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Dado a conocer por la Superintendencia de Educación

Región alcanza el cuarto lugar nacional en Informe sobre Expulsión Escolar

La entidad fiscalizadora realizó este informe con el fin de concientizar a las comunidades escolares en torno a que esta es la última instancia a la que se debe recurrir, por los efectos que produce en los alumnos expulsados. Un 27% perdió el año escolar

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 06 de Julio 2016

TALCA.- Un 17 % de los estudiantes expulsados en 2015 no volvió a matricularse en el mismo año y un 10% lo hizo, pero repitió de curso. Es decir, un 27% perdió el año escolar. Las cifras están contenidas en el Primer Informe Nacional sobre Expulsión Escolar de la Superintendencia de Educación sobre los efectos de la expulsión en Chile.

El reporte de la Superintendencia de Educación analiza 2015, el último año antes de la vigencia de la Ley de Inclusión el 1 de marzo pasado, y se basa en 490 denuncias recibidas por la institución a nivel nacional.

Un desglose de las cifras revela que el 62%  de las sanciones aplicadas por los establecimientos obedece a la acumulación de faltas disciplinarias por problemas de adaptación a las normas de la escuela, como hablar por celular, molestar a compañeros o gritar en la sala; un 31% por situaciones relacionadas con violencia y riesgo, entre las que predominan la de agresión entre pares y, en menor medida, las de hurto, porte de armas y consumo de marihuana, cigarros y/o fármacos, entre otros, y un 7% por casos de variado origen, como problemas con apoderados.

En el Maule, según informó el director regional de la Superintendencia de Educación, Marcelo Torres, se registraron 25 casos, lo que de acuerdo a la autoridad representa el 5,1% de la muestra nacional, lo que es “preocupante”, dijo.

 

SANCIÓN EXTREMA

La Ley de Inclusión contempla la medida de expulsión y cancelación de matrícula ante situaciones graves, precisando, sin embargo, que éstas “solo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno del establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar”.

Según precisó el director regional, son medidas “consideradas siempre como el último recurso”, y se espera que antes de llegar a ella “se ocupen todas las metodologías con las competencias técnicas y profesionales que cada establecimiento profesional tiene para abordar situaciones complejas, y evitar caer en esta situación en la cual se priva del derecho de educación a los niños”.

Para ello, agregó la autoridad, los establecimientos deben tener un reglamento de convivencia escolar, un encargado de convivencia escolar, un plan de acción en convivencia escolar; y  además, “en algunos establecimientos se ha incorporado duplas psicosociales, trabajadores sociales y psicólogos que atienden realidades complejas”, dijo.

 

Cifra negra

El reporte alerta que de acuerdo a los casos recibidos por la Superintendencia de Educación, 1,3 estudiantes fueron expulsados al día durante 2015, aunque advierte que existe una cifra negra con aquellos casos que no se denuncian, por lo que los números podrían ser mayores.

En lo que va de 2016, la Superintendencia ha recibido 78 expedientes de expulsión y 207 denuncias por esta causa de parte de padres y apoderados.

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