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Contundente fallo del Tribunal Oral de Talca

Caso Ex Prefecto: Jueces concluyen que coronel debió entregar detenido a la PDI

Sentencia leída ayer, finalmente, condenó a Eugenio de la Fuente a pagar dos multas que suman diez UTM, descartando con ello la suspensión del cargo público. Pero de igual forma, se notificará la condena a la Contraloría y al Registro Civil.

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 15 de Septiembre 2017

TALCA.- “El fiscal del caso dispuso expresamente que el detenido sea entregado por Carabineros a la Policía de Investigaciones (PDI), dando así una instrucción precisa para continuar con la investigación, la que conforme a las normas citadas, el encausado estaba impedido de calificar y solo debió cumplirla”.

Con esta asertiva conclusión, las tres juezas que integraron la primera sala del Tribunal Oral de Talca, echaron por tierra el principal argumento del coronel, Eugenio de la Fuente, ex prefecto de Carabineros de esta ciudad, para negarse a cumplir una instrucción y entregar un detenido a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

Dicho mandato fue formulado por el fiscal, Ángel Ávila, en el contexto de la investigación por un violento incidente registrado en agosto del año pasado, donde tres víctimas sufrieran lesiones graves, luego de que fueran baleados por el imputado, Alein Durán, aunque posteriormente una de ellas falleció en el hospital de Talca.

 

“ENTORPECIMIENTO”

Ocurre que el imputado fue inicialmente detenido por personal de la Tenencia Maule de Carabineros, en supuesto delito flagrante. Dicha acción policial fue cuestionada legalmente por el fiscal Ávila, quien para subsanar sus consecuencias jurídicas, gestionó una orden verbal del juez de turno del Juzgado de Garantía de Talca.

Esa orden debía ser cumplida por la PDI, pero los detectives recibieron literalmente un “portazo” en la Tenencia Maule, cuando el coronel, Eugenio de la Fuente, se constituyó para encabezar el procedimiento policial. En el juicio, el ex prefecto declaró que el fiscal no tenía facultades para ordenarle entregar un detenido.

Pero las juezas tuvieron una interpretación totalmente contraria, al sostener que “la propia ley señala que la responsabilidad en las instrucciones que se den durante el curso de la investigación, es del propio fiscal” y que, al actuar en contrario, el acusado incurrió “en un entorpecimiento para la correcta administración de justicia”.

 

DOS ATENUANTES

El tribunal también destaca que el acusado “impidió que se cumpliera lo mandatado por un tribunal a otra policía, relativo a detener a un sujeto y a que se realizaran diligencias que el fiscal estimaba conducentes para el esclarecimiento de los hechos, impidiendo con ello que este cumpliera con las funciones propias de su cargo”.

En términos prácticos, la sentencia leída ayer por la jueza, Cecilia Díaz, a cargo de su redacción, establece que como el acusado está beneficiado por dos circunstancias atenuantes, esto es, irreprochable conducta anterior y colaboración con la investigación, lo cual ameritó descartar la pena de suspensión de cargo público.

Así se dictaminó la sanción en el mínimo para el delito de denegación de auxilio, con dos multas que suman 10 UTM, junto a la notificación de la condena a la Contraloría General de la República y al Servicio de Registro Civil. En cuanto al delito de desacato, el tribunal absolvió al coronel, pero deja entrever que podría haber una “obstrucción” a la investigación.

 

  “No pueden desobedecer”

 

El fiscal jefe de San Javier, Oscar Salgado, quien investigó el caso criminal y lo llevó a juicio, manifestó su conformidad con la sentencia, destacando que “el dictamen valida la posición de la fiscalía en cuanto que normas constitucionales y legales encargan la investigación de las causas penales a los fiscales del Ministerio Público”.

“Las policías, como instituciones auxiliares del Ministerio Público para la investigación de un delito, no pueden desobedecer, cuestionar o calificar dichas instrucciones, solo deben cumplirlas, lo que ocurre también -por cierto- con la obediencia de dichos funcionarios públicos a las ordenes emanadas de los jueces”, añadió.

 

  “Decisión acertada”

La abogada, Grace Salazar, defensora particular del acusado, afirmó ayer que la decisión del tribunal de no aplicar la suspensión del cargo público al ex prefecto fue “acertada”. Pero, de igual forma, advirtió que “haremos un estudio acabado del fallo completo y, entonces, decidiremos si vamos a recurrir o nos conformamos”.

 

Hernán Espinoza

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