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Confirman la prisión preventiva de Cristian Hurtado Preisler

Caso TER: Fiscalía estimó que dinero sustraído por el secretario relator aumentó en cien millones

Defensa particular anunció que presentará un recurso de amparo a favor del detenido, luego de revelar informes médicos que acreditan que sufre una cardiopatía y depresión con ideaciones suicidas

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 13 de Abril 2016

TALCA.- A una cifra estimada en 352 millones de pesos llegan ahora las pérdidas económicas que afectaron al Tribunal Electoral Regional (TER) del Maule cuando el abogado Cristian Hurtado Preisler, se desempeñó en el cargo de secretario relator titular, tomando en cuenta los antecedentes desde el año 2010 hasta octubre del 2015.

Así lo reveló ayer el fiscal, Héctor de la Fuente, quien tiene “dedicación preferente” para investigar este caso de malversación de fondos públicos, en la audiencia de revisión de prisión de preventiva de Hurtado Preisler. La medida cautelar fue confirmada por el juez (s), Eduardo Domínguez, en el Juzgado de Garantía de Talca.

Durante las dos horas y media que se prolongó la discusión, el fiscal explicó que en fecha reciente tuvo acceso a la contabilidad del 2013 y 2014 en el TER, estimando que en ambos años el dinero sustraído alcanzó a 100 millones de pesos. La cifra se suma a los 252 millones que se calcularon como pérdidas para el 2010, 2011, 2012 y parte del 2015.

 

NOTIFICACIÓN

DE DESPIDO

La audiencia fue solicitada por la nueva defensa particular del imputado, por lo cual, los primeros en exponer fueron los abogados Mauricio González e Iván Gómez. El primero destacó que la prisión preventiva no es la única medida cautelar que asegure los fines de la investigación y propuso tres alternativas al tribunal.

Se trata del arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las oficinas del TER. En este último caso, el defensor afirmó que se trata de una acción solo preventiva, por cuanto el 22 de marzo pasado se notificó a Hurtado Preisler que fue despedido por infracción a la probidad administrativa.

Por su parte, Iván Gómez presentó tres informes médicos elaborados por un cardiólogo, un psiquiatra y una psicóloga. En ellos se concluye que el imputado está aquejado por una cardiopatía y una severa depresión con ideaciones suicidas. Destacó que si continúa en prisión en la cárcel puede sufrir un nuevo ataque cardiaco.

 

REGLAMENTO PENITENCIARIO

En contraparte, el fiscal explicó que los exámenes médicos con especialistas en cardiología están fechados el 2014 y que la última intervención médica fue en abril del 2015, destacando que el imputado y su defensa no han entregado esos antecedentes a Gendarmería para que se disponga un tratamiento médico.

Pero, igualmente, dijo que el médico particular del detenido confirmó la arritmia ventricular, con receta de ansiolíticos, además de una psicoterapia por problemas de relaciones interpersonales y depresión. Explicó que para estos fines, en el reglamento penitenciario existe un procedimiento para atender a los detenidos con problemas de salud.

Por su parte, el abogado Roberto Rojas, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), sostuvo que no habían variado la circunstancias en que se decretó la prisión preventiva el pasado 16 de marzo, en especial, porque la defensa no cuestionó la existencia del delito y tampoco la participación del imputado en los hechos investigados.

Hernán Espinoza

 

Reacciones

Mauricio González, abogado defensor: “La fiscalía basa sus cargos en la declaración de otros coimputados que dicen que mi cliente -como jefe administrativo del TER- era quien hacía las compras. Pero sucede que quienes rendían los gastos eran estos sujetos y mi defendido lo que hacía era confiar en estas personas”.

Héctor de Fuente, fiscal de Talca: “Contamos con nuevos antecedentes que aumentan las pérdidas aproximadamente en otros cien millones y que se sumarían a los 252 millones que ya fueron establecidos. Además, se va a formalizar a otros imputados, la que estimamos que puede quedar programada para mayo próximo”.

 

Nuevos imputados

En una reciente solicitud, el fiscal, Héctor de la Fuente, solicitó audiencia judicial para formalizar a otros cuatro imputados: Patricio Navarro, oficial primero del TER, junto a José Díaz, oficial de sala, como autores de malversación de fondos públicos; más Roberto Díaz, ingeniero informático, y Héctor Carrasco, contratista, como cómplices por el mismo delito.

 

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