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Se suman el representante legal de la empresa CTS por soborno

Fiscalía de Talca presentará cargos por cohecho contra Juan Carlos Díaz y Juan Valdebenito

Juzgado de Garantía de Talca fijará la audiencia en los próximos días, mientras el alcalde, Juan Castro, salió en defensa de su administrador municipal y jefe de emergencia. Dijo que la fiscalía no debe inmiscuirse ni influir en asuntos políticos

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 21 de Junio 2016

TALCA.- El fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, solicitó audiencia al Juzgado de Garantía de Talca para formalizar una investigación por el grave delito de cohecho en contra del Administrador de la Municipalidad y Director ejecutivo del programa Junto a Ti, Juan Carlos Díaz, y del jefe del departamento de emergencia comunal, Juan Valdebenito.

Se trata del denominado Caso CTS que se remonta a mediados del año pasado, cuando la fiscalía de Talca comenzó la investigación a partir de una querella y un informe de fiscalización de la Contraloría Regional. El primero paso fue un allanamiento e incautación de documentación contable en la propia municipalidad.

De allí en adelante hubo total reserva en las pesquisas que encabezó la ex fiscal de Talca, Paula Rojas, junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Linares. En fecha reciente, la fiscal Rojas pidió su traslado a Santiago y el Caso CTS pasó a manos del fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente.

 

“SECRETO BANCARIO”

Así a principios del presente mes, el fiscal jefe obtuvo del Juzgado de Garantía de Talca una autorización para levantar el “secreto bancario” de cinco personas, en calidad de imputados no formalizados. Entre ellos se contaba a Díaz y Valdebenito, además del representante legal de la empresa CTS, Christian Tizza.

Pero no eran los únicos, ya que la fiscalía también incluyó a las empresas Sociedad de Transportes CTS Limitada y Sociedad Intervención Urbana Limitada, en calidad de personas jurídicas. El Juzgado de Garantía autorizó a la fiscalía para conocer los movimientos bancarios de todos ellos entre enero del 2011 y marzo del 2016.

En especial, la solicitud apuntaba a revelar “los depósitos, captaciones u operaciones que hubiera realizado la persona individualizada, en las cuentas que actualmente estén abiertas y las que se hayan cerrado”. En específico, se trataba de 11 requerimientos de información dirigidos a bancos y cooperativas.

 

COMPRA DE TERRENO

Los argumentos de la fiscalía para pedir la autorización judicial arrojan luces sobre lo que será la formalización de los futuros imputados. En el caso de Juan Carlos Díaz, se indica que en julio del 2013 adquirió por compraventa un terreno en 12 millones 500 mil pesos ubicado en la Población El Mirador, en Talca.

Juan Valdebenito compró un terreno aledaño por la misma suma de dinero. Un mes después, dichas autoridades municipales vendieron ambos lotes a la Sociedad de Transportes CTS Limitada, representada legalmente por Cristian Tizza, con un pago adelantado de 4 millones, pero con firma del contrato retrasada por un año.

Y en diciembre del 2013, Díaz y Valdebenito arrendaron ambos lotes a la empresa Intervención Urbana Limitada, la cual tiene como representante legal también a Christian Tizza, a un costo mensual de 250 mil pesos y por un año. Luego, utilizando una cláusula del contrato, Urbana subarrendó el mismo terreno a CTS Limitada.

 

MULTAS NO COBRADAS

Según los antecedentes que expuso la fiscalía, el negocio tuvo su punto final en mayo del 2014, cuando Díaz y Valdebenito le vendieron los dos lotes a Intervención Urbana Limitada por una suma individual de 35 millones de pesos, es decir, más del doble del precio original y luego de un año de pagos mensuales por arriendo.

Pero eso no es todo, ya que la auditoría realizada por la Contraloría Regional del Maule reveló que en el periodo entre la compra de los terrenos y su posterior venta, Juan Carlos Díaz -como alcalde subrogante de Talca- autorizó decretos de pago a Transportes CTS Limitada por servicios de aseo a la municipalidad.

La fiscalía sostiene que también consta en la investigación que ha existido incumplimientos de Transportes CTS Limitada en los servicios de limpieza de calles, sin que se hicieran efectivas las multas. Se añade un dato anexo en cuanto a que la misma empresa pagó su primera patente el año 2014, aunque se adjudicó el barrido de calles el 2011.

 

PERSONALIDAD JURIDICA

En ese contexto, un antecedente relevante es que la solicitud de formalización de la fiscalía no sólo involucra a Díaz y Valdebenito, sino que también considera a Christian Tizza, como autor del delito de soborno, no sólo en su calidad de persona natural, sino también como representante legal de las empresas Urbana y CTS.

Así la fiscalía esgrimirá la ley 20.393 que autoriza perseguir la responsabilidad penal de personas jurídicas. En cuanto a las figuras penales, la solicitud de audiencia invoca los artículos 248 bis y 250 del Código Penal. El primero sanciona al “empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico”.

