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Habla Mónica Cerda, defensora del administrador municipal de Talca

“Juan Carlos Díaz no ha beneficiado a nadie, ni a CTS ni a ninguna otra persona”

Abogada no descartó sumarse a la solicitud de sobreseimiento por el delito de cohecho realizada por las defensas de Juan Castro y Juan Valdebenito, lo cual se resolverá en audiencia judicial programada para el 11 de noviembre próximo

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 29 de Septiembre 2016

TALCA.- La abogada, Mónica Cerda, defensora de Juan Carlos Díaz, administrador municipal y candidato a alcalce por Talca, refutó los cargos criminales por cohecho que enfrenta dicha autoridad municipal de Talca y que lo tienen bajo la medida cautelar de arraigo nacional, con plazo de investigación de seis meses.

Así se realizó en una audiencia efectuada el martes pasado en el Juzgado de Garantía de Talca. En la misma ocasión, las defensas los tres imputados en el Caso CTS solicitaron un plazo de investigación de dos meses, lo cual fue refutado por la fiscalía que pidió ocho meses. Al final, el tribunal decretó seis meses para terminar las diligencias.

 

¿Qué responde a la formalización por cohecho realizada por la fiscalía?

“Mi representado en ningún caso ha realizado conductas que se hayan alejado del cumplimiento de sus obligaciones como administrador municipal. Por eso fueron las alegaciones que se realizaron en la audiencia de medidas cautelares, donde solicitamos un plazo de cierre de la investigación de dos meses.

No es para que no se investigue. Al contrario, es para exponer prontamente todos los antecedentes con que contamos ante el Tribunal Oral, donde se pueda escuchar a nuestros testigos, revisar los informes periciales y analizar toda la documentación. En definitiva, que se pueda conocer cómo funciona una municipalidad.

Allí no solo hay un alcalde, que es su figura principal, sino también un Concejo Municipal que puede aprobar o rechazar y que también cuenta con un rol fiscalizador. Además existe un marco jurídico que regula a las autoridades. En ese sentido, mi representado siempre se ha preocupado de conocer toda esa normativa. Él es un ingeniero comercial que trabajó en la Secretaría de Planificación Comunal. Es decir, tiene toda una carrera en la municipalidad y no ha habido de su parte el incumplimiento de ninguno de sus deberes como funcionario”.

 

Todo esto parte por la venta de un terreno a la empresa CTS. Eso es real, pero la parte acusadora dice que hubo un sobreprecio en relación a su valor original. ¿Es eso cierto?

“En ningún caso. La compra y venta de ese terreno es un asunto entre privados. Mi representado va donde el dueño del lote 854 y lo compra a un valor que dicho señor señala. Después surge la posibilidad de una venta a una empresa. Un tema importante es que cuando la empresa compra lo hace a partir de una tasación comercial actualizada.

Entonces, aquí no hay aumentos de precio. Aquí hay es un valor comercial cuando él lo compra y valor comercial cuando lo vende. Es más, esa tasación la hace un banco a través del financiamiento de un crédito hipotecario. Cuando un banco interviene, las tasaciones son bastante precisas y cercanas al valor comercial de una propiedad”.

 

Pero la formalización indica que cuando le corresponde subrogar al alcalde, su representado habría realizado otras acciones para beneficiar a la misma empresa, que luego obtuvo la licitación por la limpieza de calles en Talca. ¿Cuál es la versión de la defensa?

“Juan Carlos Díaz no ha beneficiado a nadie, ni a CTS ni a ninguna otra persona. Él lo que ha hecho es cumplir con sus funciones. Efectivamente, frente a la ausencia del alcalde y con la aprobación del Concejo Municipal, se le designa como alcalde subrogante. Y como tal, tiene que firmar documentación que da cuenta de toda una tramitación interna en la municipalidad.

Si una empresa presenta un estado de pago, eso va a la unidad que revisa los contratos, luego pasa por la dirección de administración y finanzas, y finalmente pasa por  la revisión de abogados. Y después de esos controles, se emite y firma el decreto de pago. Desde ese punto de vista, él no se ha beneficiado a CTS. Él solo firmó la documentación que correspondía como administrador o alcalde subrogante”.

 

Luego de la audiencia de medidas cautelares, su representado se quejó por la premura que tuvo la fiscalía para formalizar la investigación, cuando después pide un plazo de ocho meses. ¿Usted coincide con esa opinión?

“Hay que recordar que esta investigación partió en marzo del 2015 por denuncia y posterior querella, donde se menciona la compra venta del terreno. Además hay un informe de Contraloría de diciembre del 2014. A su vez, la entrada y registro a la municipalidad de Talca se hace en mayo del 2015. Luego, en agosto, se realiza una audiencia donde la fiscalía revela que Juan Carlos Díaz no tiene la calidad de imputado. Después él declara voluntariamente. Pasa todo esto y la fiscalía decide formalizar en junio del presente año.

Y ahora nos dicen que necesitan ocho meses más y, finalmente, el tribunal fijó el plazo en seis meses. Es decir, el Ministerio Público ha tenido un tiempo más que prudente, casi con el límite legal de los dos años. Entonces, respecto a mi representado, nos parece que el tiempo es excesivo y nos parece justo exigir nuestro derecho principal para ir prontamente a un juicio, para demostrar que Juan Carlos Díaz es inocente y que no ha cometido ningún delito. Eso nos interesa que sea pronto. Por eso pedimos dos meses de plazo”.

 

¿Y su defensa piensa sumarse a la solicitud de sobreseimiento realizada por los otros abogados y que motivó al Juzgado de Garantía a fijar una nueva audiencia para el 11 de noviembre?

“Toda defensa tiene derecho a pedir un sobreseimiento, en cualquier etapa de la investigación y por distintas causales. Ellos piden de acuerdo a su evaluación para sus clientes, pero nosotros nos podemos sumar a esa misma audiencia, si es que no evalúa que tiene para pedir un sobreseimiento. A mí no me amarra la petición que ellos realizaron, porque cada cual lo hace respecto a las necesidades y estrategias de su defensa”.

 

Juan Carlos Díaz dijo ayer que ve una connotación política porque uno de los querellantes es también candidato a alcalde y opositor político. ¿Usted visualiza algo de ese tipo en esta causa?

“Lo que puede haber motivado esa afirmación es por la oportunidad en que se pide la audiencia de formalización, ya que fue muy cercana a la fecha en que los partidos políticos estaban decidiendo a quienes inscribían como sus candidatos.

Pero respecto a la labor técnica que ha realizado el fiscal puedo decir que no comparto su opinión jurídica, pero no tengo reproche en cuanto a su trabajo objetivo. Y tampoco que me haya restringido el derecho a la defensa. Yo soy de las que va a revisar la carpeta y he tenido la disponibilidad plena.

El contexto de la afirmación de mi cliente data por la oportunidad en que se produce la audiencia de formalización, y por qué lo hace ahora si no estaba todo y todavía se necesita más plazo. Entonces por qué no se pudo haber pedido para después. No es que no se haya pedido. Pasan cuatro meses desde que se pidió la audiencia de formalización hasta la audiencia de ayer y todavía necesita ocho meses más. Eso se presta para pensar que pudo haber tenido una connotación política”.

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