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Fallo unánime en la Corte de Apelaciones de Talca

Anulan sanción de la Seremi de Vivienda contra la Constructora Independencia

Máximo tribunal regional estimó que hubo “arbitrariedad” en la resolución administrativa. Actual seremi anunció que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apelará a la Corte Suprema

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 20 de Octubre 2017

TALCA.- En una extensa resolución de 30 páginas que tuvo carácter unánime, es decir, sin votos disidentes, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca resolvió acoger un recurso de protección entablado por la Constructora Independencia S.A., en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda del Maule.

Ello significó, en términos prácticos, que el máximo tribunal regional dejó sin efecto un decreto firmado en septiembre de 2016 por el entonces seremi de Vivienda, Rodrigo Sepúlveda, actual candidato al Consejo Regional (CORE), donde se sancionó a la empresa por fallas constructivas en el proyecto de “Fachada Continua”.

Se trata de la reconstrucción de 111 viviendas que resultaron con daños estructurales debido al terremoto del 27/F. La medida aplicada por dicha autoridad fue la eliminación de la Constructora Independencia del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda, sanción que se amplió a sus ejecutivos y a todo el directorio.

 

DOS INDAGATORIAS

Pero en términos prácticos, dicha resolución nunca ha sido aplicada a la fecha, por cuanto la empresa presentó un recurso administrativo jerárquico, es decir, ante el nivel central del Ministerio de Vivienda. Tras ello, la actual ministra, Paulina Saball, se inhibió de conocer dicho recurso estando pendientes acciones legales.

Al respecto, el fallo de la Corte de Talca recuerda que la Seremi de Vivienda -estando bajo jefatura de la misma persona, es decir, Rodrigo Sepúlveda- llevó a cabo dos procedimientos administrativos contra la Constructora Independencia, ambos con un “origen común”, esto es, las fallas en el proyecto de “Fachada Continua”.

La primera indagatoria comenzó el 2014 y, un año después, fue cerrada sin medidas sancionatorias, aunque no ocurrió lo mismo con el segundo proceso llevado a cabo el 2016. El fallo subraya que “bastaba el primer procedimiento administrativo para determinar si a la empresa constructora le cabía responsabilidad en los hechos”.

 

“ACTO ARBITRARIO”

Siguiendo este razonamiento, el máximo tribunal regional destaca que, “no era procedente que por similares hechos, e invocando la misma normativa para aplicar la máxima sanción contemplada, el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo ordenara iniciar un nuevo procedimiento administrativo”.

Así, la sentencia concluye que el segundo proceso y la posterior sanción a la empresa “constituye un acto arbitrario, porque carece de la razonabilidad necesaria para su aplicación. Es decir, hubo un doble juzgamiento de la entidad recurrente”, añadiendo que con ello, se vulneró el derecho de propiedad de la constructora.

“En la especie ha habido manifestación de la voluntad de un servidor público con alcance jurídico, como acontece con un secretario regional ministerial, que ha sido realizado sin sustento de justicia en un marco legal, donde se aprecia que lo injusto es algo que va directamente contra la ley y la razón”, concluye el fallo.

 

REACCIONES

Al respecto, el actual seremi de Vivienda, Rodrigo Olivares, sostuvo que “somos respetuosos de lo que la justicia decide. Atendemos que son procesos normales, por lo cual, no tenemos mayores comentarios. Hay un proceso de apelación que lo hará el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en nuestra representación”.

“Allí veremos lo que resuelva la justicia finalmente. En el tema de fondo, a nosotros nos preocupan las familias que fueron afectadas. Al respecto, ya entregamos una cantidad importante de recursos para que estas viviendas sean reparadas y ese proyecto se iniciará prontamente. Estamos en los últimos trámites”, añadió.

La autoridad subrayó que “queremos que el próximo invierno sea distinto para esas familias. Ese es nuestro compromiso”. Por su parte, la empresa emitió un comunicado señalando que el fallo “viene a hacer justicia respecto de la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación del ex seremi de Vivienda, Rodrigo Sepúlveda”.

 

Querella vigente

Junto con un recurso de protección ante la Corte de Talca y, a la vez, un recurso administrativo jerárquico en el Ministerio de Vivienda, la empresa constructora entabló una tercera acción legal, esto es, una querella por supuesta “prevaricación” contra todos quienes resulten responsables y que se investiga en la Fiscalía de Talca.

 

Reparación definitiva

En fecha reciente, la Seremi de Vivienda anunció la reparación total de 40 viviendas del barrio Santa Ana de Talca, bajo el programa de protección del patrimonio familiar. Ello permitirá superar fallas estructurales que se han traducido en humedad en las casas, inundaciones con aguas servidas y mal emplazamiento de los terrenos. La inversión total es de 43 mil unidades de fomento, esto es, mil 100 millones de pesos.

 

Hernán Espinoza

 

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