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Jueces configuraron solo dos circunstancias atenuantes

Tribunal condenó a 6 años de cárcel efectiva a ex administradora judicial

Alejandra Rojas tendrá un descuento de 959 días, por cuanto estuvo poco más de un año en prisión preventiva y, luego, bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arresto nocturno. El tiempo restante tendrá que pasarlo en un centro penitenciario

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 15 de Mayo 2016

TALCA.- Una severa condena de seis años de cárcel efectiva dictaminaron ayer los jueces de la primera sala del Tribunal Oral de Talca en contra de Alejandra Andrea Rojas Zanelli, ex administradora del Juzgado de Garantía de esta ciudad, como autora de malversación de fondos públicos y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Con la sentencia -que tiene una extensión de 150 páginas y que fue leída en forma extractada en audiencia pública- se puso fin a uno de los escándalos más graves que ha afectado al Poder Judicial de la Región del Maule, desde que se puso en marcha la reforma procesal penal, y que se tradujo en la sustracción de 127 millones de pesos.

En términos prácticos, el tribunal no otorgó beneficios para que la condenada cumpla la sentencia de presidio mayor, en su grado mínimo, pero se le reconoció como abono poco más de un año que estuvo en prisión preventiva y, luego, el tiempo que ha estado bajo arresto domiciliario total y arresto domiciliario nocturno en Temuco.

 

INHABILITACIÓN

PERPETUA

Así, en la parte conclusiva de la sentencia, los jueces anuncian que el tiempo total a descontar de la condena es de 959 días. A la pena corporal se suma una multa de 11 unidades tributarias mensuales, además de “la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares”.

Se agrega también el pago de las “costas”, esto es, los gastos en que debieron incurrir los abogados de las partes acusadoras. Pero la magnitud de la condena no fue unánime, ya que el juez, Iván Villarroel, estuvo por aplicar la sanción como presidio menor en su grado máximo, según establece en una prevención redactada al final de la sentencia.

A todo ello se agrega que la condenada tendrá que pagar también la suma de 17 millones 907 mil pesos a la procuraduría fiscal en Talca del Consejo de Defensa del Estado (CDE), a modo de reparación del daño emergente y equivalente al monto de dinero defraudado desde la cuenta corriente operacional del Juzgado de Garantía.

 

DOS ATENUANTES

Otro antecedente es que, tal como lo habían adelantado en su veredicto, los jueces rechazaron la demanda civil por daño moral y emergente presentada por el juez, Humberto Paiva, del Juzgado de Garantía de Talca. A su vez, también se rechazó la demanda civil del CDE en cuanto al dinero defraudado en la cuenta corriente jurisdiccional.

La opinión de mayoría para aplicar la pena de seis años de presidio efectivo fue de las juezas, Cecilia Díaz y María Isabel González. Otro dato clave para comprender que la pena de cárcel haya sido efectiva, es que el tribunal configuró dos de las tres atenuantes pedidas por la defensa y la fiscalía, con excepción de los querellantes.

Se trata de colaboración con la investigación e irreprochable conducta anterior. La reparación del mal causado fue rechazada porque si bien depositó 6 millones como consignación, el monto fue considerado exiguo en comparación con el monto apropiado y, además, porque siguió percibiendo sueldo durante trece meses después de ser detenida.

 

Hernán Espinoza

  Parte acusadora

El fiscal, Francisco Ávila, quien llevó adelante el juicio junto al fiscal regional, Mauricio Richards, manifestó su satisfacción con la sentencia, en particular, por cuanto la sanción aplicada fue incluso superior a la pena de cinco años y un día de cárcel que exigió el Ministerio Público. Pero también es inferior a la solicitud de los querellantes.

Lo que viene

A partir de la audiencia de lectura de sentencia, la defensa particular de la imputada tiene un plazo de diez día para estudiar si presenta o no un recurso de nulidad. En caso que no sea así, el expediente se deriva al Juzgado de Garantía para decretar el “cúmplase”, notificando a la condenada y a Gendarmería para que la reciba en la cárcel.

 

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