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Fallo unánime revirtió sentencia que había rechazado la demanda

Corte de Talca ordenó pagar 100 millones a esposa e hijo de detenido desaparecido

Se trata de los familiares de Jaime Bernardo Torres Salazar, de profesión periodista, militante del MIR y que tenía apenas 21 años, cuyo rastro se perdió el 16 de septiembre de 1973

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 22 de Mayo 2018

TALCA.- En fallo unánime y haciendo aplicación de tratados internacionales de derechos humanos, la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Talca acogió una demanda civil presentada por la esposa y el único hijo de un detenido desaparecido, víctima de la acción de agentes del Estado tras el golpe militar de 1973.


Se trata de Jaime Bernardo Torres Salazar, de apenas 21 años, obrero y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de la ciudad de Constitución. Su detención fue el 16 de septiembre de 1973, según una investigación que estuvo a cargo del ministro, Alejandro Solís, de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Allí se concluyó que la detención de este joven padre de familia se registró en la ciudad de Cauquenes, sin orden judicial, por parte de personal de Carabineros e Investigaciones. Tras ello, fue trasladado a la Segunda Comisaría de Carabineros de Constitución, por parte del gobernador militar de dicha ciudad Juan Morales Salgado.

 

“DESAMPARO EMOCIONAL”
Desde esa fecha en adelante, el paradero de la víctima es totalmente desconocido. Por estos hechos, el ministro Solís dictó sentencia condenatoria contra Morales Salgado por el delito de secuestro calificado, sanción que fue confirmada por la Corte Suprema, con la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo.
La demanda civil fue presentada por Juana María Soto Lastra, cónyuge de Jorge Yáñez Olave, quien –según explica la acción legal- al desaparecer su marido “intentó por todos los medios encontrarlo siguiendo cualquier pista que le fuera entregada, nunca más volvió a ver a su marido, quedando en el más completo desamparo emocional y económico.
Añade que el hijo de este matrimonio, Cristian Leonardo Yáñez Soto, tenía apenas seis años al momento de la detención de su padre, con quien “mantenía una estrecha relación, pues le brindaba una estabilidad emocional y económica que se acabó el mismo día en que desapareció”, sufriendo graves secuelas psicológicas.

 

PRIMERA INSTANCIA
La acción legal subraya que madre e hijo fueron discriminados, por cuanto Jorge Yáñez era conocido por su trabajo de periodista en Linares. “Cabe hacer presente que Cristian Yáñez, al igual que muchos de los hijos de detenidos desaparecidos, debió sufrir todo el dolor de haber crecido sin una figura paterna presente”.
En su parte petitoria, la demanda exige la reparación pública del daño causado a la familia de la víctima, además de una indemnización por daño moral de 200 millones de pesos para cada uno delos demandantes. Pero en sentencia de primera instancia, el Cuarto Juzgado de Letras de Talca rechazó esta acción legal.
En síntesis, este fallo acogió la excepción de pago opuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), teniendo por pagada la indemnización que se pide para Juana Soto. Y respecto a Cristian Yáñez, la misma sentencia declaró prescrita la acción de responsabilidad civil pecuniaria, rechazando en todas sus partes la demanda.


“REPARACIÓN”
Al respecto, el fallo de la Corte de Talca -citando tratados internacionales y leyes internas- subraya que “el daño moral causado por la conducta il cita de los funcionarios o agentes del Estado, autores del secuestro calificado de Jorge Bernardo Yáñez Olave, debe ser indemnizado por el Estado, ya que así lo disponen las normas de derecho”.
“El hecho que los demandantes hayan sido favorecidos con beneficios económicos del Estado es una forma de reparación colectiva complementada con la reparación material del daño moral sufrido por las víctimas como consecuencia de la comisión de un delito, independiente de la época de ocurrencia de losé hechos”, añade.
Así el dictamen definitivo ordena al Estado pagar tres insertos en un diario de Talca publicando el fallo de la Corte Suprema en materia penal; y en el fondo, dispone el pago de una indemnización de 100 millones de pesos a cada uno de los demandantes, reajustada al IPC, además de cancelar las costas para las defensas legales de las víctimas.


Hernán Espinoza

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