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Audiencia judicial se realizó ayer en Licantén

Caso Incendios: Fiscalía formalizó a segundo grupo de directivos de CGE por negligencia

Tres imputados -entre ellos, el gerente zonal, Juan Manuel Ortega- fueron sindicados por infracción a la ley de bosques; y otros dos por obstrucción a la investigación. Defensa no se opuso a las medidas cautelares, pero la empresa igualmente cuestionó las imputaciones

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 25 de Octubre 2017

LICANTÉN.- Con la presencia de medio centenar de víctimas se llevó a cabo ayer la segunda audiencia de formalización en el Caso Incendios, esta vez, respecto a dos aristas investigativas por los siniestros forestales de La Higuerilla y Ruta J-60, en las comunas de Vichuquén y Licantén, donde se destruyeron 7 mil 300 hectáreas.

El 5 de octubre pasado se realizó la primera de estas audiencias en la comuna de Curepto, donde se formalizó investigación a tres imputados por tres aristas investigativas, esto es, por los incendios forestales de Los Maquis, Higuerillas, Tabunco y El Molino, donde resultaron destruidas otras cuatro mil hectáreas.

En ambos casos judiciales, los imputados tienen labores directivas en la empresa CGE Distribución. La lista la encabeza Juan Ortega, gerente zonal de dicha compañía, contra quien la fiscalía sindicó cargos criminales como supuesto autor del delito de infracción a la ley de bosques en los seis incendios forestales.

 

FORMALIZADOS Y

CAUTELARES

Por el caso judicializado en Curepto se sumaron Pablo Loyola, jefe de mantenimiento; y Leonardo Sazo, supervisor de contratistas; todos los cuales quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en Carabineros. Ayer en Licantén, junto al gerente zonal, se agregaron otros tres imputados.

Se trata de Guillermo Gutiérrez -jefe de mantenimiento de la línea del distribuidor Vichuquén- y Juan Rojas Riffo, ex empleado de CGE, los tres por infracción a la ley de bosques. Le siguen Carlos Riquelme –también ex empleado de CGE- y Juan Rojas Riffo, ambos imputados por obstrucción a la investigación.

Para tres de los cuatro formalizados la fiscalía solicitó las mismas medidas cautelares, esto es, arraigo nacional y firma mensual en Carabineros. La única excepción fue Guillermo Gutiérrez con arraigo nacional. El juez, Marcial Taborga, del Juzgado de Garantía de Licantén, fijó en ocho meses el plazo de cierre de la investigación.

 

“DEBERES

REGLAMENTARIOS”

En la audiencia, realizada en el cuartel de Bomberos de Licantén, la parte acusadora estuvo a cargo del fiscal regional, Mauricio Richards, acompañado por los fiscales jefes, José Alcaíno y Oscar Salgado, de Licantén y San Javier, respectivamente, coordinadores para la zona norte y sur del Maule en el Caso Incendios.

La formalización fue por “descuido en el ejercicio de las funciones que efectivamente cumplen dentro de la organización empresarial, en relación a los deberes reglamentarios y legales del concesionario en materia eléctrica”. El fiscal Richards subrayó que los cuatro imputados incurrieron en actuaciones negligentes.

Para ello, recordó que la empresa debe dar cumplimiento a una serie de exigencias contenidas en la ley eléctrica, entre ellas, asegurar que exista una zona de seguridad de cinco metros en torno a los conductores que atraviesan zonas rurales, esto es, para que no exista riesgo que los cables se topen con ramas de árboles.

 

INSTRUCCIONES Y MULTAS

El Fiscal Regional detalló que desde el año 2016 en adelante, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) comenzó a poner énfasis en instruir a CGE para dar cumplimiento a dicha normativa, más aún, considerando que se advertían condiciones climáticas que favorecían los incendios forestales.

Precisó que en razón de sucesivos incumplimientos, la empresa fue sancionada con millonarias multas. Explicó que los peritajes realizados por Carabineros, la PDI y los Cuerpos de Bomberos, establecieron que los incendios de La Higuerilla y la ruta J-60 se debieron a la caída de árboles sobre los tendidos eléctricos.

Respecto al delito de obstrucción a la investigación, Richards indicó que los imputados “nos entregaron información que no era verídica, aunque el trabajo policial nos permitió aclarar cómo habían ocurrido los hechos”. También reiteró que están dispuestos a llegar a acuerdos que permitan compensar a las víctimas.

 

  Arista Conaf

El fiscal regional, Mauricio Richards, también fue consultado respecto a la solicitud de formalización de la investigación por cuasidelito de homicidio contra el jefe de la brigada Maqui 10 de Conaf, Emelino Valdivia, respecto al fallecimiento de tres brigadistas durante el incendio forestal de Las Cardillas en Vichuquén.

“Desde el inicio de la investigación, las personas sobrevivientes daban cuenta de una situación poco común, que era el combate en un sector de una pendiente muy fuerte y que no resultaba lo más adecuado. Es altamente que el combate no haya sido manejado de la manera que correspondía, con una inadecuada supervisión”, dijo.  Réplica de la empresa

Tal como ocurrió con la audiencia de formalización realizada en Curepto, ayer en Licantén los cuatro defensores particulares de los imputados –esto es, los abogados Miriam Báez, Alejandro Godoy, Rodrigo Aldonay y Leonardo Bataglia- tampoco se opusieron a las dos medidas cautelares que solicitó la fiscalía regional.

Pero luego, a través de un comunicado similar al que la empresa despachó por la audiencia de Curepto, CGE volvió a cuestionar la formalización como “infundada” y rechazó las medidas cautelares. “Tanto la empresa como sus trabajadores han estado a disposición para entregar todos los antecedentes requeridos.”, indicó.

 

Hernán Espinoza

 

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