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Alegatos se realizaron ayer en la primera sala

Corte dejó en “estudio” fallo por sanción del Minvu a Constructora Independencia

Ante el máximo tribunal regional se presentaron cuatro abogados, entre ellos, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y un representante legal del Comité Habitacional Santa Ana

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 22 de Septiembre 2017

TALCA.- En “estudio”, es decir, sin que todavía exista un acuerdo para dictar sentencia, quedó ayer la causa civil donde se resolverá un recurso de protección que cuestiona la legalidad de una resolución sancionatoria, decretada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda en contra de la Constructora Independencia.

Se trata de la exclusión de dicha empresa desde el listado de contratistas autorizados para llevar a cabo conjuntos habitacionales de casas sociales financiados por el Estado. La medida fue decretada por el ex seremi de Vivienda, Rodrigo Sepúlveda, por supuestas fallas graves en la ejecución de proyectos de “Fachada Continua”.

Se trata de casas de adobe que se derrumbaron o sufrieron daños estructurales debido al terremoto del año 2010, cuyos residentes fueron beneficiados con un subsidio de poco más de 500 UF. Ello permitió construir una nueva vivienda, de 40 metros cuadrados, en sitios propios de las familias damnificadas.

 

“COMPLOT

COMERCIAL”

Como respuesta a la medida sancionatoria, la empresa entabló un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Talca, exigiendo que el decreto sea dejado sin efecto por ilegal y arbitrario. Se sumó una querella por prevaricación y una apelación que se encuentra pendiente en el nivel central del Ministerio de Vivienda.

Al respecto, el abogado, Alberto Herrera, a nombre de la constructora, afirmó ayer en su alegato ante la Corte, que la empresa sufrió pérdidas por 400 millones de pesos con el polémico proyecto, agregando que las fallas se deben a errores en el diseño y especificaciones técnicas del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).

Herrera subrayó que la sanción equivale a la “muerte de la constructora en materia de viviendas sociales” e interpretó la medida como un “complot comercial” en contra de la empresa. Una opinión similar manifestó el abogado, Guillermo Monsalve, quien presentó alegatos como representante del directorio de la constructora.

 

FALLAS

ESTRUCTURALES

En contraparte, el Ministerio de Vivienda fue representado por el abogado, Patricio Muñoz, de la procuraduría fiscal en Talca del Consejo de Defensa del Estado (CDE). En su exposición, sostuvo que existen peritajes que acreditan que la empresa habría incurrido en fallas y errores inexcusables en la construcción de las casas.

Muñoz, subrayó que no se unieron los paneles de fibrocemento, y que el hormigón utilizado era de mala calidad, añadiendo que actualmente el Serviu del Maule está gestionando un subsidio especial para reconstruir estas casas, con un valor individual de 800 o 1.000 UF, es decir, el doble del costo original por vivienda.

A su vez, el abogado, Moisés López, a nombre del Comité Habitacional Santa Ana, sostuvo que desde  el primer invierno las casas presentaron filtraciones y humedad, quedando inhabitables. También afirmó que se detectaron fallas graves en el alcantarillado y en la nivelación de los suelos de los terrenos intervenidos.

Hernán Espinoza

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