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Empleados fiscales nuevamente marcharon por un reajuste salarial cercano al 7%

Por otro lado, cuatro asociaciones gremiales del Poder Judicial se manifestaron en las afueras de la Corte de Apelaciones porque consideran que el Ejecutivo “pretende imponer como política general el congelamiento de las remuneraciones”, afectando año a año a mayor número de funcionarios

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 05 de Noviembre 2016

TALCA.- Ayer se cumplió el cuarto día de movilizaciones y paralización de los empleados fiscales en reclamo por un reajuste salarial cercano al 7% para el 2017. Los gremios, miembros de la Mesa de Negociación del Sector Público, marcharon nuevamente por el centro de la capital maulina, para demostrar la fuerza que tiene el movimiento ya que en cada oportunidad, se reúnen unas mil personas a protestar.

La presidenta provincial de la CUT, Soraya Apablaza, indicó “llevamos cuatro jornadas de movilizaciones en todo el país. Ha sido un gran avance en lo que hemos logrado por salir a la calle.  Si no lo hubiéramos hecho, habríamos obtenido el 2,9% como nos habían ofrecido inicialmente. Hoy estamos en un 3,2% y es inédito que el pleno de la Cámara de Diputados y la Comisión Mixta hayan rechazado por completo un proyecto. Esa es una clara señal al Ejecutivo y al legislativo, que la gente ya no está dispuesta a seguir aceptando lo que nos quieran dar. No estamos pidiendo nada más que lo correcto porque el IPC que se está proyectando no tiene que ver con el 3,2% que nos están ofreciendo hoy día”.

En este sentido, la dirigenta señaló que ya el año pasado tuvieron una pérdida del poder adquisitivo porque “se nos entregó menos que en el IPC acumulado. Los trabajadores públicos no somos los que queremos salir a la calle, sino que nos obligan a salir a la calle y por eso estamos acá, para acogernos a los acuerdos internacionales de la OTEC”, enfatizó Apablaza.

Por último, la representante de la CUT destacó que el sector público seguirá atento y alerta. “Por ahora los turnos éticos están funcionando con normalidad en los servicios asistenciales. Pero eso no significa que con la fuerza que tenemos, radicalicemos aún más el movimiento y eso significaría una paralización sin turnos éticos”, finalizó.

 

PODER JUDICIAL

MOVILIZADO

Las Asociaciones Gremiales del Poder Judicial: Anejud, ANM, Aprajud y Ancot, manifestaron “su preocupación por la tramitación legislativa infructuosa en la determinación de un acuerdo digno que reajuste a los salarios de los trabajadores del Estado”, dijo Luis Vistoso, representantes de los Empleados. Magaly Valdés, presidenta regional de la Asociación de Consejeros Técnicos, a nombre de los gremios, manifestó “un solidario respaldo a las acciones de la Mesa de Negociaciones del Sector Público, en su lucha por lograr dignas y justas remuneraciones para los trabajadores del Estado. Convocamos a nuestras bases a mantenerse en alerta al desarrollo de este problema y atentas a las acciones a seguir”.

Gerardo Bernales, presidente regional de la Asociación de Magistrados indicó: “no nos oponemos a la directriz de escalonar los esfuerzos económicos del Estado en favor de las remuneraciones más bajas, los que bajo ninguna circunstancia puede hacerse a costa del poder adquisitivo de otras remuneraciones de servidores públicos. Rechazamos el congelamiento de los salarios asociados a labores de alta responsabilidad estatal, pues ‘congelar\' es ‘rebajar\' el poder adquisitivo de los salarios por ajuste mínimo de la devaluación del dinero por efecto del IPC”.

Patricio Peñailillo, presidente regional de la Asociación de Profesionales expresó: “denunciamos que la argumentación de ‘congelamiento\' anunciada para paliar una contingencia transitoria el 2015, se pretende imponer ahora como política general sobre remuneraciones, lo que se cierne como peligro creciente para todos los trabajadores del Estado, pues afecta año a año, a un mayor número de servidores. Es obligación del Estado mantener el poder adquisitivo de las remuneraciones de sus trabajadores y no es posible que se evidencie incapaz en cautelar esa garantía mínima”.

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