Las penas asociadas a ese delito son presidio menor en su grado medio e inhabilitación absoluta temporal para cargos públicos, así como multa del doble del dinero. Y el segundo apunta a quien “ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico” y está sancionado con presidio menor en grado mínimo a medio.

 

“MALAS INTENCIONES”

Las reacciones fueron inmediatas a la solicitud de formalización. El primero en hablar fue el alcalde de Talca, Juan Castro, quien manifestó saber “de qué se trata” la investigación. En este sentido, sostuvo que “cuanto se trata de perjudicar a una persona se le inventa cualquier cosa. Y en eso hay que tener mucho cuidado”.

“La fiscalía debe tener la preocupación de no interferir en procesos que son eleccionarios. Nosotros sabemos que las malas intenciones existen, pero tenemos la tranquilidad de que no hay nada que temer”, agregó. En sus palabras, el jefe comunal aludió a Juan Carlos Díaz, ya que es un virtual candidato a alcalde por Talca.

También en esta materia, Diario El Centro consultó ayer a la abogada, Grace Salazar, quien representa a Díaz y Valdebenito. La defensora particular confirmó que el Juzgado de Garantía de Talca aún no fija la fecha para la audiencia, por lo cual tampoco ha notificado formalmente la solitud de formalización.

 

HABLA LA DEFENSA

Pero de igual forma, Grace Salazar recordó que a principios del presente año solicitó una audiencia al mismo Juzgado de Garantía de Talca, donde se preguntó formalmente a la entonces fiscal de Talca, Paula Rojas, si Díaz y Valdebenito eran imputados en esa investigación. Y la respuesta fue negativa de parte de la persecutora.

“Así que no entendemos cómo en cinco meses pueden cambiar las cosas”, comentó brevemente. También subrayó que Díaz y Valdebenito han declarado en la investigación, precisando que el último antecedente que ingresó a la carpeta de la fiscalía fue un informe con el resultado de un sumario de la Contraloría Regional.

“La Contraloría establece que no existe ninguna figura delictiva. Dice que sí hay faltas administrativas y procedimientos que se pueden mejorar, pero que no existe delito”, indicó, sin descartar que estos antecedentes puedan formar parte de los argumentos que esgrimirá como defensa en la futura audiencia de formalización.

 

PARTE QUERELLANTE

En contraparte, el abogado querellante, Fernando Leal, quien también se ha declarado como candidato a alcalde independiente por Talca, sostuvo que “son muchos los actos de corrupción que han ocurrido por un mal funcionamiento de la municipalidad. No es casual que tengamos dos concejales condenados por cohecho”.

“Y ahora que tengamos con una formalización pendiente a quien es administrador municipal y candidato continuista de Juan Castro. Y a Juan Valdebenito, que fue a quien Castro apoyó como candidato a diputado. Esto demuestra que existen irregularidades graves, aunque soy respetuoso de la presunción de inocencia”, indicó.

Leal explicó también que “esta misma empresa CTS aparece pagándole a través de cheques a una sociedad Santa Malva que es de propiedad del alcalde. Creo que es importante que Juan Castro entregue explicaciones a la comunidad. Me alegro por el bien de Talca que se transparenten estos hechos en la investigación”.

 

Hernán Espinoza

 

LECTURA DE FOTO

 

FOTO 2-3-1: Fiscalía de Talca solicitó audiencia judicial para imputar cargos a Juan Carlos Díaz y Juan Valdebenito. 

 

FOTO 2-3-2: El alcalde de Talca, Juan Castro, afirmó ayer que “tenemos la tranquilidad de que no hay nada que temer”.

 

RECUADRO UNO

 

Ex concejales

 

En octubre del año pasado, el Tribunal Oral de Talca condenó a dos concejales de Talca y a tres empresarios por los mismos delitos de cohecho y soborno que hoy involucran a nuevas autoridades comunales. Se trata de Luis Vielma y Rubén Albornoz, quienes debieron abandonar sus cargos públicos tras la sentencia.

Los restantes condenados fueron Marcelo Gutiérrez, Cristián Monterrosa y Vicente Monterrosa. A la fecha, todos cumplen condenas en libertad, pero bajo vigilancia periódica de Gendarmería, sumado al pago de multas y una demanda civil a beneficio estatal. Incluso se nombraron reemplazantes de Vielma y Albornoz en el Concejo Municipal.

 

RECUADRO DOS

 

¿Qué es CTS?

 

Según la página web www.grupocts.cl se trata de una empresa que presta servicios de higiene urbana, mantención de áreas verdes y asesoría ambiental para empresas públicas y privadas. Añade que cuenta con experiencia de 15 años en la industria nacional y que actualmente ejecutan labores en distintas regiones del país.

“Nuestra filosofía de negocios se basa en la generación de relaciones de confianza con nuestros clientes, la formulación de estrategias innovadoras y la búsqueda de soluciones rentables que garantizan, además, el cuidado del medio ambiente. Contamos con un grupo humano con experiencia y conocimientos especializados”, agregan.

 

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