental”.

INCENDIOS FORESTALES
En el verano del 2017 se registraron incendios forestales que provocaron graves daños económicos y medioambientales. Luego se descubrió por la investigación de la fiscalía y la PDI que las causas apuntaban a negligencias en las empresas de transmisión eléctrica. Ahora se está llegando a acuerdos que podrían terminar con aportes directos a las víctimas de parte de estas compañías privadas. ¿Qué aspectos positivos tiene seguir esta vía legal y no simplemente ir por un juicio y posible condena?
“Frente a este tipo de delitos, la verdad es que el Ministerio Público ha definido buscar la mejor solución al conflicto penal, la cual no pasa sólo por el reproche penal, esto es, la aplicación de una pena que, habitualmente, es bastante menor cuando estamos en presencia de cuasidelitos. La solución también pasa por la satisfacción de las necesidades de las víctimas, Y la experiencia que hemos vivido en esta región ha sido importante, porque se ha centrado el esfuerzo en ello y el Ministerio Público ha sido un articulador de buscar esa solución, entre los imputados y las víctimas. Así se han logrado acuerdos que se están materializando y que, probablemente, lleguen a satisfacer en mucho mejor medida las necesidades de las personas que el simple reproche penal respecto de quienes eventualmente pueden haber sido responsables de estos hechos. Y ahí el trabajo de la fiscalía –y eso lo han destacado las personas- como agente de la búsqueda de la mejor solución al problema, pasa por satisfacer las expectativas de las víctimas, que son resarcir los perjuicios que ellos tuvieron producto de estos hechos”.
¿Es más eficiente este modelo de salida alternativa que permite ir caso a caso? Se lo pregunto por lo que pasó con la reparación económica por la colusión del papel, donde se toma un monto total que se divide y la gente debe quedar supuestamente conforme con ello...
“Acá es algo distinto, porque se ha buscado una compensación individual, o sea, cada caso en particular está tomado en su propia dimensión y realidad particular. No se trata de una compensación general o única para todos. Para nada. Aquí se trata de buscar satisfacer las expectativas que tiene cada uno a través de fórmulas que se han ido ensayando, con tramos de perjuicios donde se van generando ciertos requisitos para acceder a ser compensados por parte de los imputados”.
¿Es una experiencia a seguir pensando que, por ejemplo, en el otro gran caso de colusión de las farmacias, el Ministerio Público simplemente ni siquiera alcanzó a tener los antecedentes a mano para iniciar una persecución penal que permitiera estas salidas alternativas?
“Por cierto. Creo que es una muy buena experiencia para delitos de esta naturaleza que afectan a muchas personas y que tiene un origen único o bien común y que han generado estos efectos. Aquí el centro está puesto en el interés de la víctima, más que en el puro reproche penal, que es igualmente importante, pero no soluciona el conflicto en su raíz”.

SALIDAS ALTERNATIVAS
En el mismo tema de las salidas alternativas, en Talca tuvimos el Caso CTS que involucró a un senador y un alcalde en ejercicio, terminando en salida alternativa a un juicio. ¿Sigue sosteniendo el Ministerio Público que para estos delitos contra la probidad es correcto llegar a acuerdos?
“Cuando uno hace un análisis para tomar una decisión respecto de qué salida o término le va a dar a una investigación, hay que revisar los antecedentes con que se cuenta y la expectativa legal de una pena que pudiera obtenerse a través de un juicio, sumando los costos que todo esto significa, no sólo para el Ministerio Público, sino también para las propias víctimas. Así fue en el Caso 27/F, donde se tomó una decisión legítima de llegar a una suspensión condicional, porque al final del día se podía llegar a una pena irrisoria.
En consecuencia, el uso de todas las herramientas de término siempre es importante. No podemos caer en el populismo, porque a veces en ese tipo de causas hay bastante populismo. La gente esperaría juicios con grandes reproches, pero uno tiene consciencia que eso no es posible. Ello significaría trasladar el reproche final a los tribunales de justicia y eso no es leal de parte de uno de los intervinientes, esto es, traspasar el costo a otro de soluciones que uno va a tener claridad que son mínimas, atendidas las limitaciones que tienen nuestra legislación. Por ello, nos alegramos que se haya aprobado el aumento de penas en delitos graves, como el cohecho”.
¿Este instituto de las suspensiones condicionales estaba pensado originalmente para imputados por delitos contra la probidad? Se lo pregunto porque la promesa original de la reforma procesal penal es que estas salidas alternativas eran para casos de delitos menores que afectaran a personas comunes que cometen algún error. ¿O bien por el principio de igualdad no se pueden hacer diferencias?
“No es posible decir que las suspensiones condicionales no son aplicables a cierras categorías de personas. Eso significa una discriminación que no es posible en nuestro derecho. Yo fui de los primeros que apliqué suspensiones condicionales a políticos a raíz de la investigación en el Congreso por el uso de asignaciones parlamentarias. Allí igualmente condenamos a uno -que fue Maximiano Errázuriz- que tenía una conducta que era intolerable.
Hicimos la distinción con casos graves que merecían una pena y fuimos a juicio con una sanción importante. Pero también suspendimos por otro lado. También nos parecía inaceptable el uso de recursos públicos en campañas políticas que eran para generación de empleos.
Efectivamente, depende de cada caso en particular y esa evaluación la tiene que hacer cada fiscal en particular. Esto tiene reproches públicos bastante fuertes y duros que tienen que enfrentar los fiscales cuando toman este tipo de decisiones. Pero en verdad tienen que hacerlo de forma tal de cumplir objetivamente con sus responsabilidades”.
¿Entonces cómo se compatibiliza este criterio de persecución penal con la necesidad de incrementar la confianza de la ciudadanía en la justicia en general? ¿O bien se trata de no caer derechamente en el populismo?
“El riesgo de caer en el populismo penal es llevar ese populismo a toda la sociedad. Nosotros tenemos una responsabilidad social de la cual tenemos que tener consciencia de que nuestros actos no son inocuos con lo que pasa en la sociedad. Cuando se alimentan expectativas que no son posibles de cumplir, porque la legislación no es lo suficientemente severa o cuando los antecedentes no tiene la contundencia necesaria, pues bien, las salidas alternativas pueden ser una solución”.
¿Y esperaría el Ministerio Público que otros poderes del Estado tomen medidas internas, especialmente, en el Congreso?
“Todos estos fenómenos que han ocurrido han generado mayores exigencias. Y hoy la ciudadanía está mucho más empoderada y exige mucho más de sus autoridades, con un control social que no existía hasta hace poco tiempo atrás. Vemos cómo varió el financiamiento de la política en la última elección, donde ya no vimos las calles plagadas de letreros. Eso es porque las fuentes de financiamiento ilícito cesaron. Los empresarios han tomado consciencia que no pueden estar financiando la política por vías ilegales. Y no están disponibles para eso. Esto es, generar influencia respecto a quienes se les hacen ciertos aportes”.

Hernán Espinoza

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