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CDE y el querellante particular se opusieron sin éxito

Caso CTS: Justicia aprobó millonario acuerdo entre fiscalía y las defensas

A la salida de la audiencia, el ex alcalde y actual senador, Juan Castro, manifestó que “este ha sido el episodio más injusto que me ha tocado vivir desde que soy un servidor público”

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 05 de Abril 2018

TALCA.- En monto total de 57 millones de pesos suman los requisitos que ayer se comprometieron a cumplir los cinco imputados en el bullado Caso CTS, para terminar con dicha investigación a través de una suspensión condicional propuesta por la Fiscalía Regional, formalizado ayer en el Juzgado de Garantía de Talca.
En todo caso, no se trata de la última palabra, por cuanto aún existe plazo legal de cinco días para que las partes puedan apelar, llevando posiblemente los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Talca. El único que ayer adelantó que acudirá a esta opción legal fue el abogado querellante particular, Fernando Leal.
Se espera que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) siga el mismo camino, por cuanto el abogado, Roberto Rojas, de la procuraduría fiscal de Talca, también se opuso a la salida alternativa. Y no se descarta que hasta el Ministerio Público y las defensas puedan apelar, claro que parcialmente, es decir, para modificar puntos específicos.

FORMALIZACIONES
Al momento de fundamentar la suspensión condicional, el Fiscal Regional, Mauricio Richards, relató ante la jueza, Isabel Salas, , los hitos más relevantes del Caso CTS. Entre ellos, los tres episodios que se investigaron y que dieron lugar a dos audiencias de formalización realizadas en agosto de 2016 y enero de 2017.
Se trata de un delito de cohecho, donde los imputados fueron Juan Carlos Díaz –alcalde de Talca y ex administrador del municipio- y Juan Valdebenito, consejero regional y ex jefe de gabinete de la municipalidad. Se sumó Christian Tizza, gerente de CTS Limitada, empresa que ganó la licitación de la limpieza de calles de Talca.
Por ello, en este delito específico, existe un cuarto imputado que corresponde a la empresa CTS en calidad de persona jurídica. Y respecto a Juan Castro, ex alcalde de Talca y actual senador regional por el Maule, se le imputaron dos episodios que dieron lugar a los delitos de negociación incompatible y malversación de fondos públicos.

“CONDUCTA INTACHABLE”
Mauricio Richards explicó al tribunal que el marco legal permite una salida alternativa, evitando llegar a juicio oral. Para ello, recordó que todos los imputados tienen irreprochable conducta y que han colaborado con la investigación. Las defensas agregaron que también se puede aplicar la denominada “media prescripción”.
Pero el querellante particular y el CDE no opinaron lo mismo. Fernando Leal advirtió que la investigación no está terminada, que existen diligencias pendientes y que una salida alternativa atenta contra normas internacionales que sancionan la corrupción. Una opinión similar manifestó el abogado de la procuraduría fiscal de Talca.
“Entre los imputados hay tres funcionarios públicos, pero no son cualquiera, sino que autoridades comunales a la fecha de los delitos, uno elegido por votación popular. Estos los obligaba a una conducta intachable y deber de probidad especial, de anteponer el interés púbico sobre el particular, lo que no hicieron”, dijo.

CONDICIONES ECONÓMICAS
Luego de escuchar a las partes en litigio, incluyendo la posición favorable de las defensas, la jueza aceptó la salida alternativa, pero modificó la propuesta de la fiscalía, reduciendo el plazo de tres a dos años. A continuación, acogió que se realice una compensación económica a favor de la municipalidad de Talca.
El monto a pagar por cada imputado por este concepto–incluyendo a CTS- es de cinco millones de pesos. Se suman otros tres millones que los mismos imputados –menos la empresa- cancelarán a modo de reparación social al Hogar del Buen Samaritano de Molina. El tercer requisito es firmar cada dos meses en la fiscalía.
También el tribunal aceptó que los imputados Castro, Díaz y Valdebenito, acrediten en un plazo de seis meses haber realizado un curso de 16 horas sobre normas de control de administración municipal. Y la empresa deberá financiar un proyecto de reciclaje en la Villa Francia, en Maule, cuyo costo sea de 20 millones de pesos.

“NO HAY QUE VICTIMIZARSE”
Y la última condición -también para la empresa CTS- es que su personal realice charlas de difusión de la nueva ley de reciclaje en 10 colegios de Talca y en las 10 comunas más grandes de la región, incluyendo la distribución de 40 copias de esta normativa legal a dichos establecimientos educacionales y municipalidades.
Antes de fijar los términos de la suspensión, la jueza le pidió a cada uno de los imputados que manifestara si aceptaban o no la salida alternativa. Todos respondieron afirmativamente, pero cuando le tocó hablar y a pesar de su aceptación, Juan Castro agregó que “es lo más injusto que me ha tocado vivir como funcionario público”.
Allí la jueza le advirtió que “esta es una decisión libre y voluntaria”, añadiendo que “tampoco podemos sostener que no hay delito ni participación, porque si fuera por eso, vamos a juicio. Aquí no vamos a invocar inocencia ni culpabilidad, No hay que victimizarse ni llegar al otro extremo, que es la condena”.,

Hernán Espinoza

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