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Habla subsecretario de Justicia, Nicolás Mena

“En octubre van a comenzar las obras de construcción de la nueva cárcel de Talca”

Autoridad de Gobierno visitó la capital regional para encabezar la firma de convenios, que darán vida a Unidades de Justicia Vecinal en 15 comunas de la Región del Maule. Allí, se dio un tiempo para conversar con Diario El Centro sobre temas candentes que afectan a Gendarmería y a la Reforma Procesal Penal

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 02 de Julio 2017

TALCA.- El proyecto de nueva cárcel para Talca, las movilizaciones que han afectado a Gendarmería, la Reforma Procesal Penal y la instalación de Unidades de Justicia Vecinal en 15 comunas de la región, fueron los temas que abordó con Diario El Centro el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, en su reciente visita  a Talca.

La autoridad de Gobierno anunció que de no existir inconvenientes de última hora, se espera que en octubre próximo comiencen las obras de construcción de la nueva unidad penal “La Laguna” en Panguilemo, confirmando también que el terreno del actual recinto penal de la Alameda será entregado por Gendarmería.

En este punto, fustigó duramente al anterior gobierno, en cuanto a que se modificaron proyectos ya existentes, luego se realizó un nuevo diseño para un  centro de educación y trabajo, pero donde finalmente nunca se iniciaron las obras. También recordó que fueron administraciones anteriores las que negociaron y compraron el terreno.

 

-Subsecretario, usted está visitando Talca para firmar convenios con 15 alcaldes en el marco de la instalación de Unidades de Justicia Vecinal. ¿En qué consiste esta iniciativa?

“Esto surge a propósito de la necesidad que teníamos como Ministerio de Justicia de continuar con un programa que se desarrolló durante seis años en la Región Metropolitana. Y coincide con un planteamiento que nos hizo el capítulo regional de la Asociación de Jueces de Policía Local, en cuanto a si estábamos interesados en llevar a cabo un trabajo mancomunado y colaborativo entre distintos actores, para replicar un proyecto de estas características. En estas condiciones, fuimos avanzando con planes piloto en Vichuquén y Parral, pero ahora queremos dar un gran salto, para lo cual hemos logrado un importante apoyo del Gobierno Regional y la Corte de Apelaciones de Talca”.

 

-¿En qué va a aportar el Ministerio de Justicia?

“Nosotros vamos a volcar en esta región una experiencia acumulada durante seis años en la Región Metropolitana que aspiramos a expandir en todo el país. Ahora ponemos esos resultados a disposición de la región, con un programa definitivo que -aspiramos- incluya a más comunas, para, ojalá, abarcar toda la región. Así hemos querido partir en el Maule, porque aquí se daban todas las condiciones de interés sectorial y características demográficas, ya que estos programas son muy útiles, en términos de que acercan la Justicia a la gente”.

 

-¿Y qué significa esta justicia vecinal en la práctica?

“Ocurre que la mayoría de los conflictos que tiene el ciudadano común y corriente son en su entorno más directo, esto es, vinculados a problemas de incivilidades o con los vecinos. Esto es, por automóviles mal estacionados frente a las salidas de las casas; tenencia irresponsable de mascotas; ruidos molestos; servidumbres de paso o deslindes de propiedades. Es decir, asuntos que para las personas son muy agobiantes y que son costosos de llegar ante un tribunal.

Por lo tanto, en esto, la gente muchas veces vive permanentemente con estos conflictos y no los resuelve, porque considera que es poco lo que se logra, versus los costos y el tiempo que significa acudir a un tribunal. En este punto, estas Unidades de Justicia Vecinal permiten dar solución precisamente a asuntos que no requieren judicialización, sino que se pueden resolver con la intervención de un mediador plenamente capacitado y letrado, para, además, descomprimir las cargas de los juzgados civiles y de policía local. Lo que se buscará son acuerdos entre las partes que sean obligatorios y, en caso que no se cumplan, avanzar a la judicialización. Es una cosa que es bastante  útil para la gente”.

 

-¿Hablando precisamente de la Justicia, como evalúa su ministerio la Reforma Procesal Penal y el trabajo de sus instituciones?

“Nuestra visión es muy positiva, porque la reforma penal significó un cambio muy importante, en especial, debido a que se redujo significativamente el número de personas que esperaban por años una sentencia en prisión preventiva, lo que era una aberración jurídica y atentaba contra el principio de presunción de inocencia. El hecho de haber instalado una institución autónoma como el Ministerio Público para que se hiciera cargo de la investigación penal dio muy buenos resultados. Se trata de una entidad que ha generado mucha confianza en la sociedad, en particular, luego que se hizo cargo de indagar y aclarar los casos de financiamiento ilegal de la política”.

 

-¿En ese contexto, existe espacio en la agenda legislativa del Gobierno para la autonomía de la Defensoría Penal Pública o vamos a tener que esperar a que lo resuelva la nueva administración?

