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Irregularidad fue detectada por Contraloría y derivó los antecedentes al Ministerio Público

Municipio de Vichuquén canceló un millón de pesos por informe copiado desde el Minsal

Hecho ocurrió el año 2013 y quien realizó la asesoría fue, hasta mayo de 2015; el encargado de la Agenda Legislativa del Gobierno, trabajando para la Segpres

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 11 de Diciembre 2016

TALCA.- Un informe de la Contraloría Regional del Maule sobre el uso de recursos al interior de la Municipalidad de Vichuquén, dejó al descubierto la contratación de una asesoría con fines específicos que terminó siendo un “copy paste” de un documento; perteneciente a una institución pública.

El pasado 30 de septiembre, el organismo fiscalizador emitió el informe 718/2016 en el cual da cuenta de una serie de observaciones administrativas cometidas en año electoral bajo la anterior administración de Román Pavez, como por ejemplo; uso indebido de la imagen del alcalde, en publicidad asociada al municipio, entre otras.

Sin embargo, tras una denuncia efectuada por el concejal Exequiel Díaz y que por estos días ha sido respaldada por el ex consejero regional Pablo Prieto, quien recogió los antecedentes publicados por Contraloría; este último organismo constató que Pavez suscribió un contrato de honorarios, en noviembre de 2013, con Juan Marcos Moreno Rosales para que elaborara y entregara un informe jurídico sobre los alcances y obligaciones que impone la Ley 19.419, del Tabaco, a la Municipalidad de Vichuquén; en especial las prohibiciones de venta de productos de tabaco cerca de establecimientos de educación y al rol fiscalizador que le compete al municipio; a través de los inspectores municipales.

Por dicho trabajo, se pactó el pago de un millón de pesos más impuestos; es decir un millón 111 mil, 111  pesos, monto que sería cancelado, con la entrega del informe jurídico.

 

“COPY PASTE”

Contraloría observó en su informe que la contratación mediante trato directo, no se ajusta a la normativa, “por cuanto el acto administrativo que se examina se limita a consignar que existe sólo un proveedor en condiciones de ofrecer el servicio requerido, sin fundamentar esta circunstancia ni acompañar antecedente alguno en tal sentido, de modo que dicha declaración no resulta suficiente para estimar y acreditar que el prestador de servicios con el que se pretende contratar; tenga el carácter de proveedor único de esas prestaciones”. Aún así, el servicio fue cancelado en diciembre de 2013, usando una cuenta extrapresupuestaria, lo cual no se ajusta tampoco a la normativa.

Por otra parte, sobre el informe jurídico preparado por Moreno Rosales, “se constató que dicho documento es una reproducción idéntica de extractos del ‘Manual de Fiscalización y la Ley del Tabaco\'. En virtud de lo anterior, se determina que el municipio desembolsó $1.111. 111, por un servicio que corresponde a una copia textual del Manual de Fiscalización de la Ley del Tabaco”, que estaba contenido en la página web; del Ministerio de Salud.

Sobre esto último, en su momento el municipio de Vichuquén respondió a Contraloría que: “esa situación no fue advertida al momento de su recepción”.

 

EX FUNCIONARIO Y AL MINISTERIO PÚBLICO

Juan Marcos Moreno Rosales es asesor jurídico y entre marzo de 2014 y mayo de 2015 se desempeñó en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia como “experto legislativo”, en materias políticas e institucionales entre Gobierno y Parlamento.

Es decir, estaba a cargo de planificar, coordinar y dar seguimiento a la estrategia de monitoreo parlamentario, de manera de cumplir con la agenda legislativa del Gobierno.

Además, Moreno Rosales es ligado al Partido Por la Democracia (PPD), el mismo del ex alcalde Román Pavez, fue presidente del Tribunal Supremo de dicha colectividad y operó como enlace territorial en la última campaña, de Michelle Bachelet.

Ante los antecedentes descritos, Contraloría determinó que corresponde al municipio “iniciar a la brevedad las acciones civiles con el objeto de impetrar la devolución del monto pagado indebidamente; al señor Moreno Rosales”.

“A su vez, considerando que los hechos aludidos podrían revestir carácter de ilícito penal, se procederá a ponerlos en conocimiento del Ministerio Público; para que ejerza sus atribuciones constitucionales y legales en la materia”, reza el informe.

 

“Inaceptable”

Pablo Prieto, quien recabó los antecedentes publicados por Contraloría en su momento; dijo que se trata de un hecho complejo por cuanto se hizo uso de recursos en el municipio de Vichuquén para cancelar un informe; que terminó siendo una copia textual de un documento ya existente en el Ministerio de Salud.

Prieto anteriormente, siendo consejero regional, ya había puesto en atención el problema suscitado con el proyecto del estadio de Vichuquén, el que también presentó anomalías administrativas, fue más allá, calificando de “inaceptable” lo sucedido, dado que a quien se le pagó el millón de pesos fue, hasta mediados de 2015; el encargado de la Agenda Legislativa del Gobierno.

“Este tipo de prácticas son inaceptables en cualquier ámbito de la administración pública, porque colaboran al descrédito que tiene la política ante la ciudadanía. Aquí simplemente se ‘maquilló’ una recaudación política bajo el nombre de una asesoría, la que además terminó siendo una copia”; sentenció Pablo Prieto.

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