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Académicos aseguran que en Chile debe dejarse de hacer populismo penal

“La reposición de la pena de muerte es jurídicamente imposible”

La polémica causada por el caso de la pequeña Sophia en Puerto Montt ha llegado a La Moneda con una solicitud de parlamentarios de la UDI de restaurar la pena de muerte.

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 06 de Febrero 2018

TALCA.- Para que en Chile se dé una reposición de la pena de muerte se debería contravenir al Pacto Internacional de San José de Costa Rica, que aboga por el respeto a los derechos humanos al cual el país se suscribió en 1969 y ratificó su incorporación en 1990. Este sería uno de los tratados internacionales que impide sea repuesta la pena de muerte al Código Penal chileno, explica Roberto Navarro, abogado y profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de Chile.
“Tras firmar este pacto se aprueba la derogación en 2001 y se acepta la no reposición de la pena de muerte, ni siquiera por medio de otra ley. Por lo tanto, el grupo de parlamentarios que, luego de hacer un llamado a Congreso y especialmente al electo presidente Sebastián Piñera a reponerla, debe entender que es una propuesta basada en una profunda ignorancia de ley o una muestra de populismo desenfrenado”, agregó.


La polémica generada a través de las redes sociales tras conocerse el pasado 25 de enero sobre el parricidio de Francisco Ríos de 26 años contra su hija Sophia, de apenas un año y 11 meses, quien además de abusarla sexualmente la habría quemado con cigarros y golpeado en repetidas oportunidades, sería el detonante que llevaría a la palestra pública la discusión sobre la reposición de la pena de muerte.
Según explica el jurista y académico Mauricio González, muchas personas consideran que porque la pena de muerte aún se encuentre vigente en el Código de Justicia Militar, por la comisión del delito de traición a la patria, debe llevarse al ámbito civil. “Están errados, luego de derogada la pena de muerte es inviable restituirla, fundamentalmente tomando en cuenta que a la luz del derecho internacional es poco probable que Chile acepte romper con los tratados y pactos firmados en pro de los derechos humanos”, explica.
En declaraciones emitidas la semana pasada de la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, descartó la restauración de la pena de muerte, enfatizando que en Chile se ha dado una legislación para este tipo de situaciones por lo que esperaba se pudieran aplicar las más altas.

 

SIN DISUASIÓN
“Hay estudios internacionales que indican que la aplicación de la pena de muerte no tiene efecto disuasivo. Estudios realizados en estados donde permanece vigente la pena de muerte en Estados Unidos indican que no hay disminución de la incidencia de los delitos graves. El homicida no actúa consciente de que será sentenciado a muerte”, explica el abogado González. Por su parte, Navarro agrega que no se ha demostrado en ningún sitio que el efecto disuasorio de la pena de muerte sea superior al del encarcelamiento. “De hecho estudios existentes demuestran lo contrario, la cantidad de delito no responde a la cantidad de las penas”.
Además, la posibilidad de que se practique un error judicial representa un contra para la restitución de la pena de muerte. “Recordemos que la justicia se administra por personas. Los jueces, la defensa y hasta la propia policía puede equivocarse. Han ocurrido casos en los que se manipulan las pruebas o pericias y cuando se ejecuta una pena de muerte ese error es insalvable, no se puede volver atrás”, insiste Mauricio González.

 

“POPULISMO PENAL”
Según detalló el abogado y académico UA, en los últimos años la opinión pública insiste en la creación de legislaciones basadas en casos puntuales de sensibilización nacional como la Ley Emilia y la Ley Cholito. “Este fenómeno de recurrir al derecho penal para combatir o tratar un conflicto social es llamado en el ámbito judicial como populismo penal que no solo se practica en Chile, sino que se ha generalizado en el mundo occidental. Supone que el discurso político recurre al derecho penal y a las penas privativas de libertad para subsanar un hecho puntual. Son posturas políticas que buscan cautivar votos prometiendo una solución que en realidad no se puede dar”, explica.
Las legislaciones hechas a la rápida y para satisfacer a la opción pública, opina González, no cumplen con las condiciones técnicas para judicializarse. “Cuando se legisla de esta manera, los costos son más altos que los beneficios que se obtienen. Artículos de la Ley Emilia ya fueron analizados y declarados inconstitucionales por considerarse que una norma es desproporcionada que atenta contra la igualdad ante la ley”.

 

VENGANZA
La discusión sobre la aplicación de la pena de muerte es compleja y filosóficamente profunda. Roberto Navarro especifica que quienes están en desacuerdo argumentan que inhibe cualquier posibilidad de rehabilitación del delincuente. Sin embargo, el mayor peso lo tendría si se está dispuesto a usar la violencia del Estado como forma de venganza absoluta a través de la pena de muerte. “La humanidad ha avanzado lo suficiente para comprender que la pena de muerte no es una opción, sino solo un discurso populista”.
González añade que las leyes penales chilenas son claras en cuanto a las sentencias por este tipo de delito, la cadena perpetua simple con 20 años o calificada con 40 años de prisión, representa la más cruda sentencia. “Los chilenos deben entender que es la cadena perpetua y que cumplidos los plazos de prisión no indica que los delincuentes saldrán en libertad condicional, este no es un derecho sino una opción con estrictos requisitos que pocos logran cumplir”.
El delito de parricidio sería uno de los que habría sido derogado de pena de muerte y es inviable reponerlo. En un caso hipotético de que se restituyera la pena de muerte, el asesino de Sophia no podría ser sentenciado, pues las leyes penales nunca rigen para casos que hayan ocurrido con anterioridad a su aprobación.

Fraymar Pagua

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