“En este Gobierno lo vemos muy difícil. Sabemos que la Defensoría Penal Pública lo viene reclamando desde hace años y coincidimos en gran parte con lo que ellos plantean en un proyecto de ley que fue diseñado con participación del mundo académico, pero no existe espacio legislativo. Nos han acusado por ser extremadamente reformistas, y la verdad es que otra reforma más es difícil, con los meses que quedan. Hay que priorizar la agenda legislativa, donde nuestro interés está ahora focalizado en la infancia, con todos los cambios a la institucionalidad del Servicio Nacional de Menores (Sename)”.

 

-En el tema penitenciario, la capital de esta región tiene una aspiración histórica de sacar la cárcel desde el centro de la ciudad y llevarla a un lugar alejado y más seguro. En su última visita, el ministro de Justicia, Jaime Campos, anunció que el proyecto fue licitado y que Gendarmería entregaba el terreno de la Alameda al Gobierno Regional. ¿Cuándo piensan ustedes que esto se vuelva una realidad?

“Eso es un hecho. Yo como subsecretario firmé los documentos de la adjudicación a la empresa que se ganó la licitación pública y la construcción debiera comenzar en octubre. Solamente estamos en trámites administrativos con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), pero la nueva cárcel de Talca va  a ser una realidad”.

 

-¿Y usted ratifica que Gendarmería va a hacer entrega del terreno de la Alameda?

“Eso también lo confirmo. La región, con su intendente, tendrá que decidir lo que va a hacer con ese terreno. Es un espacio importante, con una ubicación estratégica y que puede transformarse en un centro cívico o lo que sea más adecuado para la ciudad. Se trata de una oportunidad histórica que va a permitir un importante desarrollo de la capital”.

 

-Se levantó en su momento una polémica respecto al temor de instalar una cárcel en una zona rural como Panguilemo, en especial, por la llegada al sector de familiares de internos, lo cual fue calificado como discriminador por autoridades sectoriales. ¿Existe ese riesgo?

“Creo que las personas tienen que entender que las cárceles son una oportunidad y no una amenaza.  Estas unidades penales tienen altos estándares de seguridad, donde prácticamente no hay fugas o peligros de esa naturaleza. Todo lo contrario, es una oportunidad”.

 

-¿Era viable el diseño de centro de educación y trabajo que llevó a cabo el gobierno anterior?

“En esto hay que ser claros. El gobierno anterior hizo una serie de anuncios. Partió diciendo que iban a construir la cárcel en ese periodo;  después redujeron la capacidad del proyecto; y también hablaron de un diseño de centro de educación y trabajo. Pero al final no construyeron nada en  cuatro años. Nosotros podemos decir que ese fue un lapsus, porque en administraciones anteriores ya sea había comprado el terreno, así que lo que hicimos fue retomar el proyecto original, luego terminamos el diseño, licitamos y adjudicamos. Y esperamos partir con las obras en octubre, con un modelo que es lo que se requiere dadas las características de la población penal de la región. Además en pleno acuerdo con Gendarmería”.

 

-Y precisamente hablando de Gendarmería, cómo esperan alcanzar acuerdos con los gremios de esa institución que comenzaron movilizaciones en Santiago…

“Como Gobierno creemos que es muy importante que prime el diálogo por sobre cualquier acción de fuerza. Pero todo se debe canalizar a través de los conductos regulares, esto es, primero con la dirección nacional de Gendarmería. En esto, hay temas que podemos resolver en los meses que nos quedan y otros no. En lo que queda vamos a tratar de avanzar lo más posible, pero siempre en acuerdo con el director nacional”.

 

-¿No le parece extraño al Gobierno que cada cierto tiempo se generen movilizaciones en Gendarmería, luego se firman acuerdos y al poco tiempo vuelven los conflictos y demandas?

“Lo que hay detrás es principalmente el tema de las pensiones, porque es público y conocido lo que ocurrió y el impacto que tuvo sobre esa institución. Creo que en eso están pagando las consecuencias la totalidad de los gendarmes, por un grupo muy pequeño que se vio beneficiado con el mal uso de este instrumento. En ello la Contraloría fijó un límite a las pensiones que fue confirmado por los tribunales, en lo cual, no tuvimos mayor intervención. Existe una discusión pendiente como sociedad respecto al tema de fondo, como son las pensiones de todos los chilenos, tengan o no uniforme”.

 

-¿Y qué rol juega la reinserción social en estas exigencias nuevas que se ponen a Gendarmería?

“Creemos que la reinserción social es muy importante, para lo cual estamos trabajando con un comité asesor donde Gendarmería tiene un rol muy importante, cuyo fin último es lograr una política como Estado, escuchando opiniones de ex ministros, instituciones no gubernamentales y de expertos en esta materia”.

Hernán Espinoza

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