Sábado, 16 de Febrero de 2019

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En la Municipalidad de Pelluhue

Funcionaria acusa que fue desvinculada tras instruir sumario interno por permiso irregular dado a empresa

Municipio, en tanto, indicó que el funcionamiento de la empresa procesadora de alimentos que se instaló en la localidad de Pelluhue fue denunciado a la justicia y a la Seremi de Salud quienes ya iniciaron un sumario.

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 19 de Noviembre 2018

TALCA.- Julia Moyano es abogada y asumió como administradora de la Municipalidad de Pelluhue por 20 meses, hasta que un día, el secretario municipal avisó que estaba desvinculada. Si bien nadie es imprescindible, la profesional acusa que su salida fue gatillada porque descubrió que se le otorgó un permiso a una empresa procesadora de alimentos (Villaseñor Ltda.) que no cumplía con la normativa requerida para ello.
“Fue un vecino molesto a hablar conmigo porque había hecho una presentación hacía un par de semanas atrás y no había recibido respuesta. El reclamo consistía en que se había instalado una empresa procesadora de alimentos, que le está provocando problemas por el olor, porque es una construcción que no está autorizada y fuera de toda normativa, y eso lo había presentado a la Dirección de Obras. Pero es importante señalar que cada vez que llegaba un reclamo de la comunidad, la gente del municipio sabía que tenía que remitirme una copia y no lo hicieron”, explicó Moyano.
Añadió que exigió una copia del reclamo del vecino que había sido ingresado el mes anterior y que efectivamente hacía alusión a irregularidades de la empresa de alimentos. “Yo asumí un compromiso frente a una situación que afecta a la comunidad porque es lo debe hacer el municipio y le dije que le iba a dar una respuesta y que inmediatamente iba a citar al Departamento de Obras y de Patentes para que me trajesen los antecedentes. Eso fue en la mañana y en la tarde la empresa ya estaba siendo notificada del cese de sus funciones y fue porque en ese intertanto vi los antecedentes y me pude dar cuenta que había una serie de irregularidades en el otorgamiento de la patente, por ejemplo, que no estaba ajustada a la norma de urbanismo”, recalcó la ex funcionaria.
Moyano enfatizó que su oposición no era contra el funcionamiento de la empresa propiamente tal en la comuna, sino que lo hiciera de acuerdo a las normativas vigentes. “Le hice un memo (memorándum) a la alcaldesa María Luz Reyes, donde le representé las irregularidades y le manifesté que era necesario instruir un sumario administrativo y lo otro era paralizar la empresa mientras ellos regularizan su situación. El tema es que la misma alcaldesa me menciona antes de una sesión del Concejo Municipal que el concejal José Padilla es dueño de uno de los terrenos donde funciona la empresa”, sostuvo.
El problema de fondo -afirmó Moyano- es que la empresa de alimentos da empleo a una treintena de personas y recibe los productos del mar de los pescadores de la localidad, por ello existiría resistencia de parte de la autoridad local.
LA DESVINCULACIÓN
El día 16 de agosto la administradora municipal fue a trabajar como siempre y, de hecho, tenía una reunión acordada con el equipo para trabajar el Presupuesto. Sin embargo, después de dicha cita, fue el propio secretario municipal, Guido Hernández, quien le indicó que “hubo una reunión del Concejo y se acordó su remoción”. Agregó la abogada que en el decreto de su desvinculación “no estaban descritos los argumentos de mi salida y acudí a Contraloría. Pero yo sé que me sacaron porque yo desde hace tiempo estaba poniendo atajo a irregularidades. También estoy preparando una querella por injurias y calumnias porque se me imputan hechos falsos y que de alguna forma han denostado a mi persona”.

SEREMI DE SALUD
Respecto a la empresa procesadora de alimentos Villaseñor Ltda., la seremi de Salud, Marlenne Durán, informó que cuentan con autorización sanitaria para una edificación de 50 m2, “pero ellos se ampliaron, están casi en 400 m2 por lo cual deben regularizar. Cuando recibimos la denuncia contra la empresa, procedimos a fiscalizar y era efectivo, ante lo cual hicimos un sumario sanitario y se le prohibió el funcionamiento y se estableció una multa de 30 UTM. A los días, la empresa se acercó a la Seremi de Salud y presentaron toda la documentación para sacar la autorización sanitaria. Fuimos nuevamente al lugar y nos dimos cuenta que no existe riesgo para las personas en cuanto a los procedimientos que ellos realizan y se les revocó la prohibición de funcionamiento y se les dio un plazo de 90 días para que ellos regularicen la autorización sanitaria”.
Sobre el depósito de Nitrógeno de 10 mil litros que utiliza la empresa, la autoridad sanitaria sostuvo que “ellos cumplen con la normativa en ese sentido porque el nitrógeno que ellos tienen es un gas inerte no inflamable y la recomendación dice que debe estar al aire libre”. Por último, Durán señaló que, si dentro de los 90 días la empresa no regulariza, se procede a la clausura del local.
Karin Lillo

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