Lunes, 24 de Junio de 2019
Falta de certeza jurídica genera inseguridad en gestión inmobiliaria en la región

Incertidumbre en los Directores de Obras Municipales afecta planes reguladores comunales

Aunque no existen permisos retenidos por esta causa, se ha generado inseguridad en el proceder de estos funcionarios, afectando el desarrollo y las inversiones.

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 04 de Enero 2019

TALCA. – El complejo momento que viven los directores de obras municipales tras los dictámenes y jurisprudencia a de la Contraloría General de la República, aplicadas,con carácter retroactivo a los proyectos, está afectando la ejecucion de los Planes Reguladores Comunales (PRC).
Según Claudia Berrios, presidenta de Asociación de Directores de Obras Municipales Maule (ADOM), el promedio de tramitación de los planes reguladores en la región es de 15 años, pero entre los factores que inciden en ello es la poca agilidad de la Contraloría al demorar la toma de razón.
La funcionaria enfatizó que la instancia jurídica desconoce e invalida los PRC y los pronunciamientos técnicos que hace el Ministerio de Vivienda, así comotambién “la aplicación que hacen los directores de obras municipales; por tanto, si esta situación sigue de esta manera a nivel local, nos va a afectar”, advirtió


En tal sentido, Berrios declaró que esta situación de falta de certeza jurídica atenta principalmente a la inversión y el desarrollo de los territorios, tras el cuestionamiento de Contraloría a los permisos de edificación otorgados por los directores de obras, tras la aplicación de la normativa vigente en cada territorio. “Son decisiones que se ven afectadas a través de las diversas interpretaciones que ha tenido la Contaduría respecto de la norma que hace que esta situación afecte la planificación”, dijo.
Berríos, también directora de Obras Municipales de Villa Alegre, especificó que “nosotros solo aplicamos la norma y en relación a ello otorgamos, -si corresponde- el permiso de edificación. Es el PRC el que permite o no edificar los proyectos en las distintas zonas establecidas allí”, enfatizó.


La dirigente gremial afirmó que no considera prudente para la inversión inmobiliaria que Contraloría tenga otras interpretaciones que puedan incluso invalidar un permiso de edificación y que, además, sus dictámenes tengan un carácter de retroactivo, siendo la Dirección de Desarrollo Urbano quien tiene la facultad de efectuar las interpretaciones en favor de dar las instrucciones.


Explicó también que compleja tramitación, las enmiendas y los errores en los PRC han propiciado el congelamiento de los permisos de edificación, ya que no define alturas de edificación, por ejemplo, en la comuna de Curicó, donde -según dijo Berrios- se mantienen detenidos 42 proyectos de inversión.
Ante este escenario, el gremio pretende sugerir al ente fiscalizador que realice las observaciones pertinentes de ser necesario, en una instancia que no genere tal incertidumbre, a lo que se sumó la invitación para la instauración de una mesa de trabajo. “Quermeos ver cómo ellos interpretan la norma y bajo este precepto, que nos indiquen de aquí en adelante, pero que las observaciones no sean de carácter retroactiva, porque si no todos los permisos otorgados bajo ese precepto quedarían invalidados y nosotros estaríamos expuestos a tener que defendernos leglmente, como ocurre actualmente en el país”, señaló la funcionaria.


A pesar de no existir en la región permisos retenidos por este motivo, la dirigente gremial adviertió que esta tendencia llegará en algún momento a la región, “por lo que tenemos que zanjar el problema antes de que esto nos afecte más”, dijo.


Con este mismo propósito, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo convocó a un encuentro el próximo 8 de enero, donde se llevarán a cabo un debate entre los participantes y se propondrán soluciones por parte del secretario de Estado, Cristian Monckeberg.
“Nosotros esperamos mucho de este encuentro e imagino que tendremos la instancia para poder observar lo que nos parece pertinente, así como entregar nuestra experiencia para que el proyecto de ley proteja los procesos ante la incerteza jurídica, pero en este momento, no conocemos en que tenor viene escrita”, señaló Berrios.


Michel Hechavarria

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