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Puede confirmar o revocar orden de demolición

Corte alista fallo por edificio del ex Club de la Unión

Ante la tercera sala se presentaron alegatos de los abogados de la empresa propietaria del inmueble y, como contraparte, de un representante legal de la Municipalidad de Curicó

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 04 de Agosto 2016

TALCA.- En estado “de acuerdo”, es decir, para redacción de la sentencia, quedó ayer el caso civil que tiene enfrentados a la empresa propietaria del edificio del ex Club de la Unión de Curicó y a la municipalidad de dicha comuna, luego que la autoridad edilicia emitiera un decreto de demolición de la centenaria propiedad.

Se trata de un recurso de protección entablado por el abogado, Alberto Herrera, a nombre de la empresa Agrícola F y C Compañía Limitada. La acción legal motivó a la Corte de Talca a decretar una “orden de no innovar” que paralizó los efectos prácticos del decreto de demolición y que se mantiene vigente a la fecha.

Al respecto, el abogado Herrera fue el primero en realizar su alegato ante el tribunal de alzada, donde solicitó anular el decreto municipal, por cuanto la municipalidad no cumplió con el requisito legal de consultar previamente al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), ya que el edificio se encuentra en una “zona típica”.

 

INFORMES

CONTRAPUESTOS

El recurrente sostuvo que cuenta con un informe técnico del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que concluye que el edificio puede ser reconstruido. En contraparte, el abogado de la Municipalidad de Curicó, Darío Fernández, recordó que el recinto sufrió daños por el terremoto del 27/F y un posterior incendio.

También sostuvo que para dictar la demolición, la municipalidad tuvo a la vista tres informes de la Dirección de Obras Municipales (DOM) que concluyeron en un riesgo de derrumbe que, además, pone en peligro a los transeúntes, ya que el edificio se encuentra frente a la Plaza de Armas y al lado de un recinto universitario.

Consultado por el ministro, Vicente Fodich, el abogado Fernández reconoció que la municipalidad no consultó al CMN antes de ordenar la demolición. Los alegatos fueron seguidos atentamente por los ministros, Olga Morales y Vicente Fodich, junto al abogado integrante de la segunda sala, Ricardo Herrera.

 

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