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Tramitación en el Senado

Proyecto de ley obligaría a empresas asumir retiro de cables en desuso

Con 36 votos fue aprobada la iniciativa legal para ordenar los tendidos eléctricos. En el debate está la pertinencia de la atribución de responsabilidades para los municipios y las empresas.

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 12 de Julio 2018

TALCA.- Un proyecto de ley que propone la eliminación del cableado aéreo sin utilidad para evitar la contaminación visual en las ciudades fue debatido en el Senado. Fueron 36 los senadores que lo aprobaron; sin embargo, se emplazó hasta el 25 de julio a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones para que redacte un informe con los apuntes pertinentes del documento final.
Precisamente, entre las consideraciones a tomar en cuenta para echarlo a andar como ley, el senador Juan Castro cree inviable el hecho de que sean las municipalidades las responsables de despejar el cableado eléctrico y de telefonía como se ha propuesto.


Conforme al planteamiento inicial, correspondería a las compañías concesionarias de servicios de telecomunicaciones la obligación del retiro de los cables, cajas de control u otros equipos pertenecientes a sus fuentes de distribución, en el transcurso de los tres meses posteriores de haber dejado de estar operativos.
En caso de que las empresas incumplan, las municipalidades tendrían potestad para hacer esa labor. Por su lado, los juzgados de la policía local podrían fijar multas desde 100 a 1.000 UTM a favor municipal (equivalente entre 4 millones 768 mil y 47 millones 680 mil pesos, aproximadamente, según el valor actual de la UTM).


“Me parece muy buen proyecto, pero no que las municipalidades se hagan cargo, porque no es fácil retirar esos cables. Creo que las responsables son las empresas eléctricas que son quienes administran o son dueñas de los postes. Por lo tanto, ellos deben tener la responsabilidad de retirar todos los cables que estén en desuso, porque además de eso ellos se lucran con estos postes, que son arrendados a las empresas de telefonía y cable”, justificó Castro.
Como el senador consultado, el presidente regional de la Asociación de Municipalidades, Bernardo Vásquez, opinó que son las compañías las que deben asumir la carga. “Tiene que haber una fuerte sanción para las compañías eléctricas y de telefonía. Gran parte del cableado que está en desuso son de compañías telefónicas”, sugirió.
El senador Castro aclaró que el proyecto no contempla el establecimiento de un enlace entre la empresa privada y la institución pública para ejecutar el retiro de los equipos inoperativos: “No contempla eso. La intervención que hicieron varios senadores coincide en que las empresas que deben tener la responsabilidad son las empresas eléctricas que se lucran con el arriendo de esas instalaciones”.
Aun así, existen antecedentes de localidades donde se han concretado acuerdos entre las compañías de telecomunicaciones y la municipalidad para resolver el problema del desorden del cableado, como es el caso de Concepción, que en enero de este año trabajó en la campaña “Concepción, cielos limpios”.

 

NECESITAN FINANCIAMIENTO
Para una aplicación exitosa de la ley en caso de que la responsabilidad del retiro de los cables recaiga en los municipios, estos deben recibir el financiamiento adecuado, en opinión de Vásquez.
Los municipios, dijo el también alcalde de Pelarco, están siempre dispuestos a cooperar, pero para eso el Estado debe financiar el retiro del material, pues las alcaldías no cuentan con los recursos ni el personal capacitado para este tipo de labores.
“Al final los legisladores hacen leyes que en la práctica les da la responsabilidad a los gobiernos locales, pero estos al no tener los recursos son leyes que quedan como letra muerta”, asumió la autoridad.
Castro está convencido de que adicional a esta ley los municipios deben redactar ordenanzas para que las nuevas instalaciones de telecomunicaciones sean subterráneas. “Ya no puede haber la cantidad de cables que hoy hay en las calles, porque visualmente entorpecen la belleza de las partes urbanas. Es una muy buena medida en la práctica si viene con las atribuciones, con el financiamiento correspondiente y la fiscalización para que no sea una ley más”.


Marlyn Silva

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