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Los hechos se remontan al año 2015 y ocurrieron en Curicó

Confirman sentencia que condenó al Estado por negligencia policial

Sentencia se respalda en un sumario administrativo en Carabineros que sancionó a dos funcionarios policiales por no investigar un accidente y tampoco identificar al responsable.

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 04 de Noviembre 2018

TALCA.- “La negligencia acreditada implicó que no se contó con antecedentes necesarios para que el actor pudiese concurrir ante los organismos judiciales pertinentes, a fin de establecer las responsabilidades que a cada participante del accidente le cupo en los hechos y, como consecuencia de ello, ejercer los derechos que le ley le franquea, en especial, reclamar la responsabilidad civil que le pudiese corresponder al conductor del segundo móvil”.


En estos términos, hace poco más de un año, el juez (s) del Primer Juzgado de Letras de Talca, Juan Marcelo Bruna, dictaba sentencia condenando al Estado de Chile a pagar una millonaria indemnización a la víctima de un inédito caso de negligencia policial, consistente en que dos carabineros simplemente no adoptaron ningún procedimiento investigativo para aclarar un accidente de tránsito e identificar al responsable.


Dicho criterio judicial fue recientemente confirmado por la Corte de Apelaciones de Talca, cuya segunda sala -en fallo unánime, aunque con una prevención- rechazó los recursos de apelación y casación, presentados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que representó legalmente a la institución de Carabineros de Chile, por cuanto la demanda fue dirigida en contra del Fisco. De todas formas, a la fecha, todavía existe plazo legal para que el CDE eventualmente recurra ante la Corte Suprema.

 

COLISIÓN DEL TAXI
Según indica la demanda y tal como lo ratifican las dos sentencias posteriores, los hechos en cuestión se remontan al 15 de abril del año 2015, cuando Jose Gerardo Rojas viajaba en su motocicleta por la ciudad de Curicó, con destino a a las calles Manso de Velasco con Estado, para reunirse con un grupo de ex colegas de trabajo. Sin embargo, se encontró con una importante congestión de tránsito que lo obligó a pasar por el costado de los automóviles detenidos en el taco.


En ese momento, cuando llegaba hasta la esquina de las calles Membrillar con Estado, un taxi colectivo que viajaba por Membrillar no se detuvo ante una señalización de ceda el paso y colisionó la motocicleta. Para no recibir el impacto de frente, José Rojas tuvo que soltar la moto y tirarse hacia atrás. El resultado fue que cayó al suelo con todo el peso de su cuerpo sobre el hombro derecho, lo cual le provocó una quebradura de clavícula, rotura del omóplato y una costilla.
Estando en esa condición, la víctima señaló que le acercó el conductor del taxi, quien le habría reconocido que no vio la señal de tránsito. A continuación, llegó al lugar una patrulla de Carabineros, momento en que uno de los policías fue a conversar con el taxista y otro le preguntó lo que había pasado. Lo más extraño ocurrió cuando se le acercó a la víctima una sargento de Carabineros, quien lo increpó a viva voz señalando que estaba ebrio, lo cual no era verdad.

 

SIN CÁMARAS
La víctima agregó que en el hospital estuvo rodeado de carabineros, entre ellos, otro sargento, sin que nadie le tomara su nombre o su declaración. Al final, abandonó el hospital, pero fue citado a controles médicos, perdiendo su trabajo en una empresa minera debido a las licencias médicas. Así cuando buscó que la fiscalía de Curicó investigara los hechos, descubrió que los carabineros no registraron los datos del chofer del taxi y que también se perdieron las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales, por la demora del personal de la SIP en realizar esa diligencia, aunque había orden de la fiscalía.
Todo ello lo motivó a presentar una demuncia ante la Prefectura de Carabineros de Curicó, en octubre de ese mismo año, exigiendo un sumario administrativo en contra de dos sargentos segundos que se vieron involucrados en la grave negligencia. El resultado fue que, un mes después, dichos oficiales fueron sancionados con medidas disciplinarias por “omisión inexcusable de sus obligaciones profesionales” y “desprestigio a la institución”.


Por todo ello, la víctima presentó una demanda civil contra el Estado. En primera instancia, recibió una indemnización de cinco millones 591 mil 755 pesos por daño moral y lucro cesante, lo cual fue ratificado por la Corte de Apelacioners de Talca.


Hernán Espinoza

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