Martes, 20 de Noviembre de 2018
Indicadores económicos UF: Dólar: Euro:

Calidad del aire

Intervalos Nubosos
Juzgado de Garantía declaró admisible la nueva acción legal

Caso Sence: CDE amplió querella contra dueño de empresa de capacitación Educer

Documento de la procuraduría fiscal de Talca también sindica por soborno a la personalidad jurídica cuyo gerente era Alexis Silva Delgado y donde la representante legal es su esposa

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 20 de Agosto 2017

TALCA.- El juez, Víctor Rojas, del Juzgado de Garantía de Talca, declaró admisible la ampliación de querella presentada por la procuraduría fiscal en esta ciudad del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en la investigación por cohecho y soborno contra empresarios y ex altos directivos del Servicio Nacional de Capacitación (Sence).

La formalización que realizó la Fiscalía en el Caso Sence se remonta a enero del presente año, donde el principal imputado es Enrique Alul, ex director regional del Sence; y Guillermo Bravo, ex jefe del programa de capacitación “Más Capaz”. Ambos fueron sindicados por recibir coimas de empresarios privados.

Se trata de Alexis Silva Delgado, gerente de la empresa Educer Limitada, quien fue sindicado bajo el delito de soborno. La formalización de la Fiscalía de Talca sostiene que Alul habría recibido 13 millones y medio de pesos; mientras que Bravo habría sido beneficiado con pagos que suman tres millones de pesos.

 

AMPLIACIÓN DE PLAZO

La imputación que realizó la Fiscalía apunta a que a cambio de estos pagos, Alul y Bravo habrían realizado gestiones contrarias a la probidad administrativa, cuyo resultado fue que Educer Limitada pasó de administrar 4 a 95 proyectos de capacitación, en apenas dos años, con una millonaria asignación de fondos.

Luego de la audiencia, el CDE presentó una primera querella contra Alul y Bravo, excluyendo a Alexis Silva por cuanto no tiene calidad de ex funcionario público. Pero ahora la procuraduría fiscal optó por ampliar dicha querella, tanto contra el gerente de Educer y la propia empresa como personalidad jurídica.

Ello atendido que en fecha reciente, la Fiscalía presentó cargos por soborno contra Paola Bertrand, esposa de Alexis Silva y representante legal de Educer Limitada. Un dato anexo es que a principios de presente mes, por acuerdo de las partes en litigio, se decidió ampliar el plazo de cierre de la investigación en cinco meses.

 

“DEBERES DEL CARGO”

Según la ampliación de querella del CDE, el imputado, Alexis Silva, habría ofrecido o bien consentido en dar “a los funcionarios públicos Enrique Alul y Guillermo Bravo, quienes solicitaron o aceptaron recibir un beneficio económico con infracción a los deberes de sus cargos, entre ellos, el de respetar el principio de probidad”.

“La comisión del delito de cohecho por parte del gerente general de la empresa Educer Limitada benefició directamente a la persona jurídica, representada legalmente por Paola Bertrand, al obtener la adjudicación de los proyectos de capacitación mediante el soborno de los dos funcionarios públicos imputados”, añade.

El documento agrega que “la comisión del ilícito fue consecuencia del incumplimiento, por parte de la empresa imputada, de sus deberes de dirección y supervisión, por cuanto no adoptó las medidas idóneas de prevención de delitos a su interior o un modelo de prevención, sin dar cumplimiento a los referidos deberes”.

 

 

  Habla querellante

 

Fernando Leal, abogado y candidato a diputado por Talca que tiene calidad de querellante en esta investigación, comentó ayer que “nos parece positivo que el CDE se haga parte, porque acá estamos hablando de delitos que afectan la probidad pública y que involucran a funcionarios públicos que tuvieron altos cargos”.

“Esperamos que esta investigación permita identificar a todos los que están involucrados. Tenemos a algunas personas formalizadas, pero puede haber otros. No nos parece casual que la empresa haya tenido este comportamiento. Aquí hubo actores políticos que pueden haber influido para beneficiar a Educer”, añadió.

Leal subrayó que “en la carpeta investigativa de la Fiscalía constan antecedentes de personas con cargos políticos en el actual gobierno que fueron relatores de esta empresa. Por lo mismo, todo eso hay que aclararlo hasta las últimas consecuencias, para que estos abusos y delitos no sigan ocurriendo en el Estado”.

 

Hernán Espinoza

Volver

Comentarios